La Comisión Permanente del Congreso Nacional realizará mañana miércoles su última sesión con un total de 72 puntos en el orden del día. La convocatoria se encuentra prevista para las 9:30.
Los puntos a tratar por los diputados y senadores en su mayoría guardan relación con pedidos de informes a instituciones como la Administración Nacional de Electricidad, al Ministerio de Educación y Ciencias, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entre otras dependencias del Estado. También requieren informes a instituciones encargadas del sistema de justicia como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Comisión Permanente entró en vigencia el pasado 21 de diciembre y culminará sus funciones el próximo 1 de marzo. De esta manera ambas cámaras del Congreso Nacional así como las diferentes comisiones asesoras retornarán a sus sesiones y reuniones ordinarias.
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El bloque bicameral ha mantenido unas intensas actividades durante el presente receso parlamentario centrándonse en analizar la crisis financiera y sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), impulsar el debate sobre el proyecto ejecutivo de Reforma de la Caja Fiscal y el tren de Cercanías.
La Comisión Permanente tuvo como deberes y atribuciones el velar por la observancia de la Constitución y de las leyes; dictar su propio reglamento; convocar a las cámaras a sesiones preparatorias, con el objeto de que la apertura anual del Congreso se efectúe en tiempo oportuno; convocar y organizar las sesiones extraordinarias de ambas cámaras, autorizar al mandatario durante el receso del Congreso Nacional, a ausentarse temporalmente del territorio nacional.
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Suba salarial a médicos: “No se puede definir de la noche a la mañana”, advierte senador
“Es algo complejo que no se puede definir de la noche a la mañana”, indicó el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, ante el pedido de aumento salarial proveniente del sector médico. El congresista requirió a sus pares aplicar una “legislación responsable” y evaluar previamente con las autoridades del Poder Ejecutivo la disponibilidad del Estado en materia presupuestaria.
“Yo, en principio, respeto cualquier reclamo de los gremios organizados y más el mío, que es el sector de los médicos, pero, en otra arista, también se encuentra la legislación responsable, debemos ver qué podemos hacer, cómo estamos financieramente”, refirió el parlamentario, este miércoles, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Núñez mencionó a la fallecida exprimera ministra británica Margaret Thatcher (1925-2013), quien refería que “el Estado no tiene otra fuente de financiación que no sea de su propio esfuerzo y si quiere gastar más, solo puede hacerlo pidiendo prestado, de los ahorros del ciudadano o cobrándole más impuestos; y yo le agregaría endeudandose con bonos”.
El parlamentario añadió que “todos nosotros vamos a terminar pagando, no existe el dinero público, solo existe el dinero del contribuyente. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables, pero estamos dispuestos a escuchar”. El encuentro entre la mesa directiva del Senado y los titulares de los ministerios de Salud Pública (MSPBS) y de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra prevista para este jueves a las 9:00.
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Reclamos de los huelguistas
Entre los requerimientos de los profesionales de blanco quienes impulsan desde el pasado lunes una huelga nacional, se encuentra la concreción de mejores condiciones laborales en los hospitales, garantías en la provisión medicamentos e insumos básicos, pago de feriados y nombramientos de los contratados.
Sin embargo, el punto conflicto se centra en la exigencia de un aumento directo de G. 3.000.000 por vínculo, solicitando pasar de los G. 5.000.000 actuales a un total de G. 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales. Los gremios argumentan que, desde 2012, su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos.
“Por las deudas que tenemos, hasta se está hablando de aumentar el déficit fiscal. Si hacemos esto para conceder los requerimientos del sector médico, estarán también los otros sectores como el docente, es por eso que repito que estamos administrando el dinero de los contribuyentes y mi voto siempre será para cuidar esos fondos”, refirió el titular del Congreso Nacional.
Por otra parte, Núñez echó por tierra el discurso esgrimido desde la oposición referente a que el gobierno del mandatario Santiago Peña y los legisladores del oficialismo terminaron dando la espalda a los médicos. “El sector de la salud para nosotros siempre fue una prioridad, nosotros fuimos la parte principal de la reivindidación de los médicos”, sostuvo al recordar que desde su sector político se impulsó la ley 7.137/2023 que establece una jornada laboral máxima de 12 horas semanales por cada vínculo para los profesionales médicos que trabajan en el sistema público de salud de Paraguay.
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Núñez plantea modificar ley de ITV y agilizar la quita de puntos ante tragedias viales
En el marco del encuentro que tendrán este lunes 24 de agosto los senadores y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, lanzó una serie de propuestas y acciones relacionadas con las modificaciones legales, controles y mejoras en la infraestructura para mitigar las tragedias viales.
Como primer punto, Núñez propone a sus colegas la modificación de la Ley de Inspección Técnica Vehicular (ITV) y la concreción de una norma de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
“Nosotros los legisladores también somos culpables por omisión. Debemos impulsar leyes más efectivas para disminuir o erradicar la siniestralidad vial, que se cobra cerca de 4 vidas de compatriotas todos los días”, afirmó en sus redes sociales oficiales.
La presencia de Centurión se encuentra prevista para las 9:00 en una reunión abierta que mantendrá con los miembros de la mesa directiva para evacuar las consultas relacionadas con el siniestro vial registrado el sábado 15 de agosto, en el cruce de la compañía Pedrozo de Ypacaraí, hecho que dejó 6 fallecidos.
