El grupo islamista palestino Hamás afirmó este sábado que sigue dispuesto a avanzar con el plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos y pidió ejercer presión sobre Israel, que por su parte insiste en que no aceptó la última parte del acuerdo.

Hamás informó al Consejo de Paz, encabezado por el presidente estadounidense Donald Trump, que se mantenía comprometido con la última fase del plan, en virtud de la cual los militantes entregarían las armas a un naciente comité de gobierno palestino en el territorio.

“Hamás y otras facciones han confirmado a los mediadores su disposición a comenzar a aplicar el acuerdo y pasar a la segunda fase, siempre que reciban la aprobación israelí y que Israel comience a implementar el acuerdo”, dijo a la AFP un responsable del grupo palestino.

De acuerdo con la misma fuente, que habló bajo condición de anonimato, “Hamás insta a la administración estadounidense a ejercer presión sobre Israel para obligarlo a cumplir el acuerdo y pasar a la segunda fase”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que enfrenta una dura batalla de reelección en octubre y una amplia oposición de su base de derecha al acuerdo sobre Gaza, dijo el martes que Israel no había aceptado el “borrador” presentado por el Consejo de Paz.

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La semana pasada, Trump celebró como un avance que Hamás haya aceptado el desarme en el marco del plan, y el Consejo de Paz indicó que Israel llevaría a cabo paralelamente una retirada gradual de gran parte de Gaza.

Netanyahu, en tanto, se reunió el lunes con el alto representante del Consejo de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov, quien dio marcha atrás y afirmó que Israel se retiraría únicamente después de un desarme completo de Hamás.

El ejército israelí también prometió seguir atacando al grupo palestino, que el 7 de octubre de 2023 llevó a cabo el ataque más mortífero jamás perpetrado contra Israel. Las operaciones israelíes en Gaza, aunque continúan, parecen haber disminuido en intensidad en los últimos días.

Este sábado, el hospital Nasser, de Jan Yunis informó de tres personas heridas por disparos del ejército israelí.

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Las operaciones israelíes en Gaza han causado la muerte de 1.257 palestinos desde octubre del año pasado, cuando ambas partes acordaron un alto el fuego respaldado por Trump, según el ministerio de Salud del territorio, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

Durante el mismo período, el ejército israelí ha reportado cinco muertos en sus filas.

Fuente: AFP

El exabogado personal del presidente Donald Trump, Todd Blanche, fue confirmado este sábado como fiscal general de Estados Unidos después de que los senadores republicanos desestimaran las preocupaciones de los demócratas sobre una posible politización del Departamento de Justicia.

Blanche -quien ya se ha venido desempeñando como el principal responsable de la aplicación de la ley en Estados Unidos en calidad de fiscal general interino- representó a Trump como su abogado privado en varios juicios penales antes de entrar al gobierno.

El Senado, que los republicanos controlan por un estrecho margen, lo confirmó por 50 votos contra 49. Trump, que ha doblegado las normas políticas estadounidenses al intentar someter a su control directo agencias gubernamentales que se supone son independientes, considera a Blanche como una “estrella”.

Los demócratas se opusieron al nombramiento de Blanche desde el principio y acusaron a Trump de convertir el Departamento de Justicia en un arma política. “Se supone que el fiscal general es el abogado del pueblo”, dijo el martes el senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado.

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“El señor Blanche sigue actuando como el abogado personal del presidente, tratando al Departamento de Justicia como un bufete que presta servicios a un solo cliente: el presidente”, señaló.

Existían dudas sobre si la Casa Blanca lograría convencer a un pequeño grupo de republicanos reticentes, cuyo apoyo era indispensable para conseguir incluso una ajustada confirmación. Uno de los principales obstáculos para la confirmación de Blanche era su intento de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para lo que Trump considera víctimas de persecución judicial.

Era probable que ese fondo incluyera a los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 en un intento de insurrección para impedir que se certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Otro tema polémico fue una propuesta extraordinaria que otorgaba inmunidad a Trump frente a auditorías fiscales.

Blanche logró finalmente desactivar la oposición dentro de su propio partido al emitir en el fin de semana una orden escrita que eliminaba el llamado fondo contra la “instrumentalización política” de la justicia. También aclaró que el acuerdo de inmunidad frente a auditorías fiscales para Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo se aplicaría de manera retroactiva a ejercicios fiscales anteriores y no a futuras declaraciones.

