El Consejo de Defensa Nacional (Codena) se reunió este lunes de manera extraordinaria para abordar sobre los últimos hechos ocurridos en varios puntos del país y la supuesta nueva aparición del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Las autoridades anunciaron que evalúan ampliar la capacidad de respuesta para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en áreas de amenaza.

“Dado algunos hechos, ya del mes pasado y ahora otra vez, se necesita que elementos de las Fuerzas Militares actúen en coordinación con las otras instituciones en territorios que están fuera de los departamentos, que tienen límites para la actuación de la FTC, eso no quiere decir que va a haber un aumento, ni una migración en otros departamentos, pero sí la posibilidad de que Fuerzas Armadas hagan su trabajo donde vaya la amenaza”, detalló Cíbar Benítez, ministro de Codena, en una conferencia de prensa.

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La nueva disposición se realizará vía decreto del Poder Ejecutivo con el objetivo de dar mayor y más rápida respuesta en las áreas de amenaza, en cualquier territorio, no solo en las limitantes donde operan la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

“No podríamos quedarnos con una institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria, ahí donde vaya la amenaza van a estar los elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas, por supuesto, para algo específico. Eso va a salir probablemente en un decreto casi inmediatamente”, anunció el ministro del Codena.

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que el presidente de la República, Santiago Peña, realizó un pedido claro para reforzar el trabajo en las áreas de amenazas y la presencia de grupos criminales.

“La misión clara de la Policía tiene dos puntos: uno trabajar coordinados con la dirección Antisecuestro, Inteligencia policial en su máxima expresión y experiencia, con el Batallón Militar de Inteligencia, en forma conjunta para tener toda la información disponible para que conforme al decreto y al anuncio anterior podamos tener la respuesta en función a la amenaza”, detalló.

También, la Policía Nacional va a aumentar de manera importante su presencia en un perímetro suficientemente grande como para garantizar la seguridad de productores, de ciudadanos, y personas que se movilicen hacia esas zonas.

“Se podrán armar retenes para pedir documentos, cédula de identidad, documentación de vehículos, de las personas que lo acompañan, algunas explicaciones propias dentro del marco de la Constitución y la ley a los efecto de que en ese área se pueda sentir la presencia del Estado, de hecho lo venían haciendo, pero el pedido concreto del presidente de la República es hacer un plan, que de hecho, se estaba haciendo, pero queremos aumentar la presencia policial en las comisarías y en las calles, en las rutas, en los caminos vecinales, en todos los lugares donde haya movimientos y tránsito”, concluyó Riera.

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El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) junto con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae) se alistan para garantizar el inicio del programa “Hambre Cero” con la distribución de la alimentación escolar desde este lunes 23 de febrero, en el primer día de clases en las aulas públicas, siendo su tercer año de implementación y el segundo con una cobertura total en las escuelas del país.

En entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, aseguró que habrá un monitoreo constante para certificar la calidad del servicio de alimentación escolar. Así también destacó los ajustes incorporados en el plan gubernamental con la decisión del Conae de elevar del 5 % al 10 % la participación de las mipymes dentro del programa, como resultado de un informe técnico presentado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

“En la primera reunión del Conae con el presidente de la República, Santiago Peña, y los miembros del Consejo se hizo un reporte general y una revisión de diversos casos del ejercicio 2025. Y, al mismo tiempo, ya se oficializó el lanzamiento del Programa de Alimentación Escolar Hambre Cero en las escuelas para este 2026”, señaló Rojas.

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El ministro explicó que se efectuaron revisiones administrativas y ajustes con el propósito de que este año sea mucho mejor el servicio. “Nuestro objetivo es consolidar el programa este año. Seguir sirviendo con calidad en tiempo y forma, llegar a los más de 1.050.000 niños en todo el país, de los 263 distritos, más de 7.200 instituciones, los 280 días-calendario escolar con el desayuno, el almuerzo y la merienda en todas las instituciones públicas del país”, detalló.

El exdiputado mencionó que durante todo este proceso se concretaron importantes reuniones con los equipos técnicos del MEC, el MDS y el Conae. “Trabajamos sobre lo relacionado al Registro Unico de Estudiantes (RUE) y otros temas porque el principal aliado estratégico para la buena implementación del programa es el Ministerio de Educación a través de su comunidad educativa”, resaltó.

Así también, contó que se propició una reunión importante con las empresas proveedoras que presentaron sus inquietudes con respecto al proceso administrativo y la implementación de los postres que incluyen frutas, considerando el calor y la época de producción.

“Pidieron ellos que se haga una mesa técnica integrada por varias instancias. Y esa mesa técnica se realizó con la presencia de representantes del MEC, MAG, MIC, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, INAN y el Ministerio de Desarrollo Social”, relató.

“Nosotros estamos preparadísimos ya se emitieron las órdenes de servicios para iniciar oficialmente el primer día de clase el próximo 23 con la provisión de la alimentación escolar”, añadió. El ministro Rojas ratificó que la calidad de los alimentos será monitoreada por varias instituciones.

“Nosotros tenemos previsto los próximos días organizar una reunión e invitarle a la Contraloría General de la República, a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, a la Dirección General de Auditoría Interna del MDS, a través del Conae para organizar una cooperación y una estrategia de control y monitoreo permanente”, aseveró.

