El ministro de Consejo Nacional de Defensa (Codena) Cíbar Benítez, explicó que el Gobierno nacional apunta a brindar mayor flexibilidad de acción a las Fuerzas de Tarea Conjunta ( FTC) a fin de que se pueda mover a otros departamentos y no quedar limitados a una zona exclusiva del país.
Durante una entrevista en el programa “Tarde de Perros” que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, explicó que la estrategia de defensa se hace en función a la amenaza y ésta se mueve de lugar. De esta manera, ante los últimos acontecimientos, se necesita que la FTC se pueda mover por donde estos grupos criminales aparecen.
“Se ve la necesidad, no de instalar otra FTC en otro departamento, sino de que haya la flexibilidad de elementos de las fuerzas oficiales, que puedan actuar contra estas auténticas amenazas del crimen organizado transnacional, EPP, terrorismo, o del que sea. No podemos quedar limitados por los límites de los departamentos del país”, expresó.
Señaló que es sabido que los elementos de estos grupos criminales, no son delincuentes comunes, ya que están equipados con armas letales, con estructura cuasi militares, por lo que ven necesario movilizar igualmente a miembros militares altamente capacitados para enfrentarles donde quieran que estén y donde quieran que vayan.
Aclaró que esta decisión, no significará un acaparamiento o militarización del territorio nacional. “El ejército militar es una organización profesional, legalmente constituida y absolutamente necesaria. Lo que pasa que la estrategia de defensa se hace en función de la amenaza y esas amenazas son estas estructuras criminales con capacidades letales que son sumamente violentos”, acotó.
Remarcó que el Estado no puede escatimar esfuerzos para proteger a la ciudadanía, o proteger la soberanía nacional, aplicando un límite inflexible en lo que respecta al territorio nacional y las divisiones departamentales. Por el contrario, donde quiera que aparezcan algunas de estas células criminales debe existir la forma de luchar contra ellos.
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Paraguay al peldaño del pleno empleo
Con una reducción del desempleo en 3,6 %, el sector privado liderando la creación de fuentes de trabajo, mayor participación femenina y debate por el ajuste salarial, Mónica Recalde explica la estrategia ante este nuevo escenario.
La cartera de Trabajo abarca muchas aristas, el empleo es un eje fundamental. ¿Cómo está evolucionando?
En el periodo 2024-2025 tuvimos un crecimiento bastante sostenido de la generación de empleo en Paraguay. Creció la ocupación, el empleo asalariado privado, mientras que el empleo público disminuyó y el trabado independiente se mantuvo constante.
Observamos que el mayor empuje que tuvo nuestro mercado laboral se dio por el sector empresarial, principalmente por la generación de puestos de trabajo en rubros específicos.
¿Qué sectores son los principales generadores de empleo?
El número uno es el sector comercio y servicios, que generó más de 100.000 empleos. Esto responde al modelo económico actual, basado principalmente en la actividad comercial y de los servicios, que tuvo un repunte muy importante en los últimos dos años.
Luego está el sector industrial, que tuvo un incremento muy importante, y después la construcción, que también creció, aunque de forma menos intensa que los otros sectores.
¿Y en materia de desempleo, cuál fue el comportamiento?
El nivel de desempleo cayó a un nivel muy bajo. Actualmente estamos en 3,6 %. Cuando empezamos esta administración estaba en 6,2 %, luego bajó a 5,6 % y ahora estamos en 3,6%. Es decir, hubo una caída de casi tres puntos porcentuales en dos años y medio, y lo interesante es que la reducción fue sostenida en casi todos los trimestres.
¿Realizando un comparativo con la región, cómo se encuentra Paragua en términos de desempleo?
Paraguay tiene uno de los niveles de desempleo más bajos de la región, comparado con países como Argentina, Uruguay, Chile o Brasil. Incluso México es el único país que está por debajo, con aproximadamente 2,6 %, pero en términos generales bien, ya que estamos rozando el pleno empleo.
