El proyecto de reforma que busca crear el código de defensa del consumidor prevé actualizar una legislación creada en 1998 para adaptarla a un mercado completamente distinto al de hace casi 30 años.

Así lo explicó al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media la titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, quien defendió la necesidad de modernizar las herramientas jurídicas frente al avance de las plataformas digitales, las redes sociales, la inteligencia artificial y los nuevos mecanismos de financiamiento.

Señaló que el mercado actual ya no se parece al existente cuando se aprobó la normativa vigente, por lo que muchas situaciones cotidianas quedaron sin regulación específica.

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“Hoy tenemos inteligencia artificial, plataformas digitales, publicidad en redes sociales y nuevas dinámicas comerciales que no existían en el año 98”, sostuvo Irún. Uno de los puntos centrales de la reforma apunta, justamente, al entorno digital.

En ese sentido, el nuevo proyecto incorpora reglas más claras para la publicidad en redes sociales, las ventas online y las relaciones de consumo dentro de plataformas digitales, sectores donde actualmente existen vacíos legales que generan conflictos frecuentes entre consumidores y proveedores.

Irún explicó además que gran parte de las nuevas disposiciones ya se vienen aplicando en la práctica mediante criterios administrativos y jurisprudencia, pero que ahora buscan quedar expresamente establecidas en la ley para dar mayor previsibilidad y seguridad jurídica tanto a consumidores como a empresas.

Otro de los capítulos que genera mayor debate es el relacionado con el sistema financiero y el denominado “préstamo responsable”. La propuesta establece que bancos, cooperativas y entidades financieras deberán informar y advertir con mayor claridad sobre las consecuencias de los créditos otorgados, especialmente en relación con la capacidad de pago y los riesgos de sobreendeudamiento.

Según detalló la ministra, la intención no es restringir el acceso al crédito, sino garantizar que el consumidor tome decisiones con información suficiente. Actualmente, explicó, muchas operaciones digitales se realizan de manera automática, con contratos extensos y condiciones poco comprendidas por los usuarios.

“El consumidor sigue teniendo la decisión final. Lo que buscamos es que entienda las consecuencias del crédito y que el proveedor también pueda demostrar que informó correctamente”, afirmó la titular de la Sedeco.

La reforma también incorpora herramientas inéditas en Paraguay, como las acciones colectivas, que permitirán agrupar reclamos de múltiples consumidores afectados por una misma situación. La medida apunta a evitar cientos de juicios individuales por montos pequeños y fortalecer la protección colectiva.

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El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.° 5929/2026, mediante el cual se reglamenta el régimen de seguridad social para los empleados públicos contratados de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

La normativa dispone la incorporación obligatoria de estos trabajadores al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cumplimiento de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil.

La medida será efectiva a partir del segundo semestre del presente ejercicio fiscal. Como paso previo, los empleados contratados deberán gestionar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la baja o suspensión de su registro en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través del Sistema Marangatu, ya que dejarán de facturar como prestadores de servicios para pasar a ser cotizantes directos de la Caja Fiscal.

Si bien los contratados dependientes del Poder Ejecutivo inician sus aportes este año, el decreto establece un cronograma para el resto de los Organismos y Entidades del Estado. Estos se incorporarán de manera gradual, teniendo como plazo máximo el 1 de enero de 2028.

Un punto clave de la reglamentación, basada en el artículo 84 de la Ley N.° 7445/2025, es la preservación de la antigüedad. En caso de que un empleado contratado pase a ser funcionario permanente mediante concurso o asuma un cargo electivo, seguirá aportando de forma ininterrumpida, y su antigüedad se computará desde el primer aporte realizado bajo la figura de empleado público.

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Los OEE serán los encargados de efectuar las retenciones correspondientes sobre las remuneraciones imponibles. Para viabilizar la liquidación, cada contrato registrado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) deberá incluir obligatoriamente el código de cotizante.

Quedan exceptuados de esta medida, los contratados por productos específicos; las consultorías; y los servicios profesionales independientes que no impliquen una relación de dependencia con el Estado. Estas categorías continuarán rigiéndose por las disposiciones tributarias y administrativas actuales.

El MEF será la autoridad encargada de reglamentar los procedimientos técnicos y contables. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios en el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE), para garantizar que la transición operativa y el flujo de los aportes jubilatorios se realicen de manera eficiente y segura.

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La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) lanzó un manifiesto en el que, si bien reconoce avances del gobierno, advierte sobre problemas estructurales que siguen sin resolverse y que, a su criterio, frenan el desarrollo del país.

En el documento, los empresarios valoran medidas adoptadas en los últimos años, como reformas vinculadas a inversiones, maquila y modernización institucional, señalando que “estos logros existen”. Sin embargo, el foco del mensaje está puesto en el manejo del gasto público, la falta de reformas de fondo y la persistencia de privilegios en el Estado.

