El diputado liberal, Arnaldo Valdez, representante del departamento de Misiones, presentó un proyecto de declaración por el cual insta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a incluir el tramo Yabebyry-Panchito López, del departamento de Misiones, en el proyecto de construcción del Corredor de Integración Suroeste.

Con la iniciativa busca atender una necesidad concreta de conectividad que afecta a los pobladores del distrito de Yabebyry y, particularmente, a la comunidad de Panchito López, donde las dificultades de transitabilidad constituyen una problemática recurrente y limitan las posibilidades de desarrollo de la población.

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De hecho, días atrás el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, ya había anunciado que desde el Gobierno están evaluando la ampliación del proyecto del Corredor Suroeste, en dicho tramo, dependiendo del presupuesto cuya financiación será mediante el préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) por un monto de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (286 millones de dólares).

Al respecto, el legislador liberal argumentó que el Corredor de Integración Suroeste es una infraestructura estratégica para fortalecer la conexión vial entre los departamentos de Misiones y Ñeembucú. Indicó que favorecerá la movilidad de personas y productos, la reducción de los costos de transporte y el acceso de las comunidades a servicios esenciales, además de generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y turísticas.

En este contexto, señaló que la incorporación del tramo que une Yabebyry con Panchito López permitiría extender los beneficios de esta infraestructura a una comunidad que históricamente enfrentó dificultades para contar con una conexión vial adecuada.

“La incorporación de aproximadamente 9 kilómetros al corredor constituye una medida orientada a completar la conectividad de la zona y brindar una respuesta de carácter permanente a una necesidad largamente planteada por los pobladores”, señala un segmento de las fundamentaciones.

Indica que una infraestructura vial adecuada no solo mejora la transitabilidad, sino que también genera condiciones favorables para el crecimiento económico, la producción, el comercio, el turismo y el acceso oportuno a servicios públicos.

La propuesta declarativa plantea que el MOPC realice los estudios técnicos, administrativos y presupuestarios correspondientes para determinar la viabilidad de la incorporación del tramo, así como las acciones necesarias para establecer una solución vial permanente. La iniciativa será analizada en la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, para posteriormente ser considerada en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, convoca a una audiencia pública para este viernes 28 de agosto, a las 09:30, en la sala de sesiones del Congreso Nacional, donde se analizará un proyecto de ley que busca facilitar el acceso al título de propiedad de tierras adjudicadas a beneficiarios de la reforma agraria.

Durante la audiencia se estará analizando el proyecto de ley que había sido remitido por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N.º 372 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Está actualmente en trámite en la Cámara de Senadores.

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La iniciativa propone eliminar la barrera económica que actualmente existe, que es el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para la entrega del título y establecer un régimen de pago diferido. Según la exposición de motivos, ese requisito termina frenando expedientes que ya están técnicamente preparados para convertirse en títulos.

De lograrse la modificación de los artículos del Estatuto Agrario, el beneficiario podrá recibir el título y posteriormente abonar el valor de la tierra en cuotas anuales, iniciando los pagos 12 meses después de la titulación. El plazo previsto es de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.

En la argumentación del proyecto de ley explica que el requisito vigente constituye una barrera económica para numerosas familias campesinas de bajos ingresos.

Se estima que la modificación podría beneficiar a aproximadamente 130.000 familias, mientras que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cuenta con alrededor de 15.000 expedientes técnicamente aptos para la titulación que no avanzan debido, principalmente, a la imposibilidad de cumplir con el pago previo.

La propuesta busca otorgar mayor seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, facilitando posteriormente el acceso al crédito formal, la inversión, la tecnificación y el desarrollo productivo de las fincas. Asimismo, contempla una consideración especial para las mujeres campesinas, particularmente aquellas que son cabeza de familia.

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La Ande rechazó el acuerdo con la firma británica Atome para una planta de hidrógeno verde en Villeta al no considerar viable congelar las tarifas eléctricas por 15 años. Su titular, Miguel Báez Reyes, señaló que Paraguay agotará su excedente hidroeléctrico para 2030, por lo que el Gobierno busca reformas legales para atraer inversión privada en fuentes alternativas.

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) confirmó a la 730 AM la interrupción de las negociaciones con la multinacional británica Atome Energy PLC. Según el nuevo titular de la Ande, la decisión responde a que las condiciones requeridas por la firma británica no resultaban beneficiosas para el país.

El Dr. Gustavo Ortiz, director de Servicios y Redes del Ministerio de Salud Pública, detalló en entrevista con el canal GEN/Nación Media el millonario impacto operativo y financiero que genera la huelga en el sistema de salud.

El profesional reveló que durante los cinco días de paro se postergan más de 259.000 consultas y 2.500 cirugías programadas, lo que representa un costo económico superior a los G. 23.282 millones, además del riesgo de secuelas en los pacientes por atenciones no recibidas.

La Fiscalía constató que 144 títulos universitarios de docentes son falsos y ya solicitó formalmente la anulación. Los casos varían y las partes involucradas son tres: los beneficiados con los títulos los directores de los institutos y los funcionarios del MEC.

