El presidente de la República, Santiago Peña, destacó el avance de las obras en el marco del proyecto 1.000 Km en el departamento de Alto Paraná. La palada inicial se realizó en julio del año pasado, y para febrero de este año ya llegó a los distritos de Naranjal, San Cristóbal, Minga Guazú, Hernandarias, entre otros. En Alto Paraná, el objetivo es pavimentar unos 34 km.
“Obras que se ven, progreso que se siente. Kilómetros que impulsan el resurgir de un gigante”, destacó el mandatario este sábado a través de su red social X. Peña resaltó que este proyecto impulsado por el Gobierno nacional no solo transforma las comunidades, sino también llevan el desarrollo y empleo en las localidades beneficiadas.
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“El Plan 1.000 Km avanza sin pausa en el Alto Paraná. Llevamos caminos de todo tiempo a quienes esperaron por años una respuesta concreta. Transformamos la realidad de las comunidades con obras que conectan, dignifican y generan desarrollo real en el décimo departamento”, sentenció.
El ambicioso “Plan 1.000”, es financiado con recursos de la Itaipú Binacional en un trabajo articulado con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que contempla la aplicación de diversas técnicas constructivas como empedrados, adoquinados, hormigón y pavimento rígido urbano. El objetivo es mejorar la conectividad, fortalecer la economía regional y elevar la calidad de vida de los ciudadanos en todos los distritos del país.
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Elevar penas por corrupción: “La clase política tiene que dar señales claras”, afirma Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, celebró la aprobación en general del proyecto de ley que tiene como finalidad endurecer los castigos contra la corrupción pública y privada en el Paraguay, fijando las penas carcelarias máximas de hasta 15 a 25 años para ciertos delitos. Sin embargo, queda aún pendiente en la Cámara Baja su tratamiento en particular, es decir artículo por artículo.
“Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas. La justicia tardía tampoco es justicia, nosotros la clase política tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, dijo Latorre en un materia audiovisual compartido en sus redes sociales.
El legislador manifestó que “este proyecto podrá no ser la solución definitiva, pero es sin lugar a dudas una señal, una posición que anticipa lo que serán nuestros esfuerzos para combatir con todas nuestras fuerzas a la corrupción y la impunidad en el Paraguay”.
La iniciativa se centra en la modificación de los artículos 192, 239, 298, 300, 301, 305 y 312 de la Ley 1.160/1997, Código Penal, y su modificatoria, Ley 3.440/2008, que modifica varias disposiciones de la Ley 1.160/97, Código Penal; y los artículos 3°, 4°, 7° y 8° de la Ley 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.
El proyecto plantea elevar las penas para delitos como lesión de confianza, asociación criminal, quebrantamiento del depósito, cohecho pasivo y agravado, prevaricato, exacción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
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La propuesta estipula que la lesión de confianza podrá ser castigada con hasta 15 años de prisión cuando el responsable sea funcionario público y el hecho haya sido cometido en ejercicio de sus funciones. En casos de asociación criminal que afecten el patrimonio del Estado y cuenten con participación de funcionarios, la pena también podrá llegar a 15 años.
Con relación al hecho punible de cohecho pasivo se fija una pena de hasta 8 años, mientras que, en su modalidad agravada, 15 años, cuando intervengan jueces o árbitros y se vulneren deberes.
Respecto al prevaricato podría ser sancionado con hasta 15 años en casos especialmente graves y la exacción con hasta 10 años. El proyecto también establece penas de hasta 10 años para el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, mientras que para quienes incurran en administración en provecho propio, mediante actos o contratos administrativos que otorguen beneficios indebidos para sí o sus familiares, hasta 15 años de prisión.
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Campaña benefició a 15.000 adultos mayores
La Cámara de Diputados presentó ayer un informe de la asistencia brindada por la Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores, destacando que fueron beneficiadas más de 15.000 personas.
En tres años de implementación del programa de asistencia integral llegó a 10 departamentos y 34 distritos, ofreciendo cobertura a un promedio de 5.000 adultos mayores por año, quienes accedieron a servicios de asistencia, orientación, atención médica y provisión de medicamentos además de vacunación, documentación y acompañamiento. La diputada Johana Vega, presidenta de la citada comisión asesora, hizo un recuento de los principales resultados obtenidos y resaltó el alcance territorial que adquirió la campaña durante los últimos años.
“Esta iniciativa fue creciendo y llegando a distintas comunidades del país, beneficiando a más de 15.000 personas adultas mayores. Durante este recorrido, acercamos asistencia, orientación, atención médica, medicamentos, vacunación, documentación y acompañamiento, brindando respuestas concretas a sus necesidades”, afirmó.
