Impulsan coordinación interinstitucional para fortalecer el sistema penitenciario
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En el marco del fortalecimiento del sistema penitenciario, el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, participó en una jornada de trabajo vinculada a la misión técnica del Programa EL PAcCTO 2.0, orientada a avanzar en la aprobación definitiva del Reglamento del CTI y en la elaboración del Plan de Actividades 2026.
El encuentro reunió a representantes de diversas instituciones del ámbito de la justicia y la seguridad, con el objetivo de consolidar mecanismos de cooperación interinstitucional y mejorar la gestión coordinada en materia penitenciaria. La iniciativa forma parte de un proceso de fortalecimiento técnico que busca optimizar la respuesta estatal frente a los desafíos del sistema.
Durante la jornada se dio continuidad a los procesos iniciados previamente entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Defensa Pública, la Policía Nacional y otros organismos estratégicos. La articulación entre estas entidades es considerada clave para garantizar mayor eficiencia en la administración penitenciaria y en las políticas de reinserción social.
Las autoridades destacaron la importancia de avanzar en instrumentos normativos claros y en una planificación estructurada que permita coordinar acciones de manera efectiva, fortaleciendo la capacidad operativa y técnica de las instituciones involucradas.
Con este tipo de espacios de trabajo, el Estado apunta a consolidar una gestión más integrada, transparente y orientada a resultados, reforzando el compromiso con la seguridad pública y el respeto a los principios legales en el ámbito penitenciario.
Socializan Ley que permite reducción de penas a través del trabajo
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El Ministerio de Justicia continúa con las jornadas de socialización de la Ley N.º 7621/2025 que permite la reducción de penas a través del trabajo y el estudio.
En esta ocasión, la charla llegó al Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple), donde se pudo abarcar al 100 % de la población.
De esta manera los instructores aseguraron el acceso equitativo a la información sobre los beneficios previstos en la citada legislación.
Las autoridades del Ministerio de Justicia destacan que la socialización de la normativa constituye una herramienta clave para que las personas privadas de libertad puedan tomar decisiones informadas sobre su proceso de reinserción.
Durante los encuentros se explicaron los derechos y beneficios establecidos en la normativa, promoviendo el conocimiento jurídico y la redención de la pena asociada al trabajo penitenciario.
Las jornadas fueron coordinadas por la Dirección de Bienestar y Reinserción Social, bajo la conducción de María Rosalía González.
Se busca el fortalecimiento del impacto de las políticas públicas orientadas a una justicia más restaurativa y humana.
La diputada Rocío Abed presentó un pedido de informes al Ministerio del Interior a fin de conocer la cantidad de efectivos policiales asignada al Departamento del Alto Paraná. Foto: Archivo
Diputados solicitan datos sobre efectivos policiales y seguridad en Alto Paraná
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A instancias de la diputada nacional Rocío Abed, el plenario de la Cámara de Diputados, en el estadio de sobre tablas, aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior y Policía Nacional”. Por el cual, la parlamentaria solicita datos acerca de la dotación policial asignada al departamento de Alto Paraná.
La legisladora explicó que, a través de este pedido de informe, el objetivo es conocer la cantidad total de efectivos policiales, actualmente, asignada al departamento del Alto Paraná, especificando su distribución detallada por cada distrito.
De acuerdo a la exposición de motivos, señala que se solicita este informar sobre las estrategias y medidas implementadas en la actualidad para enfrentar la inseguridad y proteger a la ciudadanía altoparanaense.
A su vez, exige conocer si se han reforzado los patrullajes, controles o presencia policial en áreas críticas, y si existe coordinación entre autoridades locales y municipales para enfrentar el problema.
La diputada Abed sostuvo que, como es de público conocimiento, la inseguridad continúa golpeando a su departamento, con un preocupante aumento de robos y asaltos que incluso han cobrado vidas.
“Ante esta situación, considero fundamental conocer qué estrategias y medidas se están implementando para enfrentar este flagelo y proteger a la ciudadanía”, expresó la parlamentaria ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Critican evento del Ministerio del Interior en estancia Pindó
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A través de un comunicado la agroganadera manifestó su repudio a una jornada comunitaria dentro de colonia de ocupantes.