Teresa Sosa, fiscal de la causa, explicó que se encuentran bajo investigación 525 casos, de los cuales, 144 ya fueron verificados y existen tres aristas: la participación de los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias, los beneficiados con los títulos falsos y los directores o responsables de los institutos de enseñanza superior.

Un Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo condenó a los cinco adultos acusados por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez. La lectura de la sentencia comenzó poco antes de las 23:00 del martes 25, atendiendo a la gravedad del juzgamiento a los acusados.

El colegiado integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme emitieron su veredicto final tras finalizar el debate oral y escuchar a todas las partes. Además, durante la jornada de hoy dio la posibilidad de brindar algunas declaraciones a los procesados.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.

La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.

Los que cumplieron 68 años hasta el 24 de agosto son los nuevos beneficiarios del programa Adultos Mayores y podrán cobrar hoy. La lista ya está publicada en la web.

Este miércoles 26 pagarán a los que hayan cumplido 68 años de edad hasta el 24 de agosto, fecha en que se hace el corte. La lista de los nuevos beneficiarios está disponible en este enlace.

De las 3.902 incorporaciones, 2.244 corresponden a los de 68 años cumplidos hasta el 24 de agosto, 866 de 69 años y más, 155 miembros de comunidades indígenas, 61 personas con discapacidad, 42 extranjeros y 534 reincorporados que habían perdido sus cuentas.

La mesa directiva de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles con el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, ocasión en la que abordó sobre la restitución de trofeos de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) que se encuentran en el Brasil.

Tras la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que el objetivo es activar también la diplomacia parlamentaria para buscar recuperar, no solo el cañón Cristiano, sino también otros objetos y documentos que se encuentran en el país vecino.

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La cooperación entre el sector público y el productivo ya benefició a 1.440 familias rurales con semillas de maíz de alta genética que generaron resultados positivos en varias colonias del país. Esto, gracias al acuerdo entre el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Este acuerdo permitió fortalecer la Alianza Público-Privada que viene desarrollando en beneficio de los pequeños productores de las colonias del ente agrario, con el propósito de ampliar el apoyo a la producción, mejorar los ingresos de las familias rurales y contribuir al arraigo y desarrollo económico de las comunidades.

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El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, y el titular de la UGP, Héctor Cristaldo, coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación entre el sector público y los productores organizados. Ruiz Díaz destacó que el trabajo conjunto entre pequeños, medianos y grandes productores y el sector público constituye un camino hacia el desarrollo sostenible.

Resaltó que la cooperación en la distribución de semillas ya produjo resultados auspiciosos y contribuyó a mejorar los ingresos de las familias campesinas hacia finales del año pasado.

Para este 2026, la institución prevé intensificar las acciones articuladas con la UGP, incluyendo la continuidad de la donación de semillas de maíz de alta genética y la utilización de vehículos institucionales para su distribución gratuita a las colonias beneficiadas.

Desde el Indert se plantea que la cooperación con el sector privado debe trascender la asistencia puntual y convertirse en una herramienta permanente para generar desarrollo. La alianza con la UGP también se articula con el proceso de titulación y formalización de las tierras, considerado fundamental para que los beneficiarios puedan acceder a créditos, realizar inversiones y desarrollar proyectos productivos con mayor seguridad jurídica.

“La estrategia busca combinar tierra formalizada, producción, acceso a tecnología, organización de los productores y articulación público-privada, como componentes de una nueva ruralidad capaz de generar mayores oportunidades para las familias campesinas”, precisó Ruiz Díaz.

Destacó que el Indert y la UGP ratifican su decisión de seguir trabajando juntos para que los beneficios de la cooperación lleguen directamente a las colonias, fortaleciendo la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y el arraigo de las familias rurales.

Durante 2025, la UGP realizó un importante aporte de semillas, que permitió beneficiar a productores de distintas colonias del Indert. En total, 1.440 familias de siete departamentos recibieron 28.000 kilos de semillas de maíz, distribuidas por el Instituto a través de su Gerencia de Desarrollo Rural.

La cooperación alcanzó a comunidades de San Pedro, Guairá, Caaguazú, Misiones, Itapúa, Central y Canindeyú, con el objetivo de fortalecer tanto la seguridad alimentaria como la generación de excedentes para la comercialización y mejorar la economía familiar.

Solo en una de las operaciones realizadas en septiembre del año pasado fueron distribuidas 600 bolsas de maíz, con un valor de mercado superior a G. 720 millones, destinadas a productores de Canindeyú, San Pedro e Itapúa. Consolidando una cooperación que durante 2025 representó un aporte cercano a G. 1.000 millones en semillas, según registros del Indert.

La alianza no quedó limitada a la entrega de insumos. El Indert realizó el acompañamiento y seguimiento de los cultivos, además de disponer de camiones institucionales para transportar gratuitamente las semillas hasta las colonias beneficiadas.

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