¿Esto es un indicador más que positivo para la imagen país?
No necesariamente es negativo tener o mantener la tasa de desempleo, porque significa que todavía hay disponibilidad de la fuerza laboral en el mercado. Si llegan más inversiones o se expanden las industrias existentes, todavía hay personas disponibles para absorber, y eso evita tener que recurrir a mano de obra externa.
¿Qué otros movimientos se observaron dentro del mercado laboral?
Vimos un salto de personas que estaban en la inactividad y pasaron directamente a trabajar, sin pasar por la desocupación. Eso representa un dinamismo distinto. Además, el trabajo familiar no remunerado se redujo, con muchas personas que pasaron a empleos remunerados.
¿Podría aclarar la diferencia entre desempleo e inactividad?
El desempleo es una persona que estuvo buscando trabajo y no encontró. La persona inactiva es aquella que no trabaja ni está buscando empleo. Por ejemplo, amas de casa, estudiantes, jubilados o personas que no pueden incorporarse al trabajo. En tanto que el ocupado es quien tiene un empleo, ya sea asalariado, independiente, doméstico o incluso familiar no remunerado.
¿Respecto a la participación femenina, cómo se está desenvolviendo?
El incremento más importante que se dio en el 2025 de hecho fue la inclusión de mujeres al mercado de trabajo, con más de 74.000 mujeres que ingresaron, principalmente en el sector asalariado privado. Ese fue el posicionamiento más relevante dentro de la dinámica laboral reciente.
¿Qué acciones están encarando, alguna iniciativa que fomente el empleo formal?
Estamos en plena ejecución del programa de empleo circular con España, que Paraguay implementa por primera vez en el marco de un acuerdo. Permite que paraguayos vayan a trabajar de manera temporal, formal, con contrato, seguro social y visa laboral durante dure el programa o la campaña, porque son empresas agrícolas las que demandan de personal de campo.
¿Cómo se dio esta primera experiencia?
Tuvimos un primer grupo de 100 trabajadores que ya se encuentran en Huelva, que es una provincia de Andalucía, de las más de 2.000 postulaciones para esos puestos. El proceso incluyó reclutamiento, preselección y entrevistas con las empresas españolas.
¿Qué perfil tienen los trabajadores seleccionados?
Son personas entre 22 y 44 años, principalmente del sector agrícola. Se reclutó gente de zonas como San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Misiones y Central. El grupo está compuesto por aproximadamente 60 hombres y 40 mujeres.
¿Cuáles son las condiciones laborales del programa, qué implica?
El salario es de alrededor de 60 euros por día, con seguro social incluido. También cuentan con alojamiento, pasaje de ida, y ya la vuelta es que deben costearse ellos con lo percibido. Como dije, es un trabajo temporal, durante la campaña agrícola, y este grupo estaría regresando en noviembre.
¿Cuándo culmine la campaña, pueden optar por quedarse o seguir?
Deben retornar al país, porque es un programa con retorno obligatorio. Sin embargo, pueden volver a participar hasta en cuatro ciclos, dependiendo de la demanda de las empresas.
¿Qué impacto se espera de este programa?
La idea es que los trabajadores adquieran nuevas habilidades, aprendan técnicas agrícolas y luego puedan aplicar ese conocimiento en sus propias fincas. También podrán ahorrar y acceder a créditos productivos al regresar.
¿Se puede esperar que se amplíe este programa a otros sectores?
Sí, especialmente en sectores como la construcción, porque España tiene una alta demanda de mano de obra por el envejecimiento de su población.
¿Por qué buscar a trabajadores de otro continente, por qué paraguayos?
Los extranjeros, inversionistas y en especial los españoles, valoran mucho la responsabilidad, capacidad de aprendizaje, adaptación y compromiso del paraguayo, además de la facilidad de integración cultural, y por el idioma mismo.
¿Con relación al salario mínimo, qué se está analizando?
