La Comisión Permanente del Congreso aprobó un proyecto de declaración por el cual se insta a varias instituciones del Estado a adoptar medidas urgentes para destrabar el conflicto de tierras en la localidad de Ypehú, departamento de Canindeyú.
La iniciativa exhorta al Ministerio Público, al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), al Ministerio del Interior (MI) y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) a intervenir de manera inmediata ante la situación de inseguridad jurídica y social que enfrenta la zona. El documento fue presentado a instancias del diputado Benjamín Cantero (ANR-Canindeyú).
El conflicto involucra a una firma agropecuaria y a la comunidad indígena en formación Tekoha Karapá, cuya situación territorial se encuentra en disputa. En la exposición de motivos se recuerda que, tras una visita técnica realizada el pasado 16 de enero por legisladores y autoridades del Ejecutivo, se asumieron compromisos institucionales que hasta la fecha no han tenido el impulso ni la ejecución operativa necesarios.
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El texto advierte que la inacción institucional no solo prolonga el riesgo de eventuales enfrentamientos, sino que también desestima el esfuerzo de mediación impulsado por el Congreso Nacional. En ese contexto, los miembros de la Comisión Permanente subrayan la necesidad de un pronunciamiento formal que exija el cumplimiento de las funciones legales de cada entidad involucrada.
El proyecto insta a la Fiscalía General del Estado a impulsar, con prioridad y objetividad, las investigaciones penales relacionadas con las denuncias presentadas en torno al conflicto, asegurando que la acción penal pública actúe como freno ante posibles hechos punibles.
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Asimismo, exhorta al INDI a realizar de inmediato un censo y un análisis técnico de la comunidad en formación, emitiendo un dictamen jurídico claro que brinde certeza tanto a los integrantes del grupo indígena como a los propietarios afectados.
Finalmente, se solicita al Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, garantizar de manera efectiva la seguridad, el respeto a la propiedad privada y la integridad de todas las personas involucradas, colaborando con las autoridades judiciales en el cumplimiento de las órdenes vigentes.