El tratamiento del proyecto se inició en la Cámara Baja durante el receso parlamentario, en medio de un intenso debate político y técnico.

El presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, promulgó ayer la ley de reforma de la Caja Fiscal, tras su sanción con modifica­ciones en la Cámara de Dipu­tados, marcando un punto de inflexión en el sistema de jubi­laciones y pensiones del sec­tor público. La nueva norma­tiva establece el marco general para el funcionamiento del sis­tema previsional estatal, con el objetivo de ordenar las finan­zas, garantizar la sostenibili­dad a largo plazo y corregir dis­torsiones acumuladas durante años. El tratamiento del pro­yecto se inició en la Cámara Baja durante el receso par­lamentario, en medio de un intenso debate político y téc­nico que evidenció tanto la urgencia de los cambios como las resistencias de distintos sectores.

La reforma se da en un escena­rio de creciente presión sobre la Caja Fiscal, que agrupa a funcionarios públicos, docen­tes, militares y policías. En los últimos años, el sistema mos­tró un deterioro progresivo en su equilibrio financiero, con un aumento sostenido del défi­cit, impulsado por el envejeci­miento de la población bene­ficiaria y la relación cada vez más desfavorable entre apor­tantes activos y jubilados.

A esto se suman regímenes especiales con condiciones más beneficiosas que el pro­medio, lo que generó inequi­dades internas y una carga adicional para el Tesoro. Infor­mes técnicos del Ministerio de Economía venían advirtiendo que, de no introducirse cam­bios estructurales, el sistema podría volverse insostenible en el mediano plazo.

El impulso a la reforma no es nuevo. Administraciones anteriores ya habían plan­teado la necesidad de revisar el modelo previsional, pero los intentos chocaron con la falta de consenso político y la opo­sición de gremios y sectores afectados.

Señalaron que no existen denuncias formales en contra de sus gestiones y que la medida es netamente política.

El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo un encuentro con los jefes depar­tamentales, quienes le expre­saron su disconformidad en torno a la decisión tomada por el Senado de retirar la administración y ejecución del programa Hambre Cero en las Escuelas a las goberna­ciones de Concepción y Alto Paraná. Señalaron que no existen denuncias formales en contra de sus gestiones y que la medida es netamente política.

“Estuvimos conversando con el presidente sobre la cober­tura, el alcance e impacto posi­tivo que tiene el programa den­tro del sistema educativo, por supuesto, le transmitimos la intención de que los gober­nadores sigamos adminis­trando Hambre Cero, conver­samos sobre esa situación, pero no ahondamos sobre el tema, ya que no existen denuncias directas sobre los administra­dores de contratos”, indicó el gobernador de Ñeembucú, Víc­tor Fornerón, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fornerón acotó: “Nosotros estamos siendo sometidos permanentemente a auditorías del Poder Ejecutivo, la Contra­loría y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que nuestros cargos sean auditados y, si hay algún tipo de mal manejo, someter­nos a los organismos corres­pondientes. Le dijimos al presi­dente que las denuncias que se generan deben ser fundamen­tadas y evaluadas dentro de los organismos competentes no de la forma en que se hizo”.

La decisión de los senadores deberá ser analizada próxima­mente por la Cámara de Dipu­tados, en caso de lograr su san­ción y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar en dicha zona quedará a cargo del Ministerio de Desa­rrollo Social (MDS).

Le expresamos nuestro des­acuerdo, ya que lo realizado en el Senado fue netamente polí­tico, sostenemos que el pro­grama no tiene que ser mano­seado por cuestiones políticas. No existen denuncias, sí hubo cuestionamientos o problemas menores que se resolvieron de manera inmediata”, refirió.

Semanas atrás, el Consejo de Gobernadores emitió un comunicado argumentando que la centralización de Ham­bre Cero en el Ministerio de Desarrollo Social será un retroceso y hará dificultoso su ejecución sin la participación de los gobiernos locales.

El ministro de Economía y Finan­zas, Carlos Fernández Valdovi­nos, con la expresa aprobación del presidente de la República, Santiago Peña, sostuvo la necesidad de con­tar con una economía de guerra que en tér­minos de la política económica se entiende como la expresión de austeridad en los gas­tos públicos.

Esto significa encaminar la asignación presu­puestaria con el recorte de gastos innecesarios y superfluos, manteniendo aquellos relaciona­dos a los sectores prioritarios como salud, edu­cación, seguridad y contención social para aco­meter con éxito la reducción del déficit fiscal.

La razón de lo expresado por el ministro se encuentra en que los ingresos no son suficien­tes y en consecuencia se hace necesario ajus­tarse los cinturones. Ante esta situación es absolutamente correcto limitar la ejecución de los gastos gubernamentales. Dicho de otro modo, el gobierno le dice a la población que se cuidará todavía más el dinero de los contribu­yentes destinándolos a las anteriormente cita­das áreas prioritarias.