Hasta el momento, como es de conocimiento, el salario mínimo tradicionalmente se ajusta por la inflación, pero hay que entender que la ley permite incorporar otras variables económicas. El análisis ya se inició en el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam).
¿Qué otras variables podrían considerarse?
Se pueden incluir indicadores como el PIB que es el crecimiento económico, o parámetros regionales del salario mínimo. Lo cierto es que la discusión está abierta para evaluar nuevos mecanismos de ajuste, y que la misma normativa lo estipula.
¿Cuál es el principal desafío en este aspecto?
El alto nivel de endeudamiento de los trabajadores y el impacto del costo de vida, especialmente en alimentos, transporte y vivienda, que representan la mayor parte del gasto de los hogares.
Entendemos que el reajuste merece nuevas variables de medición, y la propuesta debe venir de Conasam, que integra a representantes de tres sectores, por un lado, el gobierno con la figura del director del Empleo; los trabajadores que es el sector obrero; y los empleadores o patronal.
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Diputado Aguilera cuestiona relato opositor y destaca obras del Gobierno
El diputado colorado Alejandro Aguilera sostuvo que no aceptarán el relato de quienes quieren borrar la historia del país.
El parlamentario cuestionó el discurso negativo de la oposición y algunos medios aliados que buscan instalar en el país, negando las grandes obras ya realizadas y las que está haciendo el gobierno actual de Santiago Peña, e incluso olvidando lo que ya se hizo en gobiernos colorados anteriores.
En el estadio de oradores de la sesión ordinaria de la fecha, el legislador dejó en claro que la oposición está empeñada en exagerar al decir que nada se está haciendo y que incluso se busca borrar los logros de gobiernos colorados.
Resaltó además las obras que se han hecho en gobiernos anteriores, pero sobre todo el avance y desarrollo que está teniendo el Paraguay gracias al gobierno actual del presidente Santiago Peña.
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“Me resulta simpático que se quieran burlar de todas las obras que está haciendo el gobierno, y nos quieran enrostrar dos o tres placitas Kachiãi que inauguran con un presupuesto de más de 40 millones de dólares.
Les recuerdo a que todo lo plantado, construido y todo lo que vemos y palmamos en la República del Paraguay, fueron obras ejecutadas por gobiernos del Partido Colorado, les guste o no les guste a los actores de la oposición”, expresó.
Batiendo récords
En ese sentido, recordó la construcción de las dos grandes binacionales, construcción de hospitales, escuelas, rutas del país; así como todas las leyes de carácter social que están vigentes en el país como Hambre Cero, Tercera Edad, Tekoporá Mbareté, la construcción de viviendas sociales; entre otros.
“Este gobierno está batiendo récords, en la construcción de viviendas sociales, con más de 43.000 viviendas construidas en menos de 3 años de gestión. Con la universalización de la Tercera Edad, se benefició a cerca de 40.000 personas por año. Este gobierno ha entregado más de 200 ambulancias Okm, así como 200 tractores 0km a distintos comités de producción sin mirar banderías políticas”, remarcó.
El legislador continúo citando otras grandes obras y avances del gobierno actual, remarcando que se están haciendo inversiones multimillonarias a nivel país, sin hacer distinción política y sin hacer discriminaciones.
De esa manera cuestionó a sus colegas que han intentado ningunear todas esas millonarias inversiones, al decir que solamente aquellos intendentes que pertenecen a sectores de la oposición, son los que hoy en día están invirtiendo en la ciudadanía.
“Me parece igualmente simpático que aquellos, que dicen ser democráticos, son los más intolerantes, nos gritan y exigen que nos callemos, nos insultas. Piden que se les escuchen, pero cuando habla otro colega y no le gusta lo que dice se pasan gritando e insultando del otro sector. Seamos un poco coherentes, expresemos nuestras ideas con respeto, debatamos sobre políticas gubernamentales, pero sin decir mentiras, ni barbaridades”, concluyó.