Blanche ejercía ya como fiscal general interino desde que Trump destituyó en abril a Pam Bondi, otra figura considerada cercana al presidente. Desde entonces, ha estado estrechamente vinculado a lo que los demócratas califican como una campaña de “represalias” de Trump contra sus adversarios.

Blanche también ha sido objeto de críticas por parte de víctimas de Jeffrey Epstein por la forma en que gestionó la publicación de los archivos de la investigación sobre el condenado y hoy fallecido agresor sexual, en otro tiempo estrecho amigo de Trump.

Antes de incorporarse al Departamento de Justicia, Blanche representó a Trump en su juicio en Nueva York por los presuntos pagos realizados para comprar el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels.

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También integró su equipo de defensa en dos casos federales presentados contra Trump por el fiscal especial Jack Smith: uno por el presunto manejo indebido de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca y otro por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Ambos casos fueron desestimados después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024.

Fuente: AFP

Entre los invitados a la investidura estuvo el presidente de la República, Santiago Peña.

• AFP.

El ultraderechista Abe­lardo de la Espriella se posesionó ayer viernes como nuevo presi­dente de Colombia decidido a combatir con mano dura a guerrilleros y narcos, en un giro que estrecha lazos con Washington y sepulta las negociaciones de paz.

El abogado millonario de 48 años, que también posee la nacionalidad estadouni­dense y es aliado de Donald Trump, juró “cumplir fiel­mente la Constitución y las leyes” en una ceremonia en Cali (suroeste).

De la Espriella asumió para un periodo de cuatro años en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que gobernó Colombia y quien desconoce la elección de su sucesor. Petro denuncia un supuesto fraude electoral que ninguna autoridad respalda.

La ceremonia tuvo lugar en Cali, cerca de territorios bajo dominio de grupos armados que han desatado la peor ola de violencia en una década. “Por los anuncios que ha hecho se nota que va a ser como de una mano fuerte, ojalá que no vaya a haber una nueva violencia”, dijo a la AFP Óscar Obando, que con 67 años trabaja redac­tando documentos con una máquina de escribir en las calles de Cali.

De la Espriella, que se hace llamar el Tigre, se compro­metió a poner fin a los falli­dos planes de paz de Petro con organizaciones que tra­fican cocaína en el país con la mayor producción mundial de esta droga.

Ausente del acto en Cali, Petro abandonó a primera hora de la tarde la casa pre­sidencial en la capital junto a parte de su familia y sus cola­boradores. “Espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida”, dijo el man­datario saliente en su despe­dida.

Cali, afectada recientemente por atentados guerrilleros, fue blindada para la ocasión con el despliegue de 11.000 militares y la activación de un sistema antidrones. A la investidura de De la Esprie­lla asistieron una decena de jefes de Estado, delegados de la Casa Blanca liderados por el fiscal general de Estados Unidos, y varios cancilleres, incluido el de Israel.

El presidente de la República, Santiago Peña, en el marco de su visita oficial a Colombia para el traspaso de mando presidencial, realizó otras reuniones, una de ellas con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, como también con el presidente del Congreso colombiano, Honorio Enríquez Pinedo, y congresistas.

La situación regional y la situación de Venezuela fueron algunos de los puntos analizados durante la reunión, de acuerdo a la publicación realizada por el mandatario a través de sus redes sociales.

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“Dialogamos sobre el fortalecimiento de la democracia, la importancia de una mayor colaboración entre nuestros países y abordamos cuestiones regionales prioritarias, como la necesidad de apuntalar la democracia en Venezuela”, mencionó el presidente Peña.

En lo que respecta a temas legislativos, Peña indicó que acordaron llevar adelante una agenda bilateral y la vista de los parlamentarios. “Para seguir generando mejores condiciones de desarrollo, acordamos avanzar en una agenda legislativa bilateral, por lo que próximamente recibiremos la visita de una delegación de legisladores colombianos en nuestro país”, detalló el mandatario.

El jefe de Estado también se reunió con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, destacando que ambos gobiernos priorizarán la cooperación en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional y temas que tienen que ver con la integración en la región.

“Dialogamos sobre el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales. Durante la reunión priorizamos la cooperación en seguridad y la lucha conjunta contra el crimen transnacional organizado, además de abordar un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur para potenciar, de manera específica, el comercio y las inversiones con nuestro país, trazando un sendero de trabajo conjunto para el futuro”, detalló.

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