Feprinco cuestiona la falta de avance en la reforma de la Caja Fiscal y advierte que el sistema previsional público “seguirá siendo una burbuja de privilegios injustos”, generando inequidades frente al sector privado y trabajadores informales.

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En esa línea, también apunta al prebendarismo y a decisiones políticas que priorizan intereses electorales por sobre el bien común.

Uno de los ejes centrales del manifiesto es el rechazo a un eventual aumento de la carga tributaria. “¡El camino es ampliar la base, no asfixiar a los que sostienen el sistema!”, dicen e insisten en que el problema no está en quienes ya cumplen, sino en la informalidad.

También advierten sobre el uso ineficiente de los recursos públicos y señalan que el presupuesto se construye con supuestos poco realistas, lo que termina afectando la inversión. “Se ajusta donde más duele. Se reduce aún más la inversión en infraestructura y no se honran los compromisos”, alertan.

En materia económica, cuestionan medidas que califican como “caramelos políticos”, como reformas laborales regresivas o propuestas que no apuntan a mejorar la productividad. Para el sector empresarial, el foco debe estar en generar empleo de calidad y no en decisiones de corto plazo. “El ingreso no se decreta, el ingreso se construye”, remarcan.

El manifiesto también pone énfasis en la necesidad de mejorar servicios básicos. Plantea que el problema no es solo el nivel de ingresos, sino el costo de vida, y señala que el Estado debe garantizar transporte eficiente, salud y servicios de calidad para aliviar la carga sobre las familias.

Entre los principales reclamos, Feprinco exige una reforma integral del Instituto de Previsión Social (IPS), denunciando deficiencias en la gestión y falta de respuesta a los aportantes. “El tiempo se agotó. Exigimos una reforma integral e inmediata del IPS”, remarcan.

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La recientemente aprobada reforma en el sistema de pensiones del sector público ofrece “beneficios limitados” para las finanzas públicas del Paraguay, sostiene la calificadora internacional de riesgo Fitch Ratings.

Sin embargo, ante ello explica que es muy probable que se necesiten reformas adicionales para contener y reducir el déficit del sistema.

Las reformas al sistema de pensiones del sector público (Caja Fiscal) fueron aprobadas por el Congreso y firmadas por el presidente Santiago Peña en marzo pasado.

En su más reciente reporte, la calificadora señala que a pesar de que la reforma aprobada en el Congreso suavizó significativamente la propuesta original del gobierno, la misma sigue siendo coherente con la previsión de que el déficit de la caja fiscal de Paraguay disminuirá al 1,5 % del PIB en 2026 y que se mantendrá prácticamente sin cambios en 2027.

En tanto, advierte que las presiones fiscales están aumentando. En ese sentido, mencionó que las deudas registradas con proveedores del Estado podrían ejercer presión al alza sobre el déficit en 2026 si se liquidan directamente, o a mediano plazo si se liquidan mediante factoring u otros mecanismos.

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“Estimamos que el logro de la meta de déficit del 1,5 % respaldaría la estabilización de la deuda pública/PIB en torno al 31,6 % en 2026, una de las más bajas entre los países con calificación ‘BB’. Los bajos déficits fiscales y la deuda son factores que contribuyen a la perspectiva positiva de la calificación soberana ‘BB+’ de Paraguay, junto con un sólido desempeño y perspectivas de crecimiento gracias a una sólida cartera de inversiones y aumentos estructurales en la aún baja base de ingresos», señala el reporte.

Como conclusión, indica que la reforma fiscal de la caja de marzo difícilmente será un catalizador por sí sola para una mejora de la calificación soberana, ya que solo aborda modestamente los desafíos estructurales que podrían complicar el cumplimiento de las metas fiscales.

“Las perspectivas de una mejora de la calificación probablemente dependerán de otros esfuerzos para garantizar un bajo déficit fiscal, la sostenibilidad del sólido crecimiento y la dinámica de inversión de Paraguay, y una gestión exitosa de la crisis del petróleo”, concluye.

Las estimaciones del gobierno muestran que se estabilizará en el 1,2 % del PIB a partir de 2032, en comparación con el 1,6 % en un escenario sin reforma, aunque esto podría capturar principalmente la contribución estatal, lo que significa un beneficio menor para el saldo del gobierno central.

La reforma aprobada diluyó significativamente la propuesta original del gobierno que contemplaba una edad mínima de jubilación de 57 años y una contribución gubernamental menor del 3 %, tras la oposición del Congreso y las protestas públicas.

Esto pone de relieve el desafío institucional de reformar completamente la Caja Fiscal, a pesar del fuerte impulso reformista en otras áreas.

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