“Esta reforma no los perjudica. Muy por el contrario, es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, fue el mensaje lanzado por el diputado colorado David Jara a los sectores afectados por la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
“Acá lo más importante es que puedan cobrar efectivamente sus haberes. La seguridad social solo puede ser digna si es sostenible”, dijo el legislador en medio de los anuncios de la continuación de movilizaciones en varios puntos del país teniendo en cuenta que el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta se prevé para el martes 10 de febrero.
“Nos encaminaríamos a una quiebra que aún estamos a tiempo de evitar, pero únicamente si tomamos decisiones responsables y estructurales”, advirtió el parlamentario en caso de que la propuesta de reforma no prospere en el Congreso Nacional.
Las afirmaciones de Jara surgen teniendo en cuenta las declaraciones de legisladores opositores y disidentes colorados, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supuestamente de manera apresurada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.
A dichas afirmaciones se suman las amenazas provenientes principalmente de los gremialistas docentes como el abdista Silvio Piris, señalado por percibir casi G. 48 millones mensuales en haberes, quien amenazó con la aplicación del voto castigo contra el oficialismo colorado en las elecciones municipales y de ir a una huelga para truncar el inicio de clases previsto el 23 de febrero, en caso de concretarse la sanción de la reforma.
PROYECTO APROBADO
El proyecto de reforma de la Caja Fiscal aprobado en Diputados establece que el aporte patronal o estatal será del 5 %, el cual será aplicado de forma gradual, iniciando desde un 2 % en el 2027 hasta llegar al 5 % en el cuarto periodo, es decir, en el 2030.
Mientras que el aporte personal, de sancionarse la versión Diputados, seguirá en un 16 % para funcionarios con superávit y un 19 % para los sectores deficitarios, en este último caso corresponde a docentes, magistrados y fuerzas públicas.
Respecto a la edad para acceder al beneficio para los docentes y magistrados se plantea una edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, con un aporte mínimo de 25 años, y una tasa de sustitución de 70 % hasta llegar a un 85 %.
Mientras que para la extraordinaria, se dispone de una edad mínima de 55 años, con un aporte mínimo de 30 años; además de una tasa de sustitución de 70 %.
El cálculo promedio tendría como base los últimos 5 o 10 años de aporte, dependiendo de cada caso. Para las fuerzas públicas, se propone una edad mínima de 57 años, 25 años de aporte, y tasas de 60 % a 85 %. Sus haberes serían promediados con base en los últimos cinco años de servicio.