En el marco del juicio oral y público que enfrenta Arnaldo Giuzzio, exministro adbista por cohecho pasivo agravado por recibir favores del presunto narco Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, el Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathias Garcete decidió admitir como prueba los datos extraídos de dos teléfonos celulares del pez gordo del narcotráfico, Lindomar Reges Furtado, que podría cambiar el escenario jurídico del exsecretario de Estado.
Asimismo, los jueces resolvieron que declare vía telemática Marcus Vinicius Espíndola. Para lograr la declaración del hoy detenido en Brasil, se solicitará la cooperación de las autoridades del Brasil.
Del mismo modo, los magistrados tomaron la determinación de rechazar los incidentes propuestos por la abogada del exministro del Interior Giuzzio, quien solicitó la nulidad de la acusación presentada por el Ministerio Público y la exclusión de algunas pruebas, entre ellas los datos extraídos de los teléfonos incautados a Lindomar Reges Furtado.
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Los mensajes extraídos del celular de Reges Furtado podrían revelar conexiones que pudo tener Giuzzio en su momento cuando el mismo ocupaba una de las principales carteras del Estado, lo cual podría agravarse su situación procesal.
Los datos extraídos de uno de los móviles ya se encuentran en poder del Juzgado a cargo del juez Osmar Legal, mientras que los del segundo aún permanecen en Brasil.
La jueza Planás explicó que el Ministerio Público sustentó de manera adecuada los argumentos para solicitar la incorporación de las pruebas solicitadas, en el afán de búsqueda de la verdad, sin considerar que las mismas podrían acarrear una violación de las garantías constitucionales o procesales.
El juicio oral contra Arnaldo Giuzzio seguirá el próximo viernes 6 de marzo, a las 08:00, en el Palacio de Justicia de Asunción.
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Crimen de Kanazawa: solicitan la extracción de datos de los teléfonos celulares
En el marco de las investigaciones que se realizan para esclarecer el crimen del exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Félix Kanazawa, la Fiscalía solicitó que la extracción de datos de los teléfonos celulares de la víctima y de los imputados. El fiscal indicó que hasta el momento no hay indicios de que el crimen haya sido por encargo.
Según el fiscal Ever García, los imputados Remigio Rubén Llano López, personal militar y Óscar Darío Zacarías Maciel, tendrían un relacionamiento, por lo que solicitó la extracción de los teléfonos celulares.
“Creemos que existe un vinculo entre el personal militar y el civil, por lo que ya se había solicitado varias diligencias, entre ellas las extracción de datos de los celulares. Esto nos va a dar a conocer si existió o no un tipo de relación entre ambos”, indicó García, en entrevista con el programa “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Indicó que también se solicitó la pericia del celular de la víctima para saber qué tipo de contactos previos tuvieron antes del crimen. “La extracción también es para saber si hay o hubo un tipo de relación de un tiempo atrás, casual o cualquier otro tipo de elementos que nos puedan indicar cuál fue el móvil del crimen”, manifestó.
Afirmó que de hasta el momento se trata de un caso de homicidio doloso y la hipótesis de que fue un crimen por encargo se descarta. “No hay indicios de que haya sido por encargo o sicariato. El trabajo de la Fiscalía es aclarar si se trató de un crimen por encargo o pasional”, puntualizó.
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Antecedentes
Kanazawa salió de su vivienda ubicada en San Lorenzo en la madrugada del 7 de febrero y, según imágenes del circuito cerrado, abordó su vehículo junto a un hombre, quien se presume sería Remigio Rubén Llano López, personal militar y presunto autor del homicidio.
El cuerpo de la víctima fue hallado el 9 de febrero, pero recién el viernes 13 se realizó la denuncia de la desaparición del exdirector de la Dinac. El domingo 15 se confirmó que el cuerpo encontrado era del hombre y se realizó la exhumación para la autopsia, ya que fue enterrado en el cemento de San Pedro del Paraná.
La necropsia por la que se realizó el examen médico minucioso, se determinó que Kanazawa murió por un shock hipovolémico por herida de arma blanca a la altura del cuello. Las autoridades detuvieron a Óscar Darío Zacarías Maciel, quien habría realizado compras en Ciudad del Este utilizando el teléfono del extitular de la Dinac.
