Desde el Ministerio Püblico informaron este viernes que la agente fiscal Yeimy Adle, especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó imputación contra un ciudadano brasileño de 34 años, representante legal de la firma Salto Diamante S.A., de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

“Es en el marco de la causa que investiga sobre la supuesta comisión del hecho punible de evasión de impuestos y producción de documentos no auténticos”, aclararon desde la Fiscalía.

Mediante los datos colectados, según la investigación fiscal, el 13 de agosto de 2024 el sospechado habría presentado ante la administración tributaria facturas presumiblemente falsas.

“Dichos documentos habrían sido utilizados para respaldar créditos fiscales del IVA correspondientes a febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2023, así como costos y gastos del IRE del mismo año, obteniendo presuntamente un beneficio impositivo indebido al evadir el pago de G. 1.600.307.708 en impuestos”, informaron.

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Según indicaron, la conducta del hoy investigado se subsumiría en el tipo legal de producción de documento no auténtico, previsto y penado en el artículo 246, inciso 1º, en la modalidad de uso; así como también, en el tipo legal de Evasión de impuestos, conforme a lo establecido en el artículo 261, inciso 1″, ambos del Código Penal; en concordancia con el artículo 29, inciso 1º del mismo cuerpo legal.

Tras la presentación de los documentos, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal la notificación correspondiente al imputado, de conformidad a lo establecido en los artículos 301, inciso 6) y 303 del Código Procesal Penal

Finalmente, también expusieron que debe señalarse la fecha en la cual se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 347.

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Durante un operativo de entrega vigilada realizada hoy viernes a la tarde, una comitiva fiscal-policial, encabezada por el agente fiscal Federico Delfino, se procedió a la detención del jefe de Clínica Médica Forense del Ministerio Público, por un caso de presunta extorsión a un funcionario de esa misma dependencia.

El hecho se registró en la parte trasera de un conocido shopping de Asunción y en la ocasión los intervinientes detuvieron a Juan José Saldívar, responsable de la Clínica Médica Forense de la Fiscalía, quien no opuso resistencia en el momento de la aprehensión.

El fiscal Delfino dijo en la 1020 AM que Saldívar había pedido a un funcionario suyo la entrega de 15 millones de guaraníes, billetes que previamente fueron fotocopiados para convalidar el procedimiento.

“Saldívar fue detenido por un posible caso de extorsión a uno de sus funcionarios, quien a su vez habría encubierto una supuesta falta administrativa en la institución”, afirmó el fiscal Delfino.

La investigación continua en curso. En las próximas horas, Saldívar sería imputado por la Fiscalía.

El jefe forense también sería funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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El Tribunal de Apelación ratificó la admisión de la imputación por lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sud­americana de Fútbol (Con­mebol), que apunta a recupe­rar al menos USD 15 millones que el fallecido empresario Nicolás Leoz desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.

“Significa que formalmente está confirmada su vincula­ción al proceso penal y se dis­cute la necesidad de dispo­ner otras medidas cautelares para asegurar el avance del proceso”, indicó el abogado Claudio Lovera, represen­tante legal de la Conmebol, a la 1000 AM.

“Esto implica que realmente el proceso cumple con los estándares previstos en la ley, es una sospecha razo­nable, fundada y se cumplió en comunicar la sospecha a la persona imputada, enton­ces estamos ante un proceso regular que está en su marco de avance en la investigación”, explicó Lovera en otra entre­vista con la 1020 AM.

Una vez que el expediente retorne al juzgado, el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú, deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cau­telares. En dicha diligencia se determinará si Zaldívar liti­gará en libertad o bajo medi­das restrictivas.

“El Ministerio Público requi­rió de medidas cautelares para garantizar su someti­miento al proceso y que el caso avance. El juzgado debe convocar a una audiencia en donde se analizará esta pre­tensión y los argumentos de la defensa para definir qué medidas cautelares considera pertinentes”, dijo el abogado.

En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tun­holi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fidei­comiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones. En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodís­ticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órga­nos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos rela­cionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denomi­nado FIFA-Gate.

El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, destituido por corrupción, logró suspen­der de nuevo su audiencia pre­liminar recusando al juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú, en el marco del caso Tajy. El líder del Partido Yo Creo, imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, suma así otra chicana.

La audiencia se encontraba fijada para ayer y hoy, donde se debía resolver si la causa se eleva a juicio oral y público. El Minis­terio Público refiere que, el 11 de junio de 2020, la administra­ción de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa provee­dora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, cons­tituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.

“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comi­sión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, apro­vechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administra­dor de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.