Se trata de evitar la suba del déficit para no salir del plan que la actual administración se propuso –siendo uno de los motivos por el que ganó las elecciones– de corregir los desvaríos provocados por el carnaval del dinero público propiciado impunemente desde el gobierno anterior. Pero el gobierno del presidente Peña logró lo que muchos decían parecía impo­sible: Cumplió con su objetivo de reducir el déficit, creció la economía, se obtuvieron dos grados de inversión y bajó el riesgo país. Una vez logrado el crecimiento económico donde seguimos figurando en el ranking entre los primeros de la región y ante los cambios que se vienen dando en la economía global cada vez más interconectada, se hacía necesario eva­luar los elementos que hagan sustentable el crecimiento en el tiempo. Esto es, si se desea seguir creciendo o caer en el estancamiento.

Los últimos meses no han sido fáciles para las economías emergentes como la nuestra. Se redujeron los ingresos estimados por diversas razones, como ocurre con el precio de los com­modities a la baja, la inestabilidad en el tipo del cambio del dólar y la incertidumbre global.

De ahí que había que enfrentar la situación con transparencia y prudencia, como en efecto fueron las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas. El motivo no debe­ría escapar a nadie que considere en su aná­lisis como relevante el bienestar de la gente, motivo por el cual el gobierno optó manifes­tando públicamente la necesidad de llevar una política de austeridad.

Este fue el verdadero sentido de las expresio­nes del ministro. Debemos conducirnos como país siguiendo una política económica pru­dente y transparente para seguir por la senda del crecimiento económico y mejores oportu­nidades, dado que la otra alternativa implica falta de capitales, inflación y desempleo.

No obstante y habiéndose expresado lo ante­rior, medios periodísticos juntos con algunos “sesudos” analistas de la economía, empeza­ron a decir que “había sido que el gobierno pin­taba la economía a su antojo” y que “estamos yéndonos hacia lo peor”.

Confundieron de mala fe la diferencia entre economía y finanzas y al hacerlo llegaron a la conclusión de que controlar el déficit y tener un plan de austeridad es malo para la econo­mía y por ende para la población.

Para esos analistas, revaluar el escenario financiero significa cambiar para mal el hori­zonte económico. Se equivocan y grande. El hecho de revaluar la situación diciéndole a la población que el mismo Estado va a ajustar sus gastos significa que la pretensión del gobierno es mantener el crecimiento ajustando el défi­cit a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero no. Para los sesudos analistas y perifoneros del pesimismo, está mal contar con una política de austeridad y al mismo tiempo bajar el défi­cit fiscal para seguir creciendo. Es al revés de lo que dicen. Está bien y muy bien que el propio gobierno le diga al pueblo que está dispuesto a contener los gastos superfluos para que la eco­nomía siga creciendo.

La obsecuencia de sus pretendidos deseos de ver fracasar al actual gobierno, les hace apelar a la mala fe, tergiversando el verdadero signi­ficado de las expresiones del ministro de Eco­nomía y Finanzas. Ninguno de los “analistas” dijo y ni siquiera se atrevieron a felicitar al gobierno cuando en estos días reitero enfáti­camente de que no se subirán los impuestos. Se callaron. Ni siquiera se animaron a decir que aumentar los impuestos sería llevar al país al infierno.

Tampoco los “analistas” dicen que si se suben los impuestos se estará ocasionado un problema mayor dado que afectará a la merma de la recaudación impositiva por­que –como se sabe de acuerdo a la curva de Laffer– el aumento de las alícuotas imposi­tivas tiende más bien a reducir el ingreso al erario alimentando incluso a la recesión de toda la economía. Nada de esto dicen los ana­listas económicos que desean causar daño. Es notoria su mala fe.

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este miércoles la ley de la reforma de la Caja Fiscal, tras la sanción con modificaciones en la Cámara de Diputados.

La legislación establece el marco normativo general del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público, cuyo tratamiento inició en la Cámara Baja durante el receso parlamentario.

El mismo mandatario oficializó la información a través de una publicación en su cuenta de “X”.

“He promulgado la ley de reforma de la Caja Fiscal, una decisión responsable y necesaria para proteger la jubilación de miles de paraguayos, hoy y en el futuro”, señaló.

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El gobernante fundamentó que esta reforma permite dar sostenibilidad al sistema, ordenar las cuentas públicas y garantizar que cada trabajador reciba lo que le corresponde.“Quiero agradecer a los diputados y senadores por el debate democrático que permitió enriquecer esta ley. Y destacar especialmente a @pedroalliana, cuyo rol de articulación fue clave para avanzar con responsabilidad”, subrayó.

El jefe de Estado también agradeció a los gremios y funcionarios que se involucraron y aportaron en este proceso, poniendo por delante el interés del país.“Estamos tomando decisiones que cuidan el presente, pero sobre todo que aseguran el mañana de nuestros jubilados”, puntualizó.

El presidente Peña dio trámite inmediato al promulgar la Ley 7633 en menos de 48 horas de su sanción en el Congreso Nacional.

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