La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.

Nadie sabe respon­der, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) actúa con una velocidad tal en la investi­gación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denun­cias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tra­tadas con una reserva y len­titud particulares.

Hemos visto en los últi­mos meses que esos temas de agenda mediática gene­ran la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicie­ron sacudir a algunas auto­ridades con la filtración de datos preliminares de estu­dios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silen­cio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.

En 2023 comenzaron a sal­tar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El his­torial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estiga­rribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patri­monial extraordinario en el que toda su familia expe­rimentó un ascenso econó­mico sin asidero, al punto de que la madre de los herma­nos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.

Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la munici­palidad mediante contra­taciones directas adjudi­cadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de ape­nas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.

En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspon­dencia de bienes a los her­manos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Con­traloría por la investigación.

El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciem­bre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministe­rio Público solicitó un exa­men de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gober­nador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual dipu­tado por Itapúa).

La investigación se requi­rió en el marco de una causa abierta a ambos y a su fami­lia por supuesto enriqueci­miento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contra­bando, ordeño de combus­tible, entre otros hechos.

Hasta ahora la CGR no emi­tió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso econó­mico del diputado liberal desde que ingresó a la fun­ción pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años cons­tituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millo­nes. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con rela­ción al clan Pereira Rieve de Encarnación.

En agosto de 2023, la Con­traloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empre­sas del exmandatario gana­ron 70 veces más durante su gobierno, pero las utili­dades fueron redirecciona­das a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confir­mado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.

La investigación patrimonial al exministro de la Secre­taría Nacional Antidro­gas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secre­tario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pande­mia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingre­sos y a que las cuotas del prés­tamo consignado para justifi­car la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcio­nario estatal.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, liderada por Silvio “Beto Ovelar”, reciben este miércoles a los representes del sector docente, con la finalidad de escuchar sus inquietudes y contrapropuestas al proyecto de reforma de la Caja Fiscal que ya cuenta con media sanción de Diputados y conformar una mesa técnica.

“Queremos establecer una mesa de trabajo, entendemos nosotros que esta primera reunión servirá para diseñar el itinerario hasta el 25 de marzo, fecha en que será tratado el proyecto”, dijo Ovelar.

Luego de varias suspensiones por chicanas, este miércoles finalmente inició el juicio oral y público contra el exministro abdista Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado, a raíz de sus supuestos vínculos con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, sindicado como narcotraficante brasileño.

El extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, llegó hasta la sede del Poder Judicial acompañado por su nueva abogada y exfiscal, Gilvi Quiñónez. El juicio oral y público está fijado ante el Tribunal de Sentencia, presidido por Adriana Planás.

Para la Iglesia católica, este miércoles es muy especial, ya que marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo de reflexión y amor, camino a la Semana Santa. El papa León XIV en su mensaje para los feligreses pidió que a partir de ahora sea momento de saber escuchar y ayunar, para llegar a la conversión.

Desde le Arzobispado de Asunción recordaron que con el “Miércoles de Ceniza” se comienza el camino de la Cuaresma, un tiempo de gracia que la iglesia regala para volver a Dios con todo el corazón. Se convierte en un tiempo propicio para reflexionar y permitir que Dios transforme el corazón de quienes lo siguen.

Desde la Capasu expresaron su preocupación por la escasez y el encarecimiento del tomate. Si bien se prevé un evento de compra-venta directa, creen que la importación es una válvula reguladora.

Gustavo Lezcano, presidente de Capasu, comentó que conversaron con el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, a quien le plantearon la preocupación del sector por la falta y la escasez de tomate que disparan los precios.

Una delegación de empresarios e inversionistas brasileños visitó Paraguay en el marco de una misión exploratoria orientada a conocer oportunidades de negocios, innovación y cooperación internacional vinculadas al ecosistema digital del país, según informó el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

El viceministro de Tecnologías, Klaus Pistilli, dio la bienvenida a la comitiva y destacó que Paraguay presenta condiciones favorables para el desarrollo tecnológico, resaltando el potencial del país en innovación, economía digital y atracción de inversiones en el sector.

El fiscal Ever Ariel García confirmó que la investigación por la muerte del exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa (62), se centra ahora en el análisis de los teléfonos celulares del principal imputado, el militar Remigio Llano (25), con el objetivo de determinar el móvil del homicidio y establecer si existía una relación previa entre ambos.

En entrevista con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el agente del Ministerio Público explicó que la causa ingresó inicialmente como desaparición de persona el sábado, fue derivada a la unidad especializada en secuestros por precaución y, al descartarse esa hipótesis, retornó a su unidad el lunes. Con los elementos reunidos, el martes se formuló imputación por homicidio doloso contra un militar, con pedido de prisión preventiva.

La Contraloría General de la República inició un examen de correspondencia patrimonial sobre los bienes de Édgar Abdón Colmán Miranda, exministro de la Juventud durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tras obsequiar una lujosa camioneta a su esposa.

El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, explicó que el procedimiento tendrá una duración aproximada de tres meses, ya que se analizará la documentación correspondiente a dos años de gestión, período en el que Colmán ocupó el cargo, entre junio de 2021 y agosto de 2023.

Desde el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informaron este martes que un equipo técnico de la Contraloría General de la República (CGR) realizó la evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno (SCI) de la institución. Fue en el marco de las acciones de supervisión y fortalecimiento de la gestión pública impulsadas por el organismo de control.