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Juicio de Giuzzio, a la sombra de la conexión Marcus-Lindomar
El juicio del exministro abdista de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, por su presunto nexo con el criminal brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, será el próximo 17 de febrero. Este supuesto narco fue el objetivo de la Operación Turf, desplegada el 15 de febrero de 2022 en Paraguay y Brasil, al igual que Lindomar Reges Furtado, quien había logrado fugarse, señalado como el “rey de la cocaína” y vinculado con el prófugo uruguayo Sebastián Marset, según la investigación brasileña.
La investigación paraguaya develó chats entre Giuzzio (quien entonces ejercía el cargo de ministro del Interior) y Espindola desde julio de 2021 hasta febrero de 2022, incluso a horas de la captura del segundo en Brasil, con un llamativo mensaje sobre el pago pendiente por la reparación de una camioneta, por lo que el brasileño supuso que el ministro se había equivocado de “Marcus”.
En tanto, el esquema de Marset estaba en la mira de la Operación Smart, que inició en mayo del 2021 y descubrió que Reges operaba para la misma organización criminal. Smart y Turf derivaron en la Operación A Ultranza Py, lanzada el 22 de febrero de 2022. Giuzzio encabezó la Senad entre agosto de 2018 y el 22 de enero de 2021, cuando pasó a Interior; y fue reemplazado por Zully Rolón, su mano derecha en el ente antidrogas, quien seguía en el cargo cuando se realizó Turf.
En su fuga desde un barrio privado de Hernandarias, Reges dejó un teléfono iPhone que fue incautado en el marco de la Operación Turf. El 14 de abril de 2025, el juez Osmar Legal autorizó a la Fiscalía paraguaya extraer los datos del aparato telefónico, a pedido del agente fiscal José Martín Morínigo. Mientras que Reges fue atrapado dos meses antes, el 2 de febrero de 2025, en un condominio ubicado en un barrio lujoso de Rio de Janeiro, en Brasil.
Dicha detención propició que el Ministerio Público solicitara que se incluyeran como prueba los datos extraídos del celular de Reges, en la apertura del juicio de Giuzzio, el 4 de marzo de 2025, que, sin embargo, fue interrumpido por nuevas chicanas presentadas por la defensa del procesado. Estos recursos procesales se destrabaron en octubre de 2025 y se fijó el juicio para los próximos 17 y 18 de febrero de 2026.
“Se trata de una extracción realizada en Brasil y solicitamos la obtención de datos de los teléfonos incautados de Lindomar Reges Furtado. Nosotros creemos que existe información que podría valorarse dentro del marco de este juicio”, comentó el fiscal Jorge Arce a Nación Media, en marzo del año pasado, sobre el requerimiento realizado a la justicia brasileña vía exhorto y planteado ante el tribunal de sentencia, que no se analizó al suspenderse la audiencia. Se sospecha que Giuzzio recibió obsequios por parte de Reges Furtado y que habría colaborado en su fuga.
El amigo de Marcus
En la investigación brasileña, la Fiscalía de Río de Janeiro señaló que Gianina García Troche, pareja de Marset, habría formado parte de una operación de lavado de activos a favor de Lindomar Reges Furtado, en la compra de propiedades de lujo para ocultar que a su beneficiario. La uruguaya (recluida en la cárcel militar Viñas Cue de Paraguay) es nombrada junto a Stella Maris Duarte Pereira, hermana de la pareja de Furtado, en el traspaso de un inmueble en el Condominio Solar Das Crisalidas de Foz de Yguazú (Brasil), que término en un contrato de arriendo a favor de Lindomar.
Reges solía frecuentar la empresa Black Eagle Group SA (nombre comercial de Ombú SA), encargada de fabricar vehículos blindados de alta gama en Ciudad del Este y que pertenecía a Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, según la declaración a la fiscalía de Gilberto Enciso, en su carácter de gerente de la mencionada firma: “Lo conozco de vista porque solía frecuentar la empresa, junto a Marcus. Lo habré visto en dos o tres oportunidades, no se iba muy seguido. Era amigo de Marcus porque cliente nuestro no era”.
También Marset fue visto en el mismo local, que también visitaría Giuzzio para que Enciso le entregara un vehículo prestado a título gratuito por Marcus para realizar un viaje a Brasil, en diciembre de 2021. “De vista lo conozco, no tengo relaciones con él. Fue a la empresa una o dos veces junto a Marcus, pero el sí se llevó un vehículo de la marca Ford Raptor, color blanco para blindar. Creo que fue a finales de 2020”, comentó el gerente sobre la presencia del narco uruguayo buscado en la causa A Ultranza Py.