La legisladora mencionó especialmente la entrega gratuita de lentes, las gestiones para cirugías oculares y el acompañamiento para el cobro de subsidios entre las acciones desarrolladas durante las jornadas. Asimismo, agradeció el respaldo institucional del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el acompañamiento del presidente de la República, Santiago Peña.
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Estrategia de inclusión financiera tiene alto componente social, educativo y de desarrollo
El Gobierno presentó este miércoles la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (Enif) para el periodo comprendido entre 2026 y 2031. El plan dado a conocer tiene un alto componente social, al apuntar a personas en situación de pobreza y adultos mayores. Además, contará con un enfoque educativo y de desarrollo económico, a través de trabajadores independientes y el sector de las micro, medianas y pequeñas empresas (Mipymes).
Al acto protocolar asistieron el presidente de la República, Santiago Peña; el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera; y, obviamente, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; Carlos Romero Roa, titular del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), entre otras autoridades.
Los encargados de dar a conocer los detalles de la Estrategia Nacional fueron el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz, y la secretaria ejecutiva del Comité Nacional de Inclusión Financiera, Vivian Ocampos.
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De la estrategia a la acción
“Encontramos logros reales, pero también tensiones que nosotros no podemos ignorar; si bien hoy 6 de cada 10 tiene una cuenta, apenas 4 de cada 10 ahorró en el último año. Más personas acceden a créditos, pero una gran proporción de esas personas lo hace fuera del sistema financiero formal. Si bien hay más productos y servicios financieros de los que había antes, eso también genera un mayor volumen de reclamos a través de Sedeco con respecto a estos servicios”, expresó Ocampos, con relación a lo que se hizo en los últimos años con relación a la expansión de los servicios financieros.
Posteriormente, fueron dados a conocer los objetivos del plan que está arrancando; ellos son:
-Aumentar el acceso y uso efectivo de productos y servicios financieros formales.
-Promover la educación financiera orientada a la toma de decisiones responsables y seguras.
-Fortalecer el marco regulatorio y de supervisión, con un enfoque basado en riesgos, moderno y seguro.
-Impulsar la infraestructura física y digital, promoviendo la complementariedad de canales y soluciones.
“También definimos cuatro segmentos prioritarios: las personas en situación de pobreza, que todavía enfrentan mayores barreras de acceso, y las personas adultas mayores, para quienes la digitalización abre puertas, pero también genera nuevos riesgos”, precisó Ocampos, a lo que el viceministro sumó: “Los trabajadores independientes y las mipymes, que son el corazón productivo de Paraguay y la comunidad educativa, porque instalar capacidades financieras desde temprano es la forma más segura de que estas brechas no se repitan en la próxima generación”.
Implementación
Con relación a la implementación de la Enif, la secretaria ejecutiva dijo que los grupos de trabajo conformados, que son cinco, serán los responsables del seguimiento, para asegurar el avance correspondiente. “Son los que impulsan la estrategia”, destacó.
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Baruja evaluó con el presidente Peña los logros de los tres años de gestión
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, se reunió este martes con el presidente de la República, Santiago Peña, con quien evaluó los logros de los tres años de gestión y definió nuevas medidas para que más familias paraguayas accedan a la casa propia.
Al término del encuentro, tanto el mandatario como el ministro, compartieron sendos mensajes a través de las redes sociales.
“Mantuve una productiva reunión de trabajo con el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, para evaluar los avances y logros en estos tres años de gestión. Desde el Gobierno, seguimos impulsando acciones concretas para garantizar el acceso a un techo propio”, dijo Peña.
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El gobernante destacó que “a través de este esfuerzo constante, al 15 de agosto alcanzamos las 46.140 viviendas gestionadas en total, logrando entregar 33.620 viviendas dignas a familias de todo el país”.
Aseguró que desde el gobierno se seguirá trabajando para que cada vez más paraguayos puedan cumplir el sueño de la casa propia.
A su vez, el ingeniero Baruja expresó que “el diálogo y la coordinación son fundamentales para seguir dando respuestas a las familias paraguayas”.
“Con el liderazgo del presidente Santiago Peña y el acompañamiento del vicepresidente Pedro Alliana, seguimos impulsando soluciones concretas para que más familias accedan a una vivienda digna”, significó.
El titular del MUVH se reunió también este martes con su colega del Ministerio de Economía y Finanzas Oscar Lovera “para dar continuidad a las acciones destinadas a fortalecer los programas habitacionales y ampliar su alcance”.