Agregaron que el equipo técnico, encabezado por la directora de Análisis Sectorial, Lic. María Cristina Franco, fue recibido por la Lic. Andrea González, jefa de la Unidad de Auditorías, y por la jefa de la Unidad de Asuntos Interinstitucionales, Lic. Raquel Salinas. Ellas acompañaron el proceso de verificación y facilitaron la información requerida para el análisis correspondiente.

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Como resultado de la evaluación, el Senacsa se posicionó en el puesto N° 16 entre las 477 instituciones públicas evaluadas durante el periodo 2025, lo que refleja un desempeño destacado en materia de control y gestión institucional. Este resultado evidencia el compromiso de la institución con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la CGR.

Asimismo, el informe señala un avance significativo en el proceso de diseño e implementación del Sistema de Control Interno, basado en la Norma de Requisitos Mínimos (NRM), herramienta fundamental para garantizar la eficiencia operativa, la correcta administración de los recursos públicos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

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Desde el Senacsa destacaron que estos resultados son fruto del trabajo coordinado entre las distintas dependencias y ratificaron el compromiso de seguir consolidando los mecanismos de control interno, con miras a alcanzar estándares cada vez más elevados de gestión pública.

• Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Según Alejo Ríos los “apenas locutores que ni saben lo que comen” son los que hablan mal de él, de su hijo y ahora alcanza a la familia por vender empanadas.

El diputado liberal por Caaguazú, Alejo Ríos, líder del clan Ríos de este departamento quien estos días junto con su hijo el intendente José Papu acapararon las noticias tras conocerse que, de vendedor de empanadas, pegaron un vertiginoso salto económico luego de ubicarse en cargos públicos, tuvo que salir a referirse al caso atribuyendo las publicaciones a locutores de la prensa “que ni saben lo que comen” y que obedecen a intereses políticas.

El caso que en Caaguazú es tema central de los comentarios en estos momentos, sorprendió sobre este clan que históricamente pasó desapercibido ante los órganos de control pese a las ostentaciones de millonarias que realiza el clan Ríos cuando el hoy diputado, era un modesto vendedor de empanadas que arribó a la función pública.

“Soy un soldado raso, soy un político raso y en cualquier parte voy a trabajar, aunque sea de carbonero y si las circunstancias así lo obligan, estoy preparado para eso”, refirió el diputado para luego proseguir con un discurso casi poético en el que insistió que nunca se aprovechó de un cargo público ni jamás “he robado un centavo partido por la mitad al pueblo, a ninguna institución pública”.

Según Alejo Ríos, los “apenas locutores que ni saben lo que comen” son los que hablan mal de él, de su hijo y ahora alcanza a la familia por vender empanadas. En un discurso novelesco brindado a través del medio Caaguazú Noticias Digital, señaló que se siente orgulloso y mencionó a su esposa quien se iba “al mercado a comprar las verduras y la mandioca para hacer juntos la empanda” y agregó, “así preparé a mi familia”.

Similar a las propiedades que recordó tardíamente en sus declaraciones jurada de bienes, el diputado Ríos obvió explicar cómo de un modesto vendedor de empanadas pasó a acumular fortuna tras acceder a cargos públicos y en tiempo récord. Básicamente se limitó en girar sobre un romántico argumento de que su esposa enseñó a trabajar a su familia y que “de vuelta pueden volver a vender las empanadas si las circunstancias y la vida lo obliga”.

Mientras el diputado Ríos se enfoca en la ternura del aprendizaje de venta de empanadas, se torna más que curioso cómo del comercio de pastelitos pasaron a amasar fortuna.

Recordemos que de un terreno de 360 m² y otro de 500 m² en condominio con los hermanos, Alejo Ríos pasó a tener decenas de hectáreas que valuó en G. 4.550 millones luego de ocupar el cargo de intendente y gobernador. Es dueño del gigantesco y moderno Camping el Chorro donde ostentan millonarias inversiones. Hoy, el valor de sus activos supera los G. 6.000 millones, conste que aparecen decenas de hectáreas consignadas a precios irrisorios.

En tanto que el hijo del mencionado diputado, José “Papu” Ríos, entró endeudado y cero activos a la función pública, pero en su primer periodo de intendente de Caaguazú ya estaba erigiendo lo que es hoy el majestuoso complejo San José de unas 25 hectáreas con piscina gigante, área de pesca, canchas de pádel, enormes tinglados, etc.

Ni el padre ni el hijo explican el sustento de la fortuna en inversión inmobiliaria, solo desafían a quienes los cuestionan. Un poco de claridad al asunto podría dar la Contraloría General de la República si avanza con el estudio de correspondencia de bienes del clan Ríos que anunció tras las escandalosas revelaciones.

Cabe remarcar también que el meteórico ascenso financiero no es el único caso objetado al clan Ríos de Caaguazú. El abuso de poder, pese a que el diputado Ríos dijo que nunca se aprovechó de sus cargos en beneficio propio ni para robar, olvidó olímpicamente cómo privilegia con salario público a su familia. Ubicó a su hija Élida Ríos Núñez en su administración cuando fue gobernador y luego la llevó como funcionaria a la Cámara de Diputados. Además contrató sobrinas, hasta concuñados en la Gobernación.

Su hijo José “Papu” Ríos ubicó también a su cuñado Juan José Fernández en su administración, nada menos que la tesorería de la municipalidad y con sueldo de G. 8,2 millones.