El “arco libre”
Según el acta de imputación por cohecho pasivo agravado (soborno), Giuzzio, en su carácter de ministro del Interior, mantuvo varios encuentros con Vinicius, en aquel entonces administrador de las empresas Black Eagle Group SA y Ombú SA, del rubro de blindaje para vehículos y elementos de protección, y habría recibido favores a cambio de direccionar algunas licitaciones para sus productos en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Así, en diciembre de 2021, amparado por Giuzzio, el empresario brasileño presentó equipos tácticos en la sede de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fuerza de Operaciones Policiales Especiales).
La gestión de Giuzzio ten la Senad también se vincula con el “arco libre” al narcotráfico, debido a que firmó una resolución en mayo del 2020 que eliminaba la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), responsable de los controles en los puertos del país, en cuando en Europa comenzaban a duplicarse cifras de decomisos de toneladas de cocaína enviadas desde Paraguay.
Precisamente, las operaciones Smart, Turf y A Ultranza Py identificaron a una estructura criminal que operaba en Paraguay para traer drogas desde Bolivia y Colombia con destino a puertos brasileños, desde donde se enviaban a Europa. La droga se introducía en contenedores para su exportación, utilizando una exportación legítima, principalmente cargamentos de frutas o pintura, para enviar la droga al extranjero.
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Pedirán inclusión probatoria en juicio a Arnaldo Giuzzio
A las 8:30 del próximo miércoles 18 de febrero se fijó el juicio oral y público del exministro abdista Arnaldo Giuzzio, acusado de supuesto cohecho pasivo agravado (coima), por recibir presuntamente favores del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua; marco en que el Ministerio Público podría solicitar una inclusión probatoria de otro presunto vínculo narco del acusado con Lindomar Reges Furtado, detenido en Brasil.
En marzo de 2025, los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce habían solicitado al inicio de la causa que se libre exhorto a la Justicia de Brasil para acceder íntegramente a las conversaciones por chat que mantuvieron Giuzzio y Reges, según reveló un peritaje de la Policía Federal al teléfono del brasileño que se había fugado de la operación Turf, en febrero de 2022 en Hernandarias (Alto Paraná), y fue capturado en Río de Janeiro (Brasil), en febrero de 2025.
El año pasado, el inicio del juicio se había suspendido debido a una serie de chicanas que presentó la defensa del exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, entre agosto de 2018 y febrero de 2022, integrando el gabinete del gobierno de Mario Abdo Benítez. Hasta el momento no se presentó ningún pedido de suspensión del juicio, reportó el periodista de judiciales de Nación Media a través del programa “Arriba hoy” por el canal GEN y Universo 970 AM.
Pese a la suspensión, el Ministerio Público impulsó el pedido de informe como acto investigativo y aparentemente ya tendría en su poder la desgrabación de las conversaciones obtenidas del teléfono de Reges, que podría disponerse para el Tribunal de Sentencia, que preside la magistrada Adriana Planás preside.
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Extitular del Indert seguirá en prisión pese a orden de libertad en caso de tierras de Alto Paraguay
El Tribunal de Sentencia de feria, por mayoría, otorgó la libertad ambulatoria a Ignacio Luis Ortigoza, extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Aunque está procesado por lesión de confianza en este caso, el exsecretario de Estado permanecerá en prisión debido a que enfrenta otras causas penales con medidas de prisión preventiva.
Los jueces Darío Báez y Juan Pablo Mendoza, con la disidencia de la magistrada Rossana Maldonado, hicieron lugar a la revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa de Ortigoza.
Sin embargo, el acusado tiene otros cuatro procesos abiertos, incluyendo una condena de tres años y medio de cárcel por producción de documentos no auténticos —dictada por los jueces Christian González, Darío Báez y Natalia Cacavelos—, razón por la cual seguirá recluido.
En la presente causa, Ortigoza está acusado de lesión de confianza por la supuesta venta irregular de 4.000 hectáreas en la localidad de Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay. Ortigoza fue detenido el 3 de julio de 2025 durante un operativo policial contra el crimen organizado, tras haber permanecido prófugo por más de seis años.
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