La empresa Estancia Pindó SA, legítima propietaria de un inmueble rural ubicado en el departamento de Canindeyú, comunicó a la opinión pública mediante un comunicado “su profunda preocupación y absoluto repudio ante los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2026, fecha en la que autoridades del Ministerio del Interior de Paraguay llevaron adelante una jornada comunitaria dentro de la colonia Primero de Marzo, ubicada en la referida propiedad”.
La firma Pindó SA refiere que el inmueble en cuestión se encuentra ilegítimamente ocupado desde hace aproximadamente 13 años por grupos organizados que se autodenominan “campesinos sin tierra”. Esta situación ha sido oportunamente denunciada ante las autoridades competentes y las acciones legales correspondientes se encuentran actualmente en trámite, señalan los propietarios.
El comunicado enfatiza que “resulta particularmente grave que autoridades públicas hayan ingresado al inmueble sin conocimiento, autorización ni coordinación alguna con sus legítimos propietarios, desarrollando actividades institucionales dentro de una propiedad privada que se encuentra en conflicto jurídico”. Sostienen que el accionar del Ministerio del Interior contraviene principios fundamentales del Estado de derecho, tales como: el respeto al derecho de propiedad consagrado constitucionalmente. La obligación de neutralidad del Estado frente a conflictos entre particulares. El deber de las autoridades de actuar estrictamente dentro del marco de la legalidad.
Asimismo, indican que “la presencia de instituciones públicas en el lugar, en tales condiciones, genera un mensaje equívoco y peligroso que puede interpretarse como una legitimación de ocupaciones irregulares, debilitando la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones”. Finalmente, Estancia Pindo SA reafirma su pleno respeto por el diálogo social y la paz, siempre dentro del marco de la ley.
La empresa Pindó S.A., considera grave que autoridades públicas hayan ingresado al inmueble sin conocimiento, autorización ni coordinación alguna con sus legítimos propietarios para realizar trabajos comunitarios. Foto: Archivo
Estancia Pindó critica actividad del Ministerio del Interior en propiedad privada
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La empresa Estancia Pindó S.A., legítima propietaria de un inmueble rural ubicado en el Departamento de Canindeyú, comunica a la opinión pública su profunda preocupación y absoluto repudio ante los hechos ocurridos este 26 de marzo de 2026, fecha en la que autoridades del Ministerio del Interior de Paraguay llevaron adelante una jornada comunitaria dentro de la colonia “Primero de Marzo”, ubicada en la referida propiedad.
La firma Pindó S.A. refiere que el inmueble en cuestión se encuentra ilegítimamente ocupado desde hace aproximadamente 13 años por grupos organizados que se autodenominan “campesinos sin tierra”. Esta situación ha sido oportunamente denunciada ante las autoridades competentes y las acciones legales correspondientes se encuentran actualmente en trámite.
El comunicado enfatiza que “resulta particularmente grave que autoridades públicas hayan ingresado al inmueble sin conocimiento, autorización ni coordinación alguna con sus legítimos propietarios, desarrollando actividades institucionales dentro de una propiedad privada que se encuentra en conflicto jurídico”.
Sostienen que el accionar del Ministerio del Interior contraviene principios fundamentales del Estado de Derecho, tales como: el respeto al derecho de propiedad consagrado constitucionalmente; la obligación de neutralidad del Estado frente a conflictos entre particulares y el deber de las autoridades de actuar estrictamente dentro del marco de la legalidad.
Asimismo, indican que “la presencia de instituciones públicas en el lugar, en tales condiciones, genera un mensaje equívoco y peligroso que puede interpretarse como una legitimación de ocupaciones irregulares, debilitando la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones”.
Finalmente, Estancia Pindó S.A. reafirma su pleno respeto por el diálogo social y la paz, siempre dentro del marco de la ley. Exige a las autoridades competentes explicaciones formales sobre lo ocurrido y se reserva el ejercicio de todas las acciones legales para la defensa de sus derechos. La empresa insta a las autoridades a garantizar el respeto irrestricto a la propiedad privada y a canalizar cualquier intervención estatal a través de los mecanismos judiciales pertinentes.