Aprovechando la convocatoria a la alta funcionaria de Estado, Núñez también propone la exigencia de cursos aprobados para la obtención de licencias de conducir, la provisión y uso de mayores tecnología para fortalecer los controles en las rutas, la mejora de la infraestructura vial y la aplicación de sanciones más estrictas ante conductas como conducir bajo los efectos del alcohol o utilizar el celular en el volante.
Además, se refirió al control efectivo de la utilización del casco, especialmente entre los motociclistas y la urgente aplicación del sistema de puntos en las licencias de conducir, mecanismo que permitirá registrar y sancionar las infracciones cometidas por los conductores.
“Basta de borrachos o imprudentes. Se debe aplicar si o si el sistema de puntos en las licencias de conducir ya que es un mecanismo de control y reeducación vial”, puntualizó.
Recordó que mediante el sistema “cada conductor parte con un saldo inicial de puntos y las infracciones graves o gravísimas restan puntos. Si se agotan, se suspende o inhabilita la licencia y se exige un curso de reeducación para recuperarla. Así sacamos un peligro menos de nuestras rutas”.
De acuerdo a lo comunicado por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), el sistema está previsto para comenzar a aplicarse recién en enero del 2027. La medida estipula que cada licencia cuente con 225 puntos, que serán descontados de acuerdo con las infracciones cometidas, la acumulación de sanciones puede derivar en la suspensión de la licencia por distintos períodos, con una suspensión que puede llegar hasta cinco años, según la gravedad y reiteración de las faltas contempladas por el sistema.
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Diputados pide informes al IPS y al Ministerio de Trabajo sobre formalización del empleo
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes al Instituto de Previsión Social (IPS), sobre las acciones implementadas para ampliar la cobertura de la seguridad social y reducir la informalidad”.
Específicamente se solicitan datos exactos sobre la cantidad de nuevos trabajadores cotizantes incorporados al sistema de seguridad social en los últimos dos años, con desagregación por tipo de vínculo (dependiente, independiente, voluntario).
La institución también deberá detallar las estrategias implementadas para facilitar la afiliación de trabajadores independientes y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en el marco de las leyes y disposiciones vigentes, con indicación de los resultados obtenidos.
Los legisladores piden que el IPS remita un informe identificando las dificultades concretas que enfrentan los trabajadores y empleadores para acceder a la cobertura asistencial, y descripción de las medidas que se están adoptando para superarlas.
Se precisa también las estadísticas actualizadas sobre la tasa de cobertura del IPS a nivel nacional, desagregadas por departamento, sexo y grupo etario, y su evolución en los últimos cinco años.
Por otro lado, también los diputados aprobaron el proyecto de resolución “Que pide informes al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS), sobre las acciones implementadas para combatir la informalidad laboral”.
Según la exposición de motivos, el documento solicita un informe sobre la estrategia integrada de formalización de empleo 2025-2028, ejes de acción, metas cuantitativas, cronograma de implementación.
Igualmente el estado de avance de la comisión interinstitucional de formación de empleo, detallando la cantidad de reuniones realizadas, acuerdos y resultados.
Para ambos expedientes, se solicita un plazo de 15 días para la remisión del informe solicitado a la Cámara de Diputados.
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Núñez plantea la “Ley Antidespilfarro” para castigar el incumplimiento del déficit fiscal
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, anunció que dentro de 15 días presentará un anteproyecto denominado “Ley Antidespilfarro o ningún peso más”, que tiene como objetivo impedir que se apruebe o sostenga un presupuesto deficitario por encima de lo que establece la normativa de Responsabilidad Fiscal.
Núñez detalló que mediante su implementación se apuntará a blindar el equilibrio de las cuentas públicas y que los políticos paguen el costo del desequilibrio. “Esta es una ley de ningún peso más. Nosotros tenemos una ley de Responsabilidad Fiscal que fue aprobada en el gobierno de Horacio Cartes, en donde se debe respetar el índice del 1,5 % o el tope que puede aplicarse mediante ley en los casos excepcionales, pero que no deberá ser pasado”, comentó a los medios de comunicación.
Según el proyecto, si el resultado fiscal se mantiene deficitario durante varios meses consecutivos, el Poder Legislativo dispondrá de un periodo determinado para corregir la situación. Si no lo hace, se activará automáticamente un mecanismo similar al “shutdown o cierre parcial del Estado” aplicado en los Estados Unidos, que será adaptado a la realidad de nuestro país.
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La iniciativa establecerá que durante ese plazo se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, no podrán generarse nuevos gastos, adjudicar contratos ni incorporar funcionarios, además de suspenderse las transferencias discrecionales.
Asimismo, dejarán de percibir sus salarios el presidente de la República, la vicepresidenta, ministros, secretarios, subsecretarios y parlamentarios nacionales.
También se aclara que los servicios esenciales continuarán funcionando con normalidad. Entre ellos figuran el pago de jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, los servicios de salud, la seguridad, la defensa nacional y el sistema penitenciario.
A diferencia del modelo implementado en el país norteamericano, donde el cierre del gobierno se produce por la falta de aprobación del presupuesto, el proyecto planteado por Núñez estipula que el detonante será un déficit fiscal sostenido, con el propósito de que el gasto no esencial del Estado y los salarios de las máximas autoridades sean los primeros en verse afectados para forzar el equilibrio de las cuentas.