El senador Dionisio Amarilla afirmó que la reforma de la Caja Fiscal debe concretarse para evitar el colapso del sistema previsional.
“La reforma de la Caja Fiscal si no se hiciere este año probablemente a partir del 2028 quedará un sinnúmero de damnificados como en su momento tuvo la Caja de Jubilados Bancarios”, señaló a los medios de prensa.
El congresista recordó que ante esta crisis se tuvo que recortar al 50 % la remuneración de los jubilados y también han tenido que apelar a la venta de propiedades.
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“Es una caja que tiene otra matriz de funcionamiento. Entonces, me parece a mí que algunos en vez de profundizar el estudio de la propuesta que viene del poder Ejecutivo, han salido a soliviantar los espíritus cuando que en realidad a mí sí me preocupa también la suerte de los que están en situación de jubilados y pensionados”, refirió.
La Cámara de Senadores tenía previsto tratar en sesión extraordinaria de este martes el citado proyecto de ley remitido por el poder Ejecutivo. Pero finalmente los legisladores resolvieron postergar para el 25 de marzo el estudio en plenaria.
En tanto, más de 10.000 manifestantes se congregaron en los alrededores del Congreso para presionar por el rechazo del proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
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Kast da marcha atrás en su reforma de seguridad ante escaso apoyo en Chile
El gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el retiro en el Congreso de su proyecto de reformas a la seguridad que generó escasos apoyos y críticas de diversos sectores políticos, incluido el oficialismo.
El paquete proponía ocho modificaciones a la Constitución, entre estas la creación de un estado crítico de excepción que podría decretarse por 240 días, sin aprobación del Parlamento, y restringir las libertades de movimiento y reunión en caso de grave amenaza para la seguridad pública.
Su retiro el martes por la noche es un duro golpe para el mandatario ultraderechista. El endurecimiento de las medidas de seguridad fue una de sus principales propuestas de campaña de mano dura contra el crimen.
Una comisión del Senado trabajó paralelamente en otra reforma para reemplazar la del oficialismo. El ejecutivo optó por respaldar este proyecto, que fue ingresado el miércoles.
“Dado ese trabajo (de los senadores) y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado”, dijo en un mensaje televisado desde el Congreso el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
El nuevo proyecto busca calificar al crimen organizado como una amenaza contra los derechos fundamentales, segregar a los presos para evitar delitos desde las cárceles y establecer la duración de los estados de emergencia en 30 días, cuyas prórrogas deben tener autorización parlamentaria.
La propuesta original de Kast fue ampliamente reprobada por los legisladores, incluidos varios de sus aliados derechistas y de la propia coalición de gobierno.
La oenegé internacional Human Rights Watch expresó preocupación por el estado de excepción planteado y otras medidas relacionadas, como la posibilidad de interceptar comunicaciones y requisar bienes.
Cientos de manifestantes salieron a las calles de Santiago en setiembre para rechazar las reformas y protagonizar choques con la policía.
Chile es uno de los países más seguros de América Latina, aunque los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales como el Tren de Aragua.
La tasa de homicidios de Chile fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década.
- Fuente: AFP
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Latorre aboga por la reforma del sistema de salud pública “como solución definitiva”
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, manifestó que, tras el histórico acuerdo alcanzado entre el gobierno de Santiago Peña y el gremio de los médicos, se vuelve necesario avanzar en una reforma del sistema de salud pública que otorgue una solución definitiva a los problemas que aquejan al área social. El convenio de anoche encamina al levantamiento de la huelga nacional y la plena normalización de los servicios en los hospitales públicos.
“Quiero celebrar el acuerdo al que llegaron los médicos, estoy convencido de que esto es un paso más en favor de la salud pública, en favor a que todos podamos acceder a una salud de calidad. Mis felicitaciones para el gremio de médico como para el presidente de la República, Santiago Peña”, expresó el titular legislativo, este martes, a los medios de comunicación.
El parlamentario dijo también que “el desafío ahora será que haya medicamentos, que el servicio sea de calidad, que la gente encuentre al personal de salud predispuesto, pero para mí una solución definitiva debe ser una reforma del sistema de salud”.
El acuerdo contempla un reajuste total de G. 2.000.000 por vínculo para los médicos contratados y permanentes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPy BS). La implementación será progresiva durante el próximo año, es decir, percibirán G. 500.000 en el mes de abril, G. 500.000 adicionales en el mes de julio y G. 1.000.000 en el mes de diciembre.
A esta mejora se suma la desprecarización de 2.300 médicos contratados, orientada a avanzar hacia mejores condiciones laborales y fortalecer los recursos humanos. Además se fija el pago de G. 1.000.000 por cada feriado efectivamente trabajado y mayores recursos para insumos y medicamentos, en el marco de la prioridad otorgada por el Gobierno nacional al fortalecimiento de la salud pública.
“Este es un acuerdo que beneficia a todas las partes, es el incremento más importante para el gremio en más de una década. Yo siempre sostuve que los médicos se merecen, nosotros debemos tener bien remunerado a nuestro personal de salud”, puntualizó.
Designación de Fretes en Salud Pública
Con relación a la decisión de Peña de designar al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, como nuevo ministro de Salud Pública, en reemplazo de María Teresa Barán, el legislador expresó que “es una movida acertada porque es una persona que está teniendo muy buena gestión, es una persona que viene con mucho carácter y sed de transformación y existe mucho por cambiar en el sistema sanitario”, acotó.