Aclaró que el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) es el ente encargado de revisar la calidad de la comida. “Hoy ratificamos el compromiso de servir la comida en tiempo y forma, con calidad. Pero fundamentalmente consolidar la vigencia del programa y que puedan estar seguros los padres y madres de familia de que sus hijos van a tener una comida saludable, equilibrada acorde a la grilla de menúes estudiada técnicamente por el INAN”, significó.

El Gobierno invertirá más de dos billones de guaraníes en el programa Hambre Cero, equivalentes a unos 440 millones de dólares (al cambio actual).

“En guaraníes el monto es igual, el presupuesto del ejercicio 2025 es el mismo para el presupuesto 2026. No ha sufrido ninguna variación y lógicamente vamos a estar siempre revisando permanentemente de manera que no haya sobrante de comida, porque eso significa despilfarro de recursos”, concluyó.

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Dos adultos mayores siguen reclamando justicia tras el desalojo de una propiedad rural de 9 hectáreas, en el departamento de Presidente Hayes, que según consideran, les fue arrebatada mediante un presunto engaño familiar.

La propiedad está ubicada sobre la ruta Transchaco, en Costa Guazú, km. 35, distrito de Benjamín Aceval.

Los denunciantes que fueron desalojados son: Alicia Ramona Amarilla Vda. de García y su primo Fermín Mario Amarilla, quienes acompañados por su representante legal, el abogado Hugo Britos acudieron nuevamente a la sede judicial para dar seguimiento a la causa N° 008/2023, actualmente en estudio ante un Tribunal de Apelación.

El caso es analizado por un Tribunal compuesto por los magistrados: César Eduardo Rojas, Víctor Hugo Rorzewsky, y Víctor Ilich.

El colegiado fue integrado formalmente el 27 de setiembre de 2024, y desde entonces los afectados aguardan una resolución definitiva.

De acuerdo con el abogado Britos, el tribunal debe pronunciarse sobre la legalidad de la medida cautelar que permitió el ingreso a la propiedad y el posterior desalojo.

“Estamos esperando que el Tribunal dicte sentencia. Confiamos en que se resolverá conforme a derecho”, expresó el profesional.

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Según el relato de la señora Alicia, el conflicto se inició hace aproximadamente ocho años, cuando habría firmado documentos que —según afirma— no le fueron debidamente explicados. Alega que creyó estar firmando papeles relacionados con gestiones bancarias, y no una transferencia de dominio.

En el expediente se menciona la presunta participación de su hija, Delia García, a quien los denunciantes atribuyen la operación que derivó en la pérdida del inmueble.

El abogado defensor sostiene que la propiedad habría sido transferida por un monto que considera desproporcionado respecto al valor real del mercado en la zona del Chaco.

Hace aproximadamente seis meses se ejecutó un procedimiento de desalojo que, según los denunciantes, se realizó en circunstancias confusas y con presencia del abogado Hermes López Turlán, señalado como supuesto nuevo propietario.

Familiares de la afectada calificaron el operativo como violento y humillante, afirmando que la mujer fue retirada del inmueble donde residió durante décadas.

Actualmente, la señora Alicia vive en casa de familiares, en condiciones que describen como de extrema precariedad. Los afectados señalan que la situación económica y emocional se agravó tras el desalojo.

Además, denuncian que los animales de producción que formaban parte de la finca quedaron sin manejo adecuado, lo que compromete su sustento.

“Ella no quiere perjudicar a nadie, solo quiere volver a su casa”, reiteró el abogado Britos.

Los familiares solicitan que el Tribunal dicte sentencia con carácter urgente, atendiendo la edad avanzada de la afectada y la situación vulnerable en la que se encuentra.

Mientras el expediente avanza en instancia de revisión, la causa N° 008/2023 se convierte en un caso que pone en debate aspectos sensibles como la protección patrimonial de adultos mayores, la validez de actos jurídicos cuestionados y la celeridad procesal en situaciones de vulnerabilidad.

La resolución del Tribunal será determinante para definir si la señora Alicia podrá retornar a la propiedad que afirma haber habitado durante más de cuatro décadas.

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El Instituto de Previsión Social (IPS) reportó un crecimiento sostenido en la cantidad de asegurados y cotizantes en los últimos años, de acuerdo con los datos publicados en su Observatorio Estadístico Institucional. Las cifras reflejan una expansión gradual de la cobertura del seguro social, impulsada principalmente por el incremento del empleo formal y la afiliación al sistema previsional.

Según el informe, el total de asegurados pasó de 1.380.191 en 2016 a 1.641.062 en 2025, lo que representa un aumento acumulado cercano al 19 %. Solo en el último año, el crecimiento fue de aproximadamente 3,4 %, consolidando la tendencia positiva tras la desaceleración registrada durante la pandemia.

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En cuanto a los cotizantes, el IPS contabilizó 1.043.644 aportantes en 2025, frente a 743.852 en 2016. Este incremento refleja una expansión superior al 40 % en menos de una década, con un repunte particularmente marcado desde 2021, en línea con la recuperación económica y laboral.

El régimen general concentra la mayor cantidad de cotizantes y mantiene una trayectoria ascendente, mientras que los regímenes especiales y no contributivos presentan una participación menor dentro del sistema.

Los datos del Observatorio también muestran que el sistema previsional continúa ampliando su base de beneficiarios, lo que plantea desafíos en materia de sostenibilidad financiera y eficiencia en la prestación de servicios. No obstante, desde la perspectiva económica, el aumento de cotizantes puede interpretarse como una señal positiva de formalización del empleo y fortalecimiento del sistema de seguridad social.

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