Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti imputaron ayer viernes al exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens en el caso Metrobús, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo, ocasionando un supuesto perjuicio de más de G. 14 mil millones con la suspensión del proyecto en el año 2018. El Ministerio Público solicitó la aplicación medidas alternativas a la prisión.

La Fiscalía señala que el 23 de octubre de 2018, apenas dos meses después de asumir el cargo de ministro del MOPC en el gobierno de Mario Abdo Benítez, Wiens “habría suscrito con la firma Mota-Engil un Acta de Entendimiento, donde acordaron suspender las obras de los tramos 2 y 3 del Proyecto BTR (Bus de Tránsito Rápido) […] y marcarían el inicio de la destrucción de las obras realizadas en el marco del proyecto Metrobús”.

“Posteriormente, el 1 de abril de 2020, el mismo Arnoldo Wiens Dürksen habría ordenado la destrucción parcial de otras obras –específicamente seis estaciones de autobús– construidas por la empresa Mota-Engil, en cumplimiento al Contrato S.G. n.° 100/2016; la destrucción habría culminado en el mes de mayo de 2020”, agrega la descripción fiscal de los hechos que se imputan, puntualizando que el proyecto registrado en ese momento “un avance físico real del 40 % aproximadamente”.

Según el relato fiscal, Wiens no llevaba ni un mes como ministro cuando manifestó la intención de truncar el Metrobus a través de la Resolución 1501/18, de fecha 5 de setiembre de 2018, en que dispuso disponer la intervención de la Unidad Coordinadora del Programa RU/BTR, por un plazo de días, plazo que fue prorrogando hasta junio de 2019.

Esta medida paralizó la ejecución de las obras y, el 20 de octubre de 2018, acompañado de autoridades del MOPC y varios escribanos, Wiens se constituyó en la zona de obras para constatar in situ el escenario en el que se encontraba el Tramo 3 del Proyecto BTR, atribuyendo ante la prensa al contratista un supuesto incumplimiento, tras su reclamo por la falta de pagos.

El acta de imputación destaca: “Asimismo, en esta entrevista ya habría demostrado su intención de no continuar con las obras y destruir lo construido hasta ese momento en cumplimiento del Contrato SG n.°: 100/16, al expresar que antes del fin de noviembre pretendía habilitar los dos lados de la avenida, eliminar todas las zanjas para que el tránsito pueda ser normal en la zona”.

Posteriormente, tras la intimación del 23 de octubre de 2018 a Mota-Engil por parte del interventor Sixto Morínigo, junto con el ingeniero de obras Eligio Pappalardo, alegaron que no existían causales para la suspensión de las obras, que el contratista había notificado por falta de liberación de áreas y conflictos con frentistas, entre otros. En esa misma fecha, el ministro Wiens suscribió un acta de entendimiento con la empresa para oficializar la suspensión del Metrobús, pero también ordenando nuevas obras no contempladas en el contrato original.

El Ministerio Público señala que las obras solicitadas por Wiens en el acta de entendimiento no correspondían al objeto original del Proyecto BTR-Metrobús, apartándose de lo establecido en el Contrato.

Las obras impuestas por Wiens “marcarían el inicio del daño a las obras que ya había construido hasta ese momento” y el brusco final del Metrobús. “Las obras solicitadas en la segunda Acta de Entendimiento, concluyeron el 30 de noviembre del año 2018 y el 5 de diciembre de 2018 ya se habrían puesto a disposición y utilización del MOPC, cumpliendo con el objetivo de habilitar las vías de circulación para todo tipo de vehículos”.

Con estas decisiones administrativas, el ministro abdista sepultó un ambicioso programa de “Reconversión del Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y las Oficinas del Gobierno”, planificado durante más de una década y que atravesó cuatro gobiernos. El proyecto Metrobús debía concluirse en el año 2019, a partir del contrato suscrito 31 de marzo de 2016 por la suma total de G. 400.000 millones, con un inicio de obras desde el 26 de noviembre de 2016.

El eje del caso se centra en el presunto daño patrimo­nial ocasionado al Estado a partir de decisiones adop­tadas durante la adminis­tración del entonces minis­tro Arnoldo Wiens.

Al inicio de su gestión, el propio titu­lar del MOPC conformó un Equipo Interventor del Pro­yecto RU/BTR, que durante nueve meses realizó un aná­lisis técnico y financiero integral sobre la situación de la obra.

La conclusión de ese equipo fue clara: las obras debían continuar. Sin embargo, pese a esa recomen­dación técnica y sin contar – según la investigación– con informes previos solicitados por la Procuraduría General de la República, se dispuso la destrucción de una parte sustancial de la infraestruc­tura ya ejecutada, específica­mente las estaciones 19 a la 24 del tramo 3 del corredor central sobre la ruta PY02.

La construcción de esas esta­ciones había representado una inversión estatal de G. 6.924.624.006.

A esa cifra se sumó luego un nuevo desembolso de G. 8.030.693.029 destinado a obras de rehabilitación del tránsito mediante interven­ciones no contempladas en el contrato original, incor­poradas a través del Acta de Entendimiento n.º 2. Es decir, se pagó primero por construir infraestructura del Metrobús y luego por modificarla para un uso dis­tinto.

El Ministerio Público sostiene que ambas sumas –la inversión demolida y el costo de las obras sustituti­vas– constituyen el monto base del perjuicio patrimo­nial atribuido a la decisión administrativa, al tratarse de recursos aplicados sin dar continuidad al proyecto que los justificaba.