El parlamentario señaló que “Fretes tiene un modelo de comunicación que transparenta absolutamente todo y que conecta con el ciudadano que es una responsabilidad por parte de quienes ejercemos cargo público. Es un cambio que era necesario y que entra de manera oportuna para oxigenar el gabinete de Peña”.
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Gobierno descarta subir impuestos y apunta a las exenciones para generar más recursos
Mejorar la eficiencia del sistema tributario, atender las deudas y ordenar el gasto serán las prioridades, según explicó el ministro de Economía, Oscar Lovera, quien defendió el proyecto de PGN 2027 presentado ante el Congreso.
PGN 2027 y perspectivas. El Gobierno no prevé subir las tasas de los impuestos ni crear nuevos tributos, pero sí abrió la puerta a revisar exenciones y regímenes especiales que actualmente reducen la recaudación.
El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, afirmó durante una entrevista en Universo 970 que esta será una de las vías para generar mayor espacio fiscal, en paralelo al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, presentado ayer ante el Congreso.
El proyecto contempla un monto global de G. 166,3 billones (USD 25.754,4 millones), 11,2 % más que el presupuesto de 2026. Lovera aclaró que la comparación en dólares está influida por el tipo de cambio. El presupuesto 2026 fue elaborado con una cotización de G. 7.881, mientras que para 2027 se utilizó G. 6.458. Por eso, el presupuesto vigente de 2026, llevado al tipo de cambio actual, ronda los USD 22.800 millones.
“Nosotros no vamos a tocar tasas de los impuestos o crear nuevos impuestos”, sostuvo Lovera. La revisión se concentra en el llamado gasto tributario, que incluye exenciones, deducibilidades y regímenes especiales.
Según estudios mencionados durante la entrevista, este concepto ronda los USD 1.000 millones, aunque el ministro aclaró que no todo ese monto necesariamente podría convertirse en mayor recaudación.
La discusión apunta a determinar si los beneficios que fueron creados con determinados objetivos siguen teniendo sentido. Como ejemplo, Lovera mencionó la exención para la importación de vehículos flex, vigente desde hace más de 30 años, y señaló que las condiciones que justificaron originalmente ese incentivo cambiaron.
Más inversión y orden de deudas. En el PGN 2027, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tendrá un incremento de 34 %, pasando de unos USD 738 millones a USD 1.000 millones. Además, se prevé sostener más inversiones para viviendas sociales y avanzar con nuevas obras, entre ellas el Corredor del Sur, con una inversión superior a USD 220 millones.
El ministro también destacó el tratamiento de las deudas de Salud. De los USD 1.050 millones de atrasos del Ministerio de Salud, unos USD 850 millones correspondían al sector farmacéutico. Mediante la cesión de derechos de cobro, se estructuraron USD 394 millones en 36 cuotas mensuales de aproximadamente USD 11 millones, permitiendo dar liquidez a proveedores y distribuir el compromiso en el tiempo.
La pulseada salarial. El conflicto con los médicos aparece como otro de los grandes desafíos. Lovera reconoció que el sistema actual presenta una desigualdad entre unos 3.100 funcionarios nombrados, que cuentan con escalafón, y unos 9.000 contratados, cuyo salario permanece plano.
Para el ministro, un aumento generalizado no resolvería esa distorsión y podría encarecer aún más una futura corrección. La propuesta es avanzar hacia una carrera sanitaria viable y discutir eventualmente una asignación transitoria mientras se construye ese esquema.
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Estabilidad laboral: abren espacio de diálogo entre empresarios y trabajadores
La estabilidad laboral de los trabajadores con 10 años de antigüedad es un tema que arrastra varias posiciones en el ámbito empresarial. Mientras algunos gremios consideran que el régimen vigente desincentiva la contratación y la permanencia de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) sostiene que cualquier eventual reforma debe surgir del consenso entre todos los sectores.
En conversación con La Nación/Nación Media, el director de Trabajo, Jorge Rivas, explicó que la iniciativa de discutir el régimen actual proviene del sector patronal. Sin embargo, aclaró que el rol de la institución es actuar como articulador del diálogo y no tomar partido por una de las posiciones.
“Como autoridad administrativa tenemos que escuchar a todos: trabajadores y empleadores”, afirmó y señaló que la experiencia demuestra que las mesas de diálogo tripartitas han permitido alcanzar acuerdos importantes en materia laboral.
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Actualmente, la legislación establece que, cumplidos 10 años de antigüedad, un trabajador adquiere estabilidad especial. Esto no impide su despido, pero obliga al empleador a justificar judicialmente la causa cuando pretende extinguir la relación laboral.
Además, entre los 9 años y seis meses y los 10 años rige el denominado “período de sospecha”, en el que la ley presume que un despido sin causa podría buscar evitar que el trabajador alcance esa estabilidad.
Rivas también se refirió a una práctica conocida como la “compra de antigüedad”, mediante la cual algunos trabajadores son despedidos antes de cumplir los diez años y luego reincorporados.
Explicó que, si se comprueba que existió una simulación para eludir la estabilidad laboral, el caso puede derivar en investigaciones administrativas e incluso en acciones judiciales por fraude laboral.
El funcionario añadió que hoy los principales conflictos laborales que llegan a la institución siguen vinculados a la terminación de la relación laboral, especialmente por diferencias entre trabajadores y empleadores sobre si el despido fue con o sin causa, aspecto que define el pago de indemnizaciones y otros beneficios.