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Gobierno condena atentado en Colombia
“El Gobierno de la República del Paraguay condena el atentado perpetrado hoy en la Vía Panamericana, departamento del Cauca, Colombia”, señala el documento de Cancillería.
El Gobierno paraguayo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su condena contra un atentado ocurrido el sábado pasado que dejó 20 muertos y 36 heridos en una carretera del suroeste de Colombia, cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales. Las autoridades atribuyeron el ataque a los rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
“El Gobierno de la República del Paraguay, condena el atentado perpetrado hoy en la Vía Panamericana, departamento del Cauca, Colombia, que ha arrojado víctimas fatales y heridos. Expresa sus sentidas condolencias a los familiares de los afectados y su solidaridad con el hermano pueblo de Colombia”, expresó la Cancillería a través de una publicación en redes sociales, el 25 de abril. “Reitera una vez más su total rechazo a toda forma de actos terroristas y su compromiso de aunar esfuerzos con la comunidad internacional para erradicar este tipo de acciones”.
El ataque ocurrió en el departamento del Cauca, uno de los más azotados por la ofensiva guerrillera previa a las elecciones y con una extensa superficie sembrada de narcocultivos. Un testigo del atentado aseguró a la AFP estar “asustado” por el brote de violencia que vive Colombia de cara a los comicios presidenciales del 31 de mayo.
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Caazapá: Gobierno avanza hacia solución definitiva con regularización de tierras
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió el informe de la Comisión Especial para la Gestión del Conflicto de la colonia Santa Teresa Manduarã, departamento de Caazapá, presentado por el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz. en el marco de las acciones orientadas a alcanzar una solución definitiva en la regularización de tierras.
Al respecto, el mandatario destacó el fructífero diálogo que se llevó adelante en esta comunidad, donde las familias de Santa Teresa Manduarã llevan años esperando una respuesta sobre sus tierras.
Resaltó que hoy, gracias al trabajo del Gobierno del Paraguay a través de la comisión especial del Indert y en conjunto con las comunidades, esa espera acabó.
“Mediante un fructífero diálogo estamos en condiciones de entregar 450 títulos de propiedad. La tierra es el derecho de cada familia de construir su futuro con seguridad. Seguiremos trabajando en esta línea hasta que cada paraguayo pueda progresar con la seguridad de tener su tierra propia”, enfatizó a través de sus redes sociales.
Regularización y adjudicación de tierras
Durante la presentación, se expusieron los avances en el proceso de análisis y abordaje del conflicto, con énfasis en la agilización de la firma y entrega de adjudicaciones de tierras a los sujetos de la Reforma Agraria de la colonia.
Pobladores de la zona destacaron la predisposición del Gobierno del Paraguay para dar respuesta a casos históricos que permanecieron postergados durante años, valorando la apertura institucional para encaminar una solución definitiva.
Mesa de trabajo con actores sociales
El proceso fue acompañado por una mesa de trabajo encabezada por el Indert, que integró a representantes de la comisión vecinal San Óscar Romero (Ex Marina Cué), entre ellos el sacerdote Pascual Kinoti, así como los dirigentes campesinos Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.
En este espacio, se incorporaron testimonios y experiencias vinculadas a otros casos emblemáticos, como el de Curuguaty, ocurrido hace más de una década, con el objetivo de aportar elementos que contribuyan a una solución integral del conflicto.
Diálogo eje de solución definitiva
El informe presentado resaltó que el proceso de regularización de tierras requiere del diálogo y la construcción de consensos entre todos los actores involucrados, como vía para acelerar y garantizar resultados sostenibles.
En ese sentido, la comisión impulsó acciones orientadas a concienciar a los colonos sobre la importancia del entendimiento y la articulación, como base para avanzar hacia una solución definitiva.
Con este proceso, el Gobierno del Paraguay continúa avanzando en una política orientada a resolver conflictos históricos de tierras, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el acceso equitativo a la propiedad, a través de mecanismos institucionales basados en el diálogo, la planificación y la articulación entre actores.