El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que este miércoles se procederá al pago de los haberes jubilatorios, pensionarios y aquellos atrasados correspondientes al mes de junio del presente año. Este desembolso forma parte del cronograma habitual de pagos destinados a los beneficiarios del sistema previsional.

Asimismo, se destacó la incorporación de 270 nuevos beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, también conocida como Caja Fiscal, quienes fueron incluidos por primera vez en la planilla de pagos correspondiente a junio del 2026. Este grupo está integrado por 221 jubilados y 42 pensionados, todos ellos incluidos por primera vez en la planilla de pagos correspondiente al mes de junio 2026, y además hay 6 reintegraciones.

Igualmente, se cuenta con un heredero que cobrará su solicitud de devolución de aportes de funcionarios fallecidos en servicio que será depositado a más tardar el 3 de julio de 2026 en la cuenta judicial abierta en el juicio sucesorio correspondiente.

Asimismo, explicaron que al cierre del mes de mayo de 2026, el total de beneficiarios de la Caja Fiscal llegó a más de 85.000 personas, entre jubilados, herederos o pensionados, de acuerdo a los datos proveídos por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF.

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Ayer martes 23 el cronograma de pagos correspondiente al mes de junio realizó desembolsos para los veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores y otros pensionados del Estado. Las acreditaciones se realizaron mediante la red del Banco Nacional de Fomento (BNF).

En cuanto a números, se detalló que se cuenta con un total de 4.777 beneficiarios: 2 veteranos de la Guerra del Chaco, 4.054 herederos de veteranos, 272 pensionados graciables, 449 herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio.

Por otra parte, se señaló que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), responsable de la administración del pago de la Pensión Alimentaria, realizó en la jornada de ayer la transferencia a unos 370.051 adultos mayores, que representa el pago total aproximado de G. 250.000 millones.

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El ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades.

Tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Educa­ción y Ciencias, Luis Ramírez, informó sobre las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la calidad académica y ordenar el sis­tema de educación superior.

En conferencia de prensa, el ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Minis­terio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades, tras detectarse inconsisten­cias durante los procesos de verificación. Indicó que la Fiscalía comunicó que apro­ximadamente la mitad de esos documentos presen­tan una procedencia desco­nocida, por lo que continúan las investigaciones corres­pondientes.

El ministro informó que el MEC inició una auditoría integral en el ámbito de la educación superior con el objetivo de identificar posi­bles falencias administrati­vas, fortalecer los procesos internos y determinar even­tuales responsabilidades en los casos investigados.

Señaló que los primeros resultados preliminares estarán disponibles en los próximos días y reiteró que todas las acciones impulsa­das buscan consolidar un sis­tema educativo más transpa­rente, confiable y alineado con los estándares de cali­dad requeridos para el desa­rrollo del país. “Estamos en una actitud dialoguista, pero también firme para poner orden al sistema de educa­ción superior, establecer reglas claras y garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad”, afirmó.

Luis Ramírez resaltó que las nuevas exigencias imple­mentadas permitieron avan­zar en la depuración del sistema universitario y for­talecer los procesos de acre­ditación.

Como resultado, 1.080 carre­ras fueron cerradas al no reunir las condiciones nece­sarias para continuar fun­cionando o no cumplir con los requisitos establecidos para su habilitación y acre­ditación. Asimismo, señaló que actualmente se registra uno de los niveles más altos de acreditación de carreras, impulsado por la aplicación de controles más rigurosos para la habilitación y fun­cionamiento de programas académicos.

El titular del MEC destacó además la implementación del Registro Único del Estu­diante de Educación Superior, una herramienta que permite contar con información deta­llada sobre toda la trayectoria académica de los estudiantes desde el año 2024.

Explicó que este sistema registra datos sobre matrí­culas, asignaturas cursadas, docentes y evaluaciones, for­taleciendo los mecanismos de trazabilidad y control dentro del sistema univer­sitario. Según indicó, esta herramienta permitirá pre­venir irregularidades, mejo­rar los procesos de verifica­ción y generar información más detallada para la toma de decisiones.

Asimismo, explicó que las medidas adoptadas forman parte de un amplio proceso orientado a consolidar un sis­tema universitario con reglas claras, mecanismos de super­visión efectivos y mayores garantías para estudiantes y profesionales.

Destacó el trabajo coordi­nado entre el MEC, el Con­sejo Nacional de Educación Superior (Cones), la Agen­cia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Minis­terio Público.

Tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez informó sobre las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la calidad académica y ordenar el sistema de educación superior.

En conferencia de prensa, el ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades, tras detectarse inconsistencias durante los procesos de verificación.

Indicó que la Fiscalía comunicó que aproximadamente la mitad de esos documentos presentan una procedencia desconocida, por lo que continúan las investigaciones correspondientes.

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El ministro informó que el MEC inició una auditoría integral en el ámbito de la educación superior con el objetivo de identificar posibles falencias administrativas, fortalecer los procesos internos y determinar eventuales responsabilidades en los casos investigados.

Señaló que los primeros resultados preliminares estarán disponibles en los próximos días y reiteró que todas las acciones impulsadas buscan consolidar un sistema educativo más transparente, confiable y alineado con los estándares de calidad requeridos para el desarrollo del país.

“Estamos en una actitud dialoguista, pero también firme para poner orden al sistema de educación superior, establecer reglas claras y garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad”, afirmó.

Luis Ramírez resaltó que las nuevas exigencias implementadas permitieron avanzar en la depuración del sistema universitario y fortalecer los procesos de acreditación.

Como resultado, 1.080 carreras fueron cerradas al no reunir las condiciones necesarias para continuar funcionando o no cumplir con los requisitos establecidos para su habilitación y acreditación.

Asimismo, señaló que actualmente se registra uno de los niveles más altos de acreditación de carreras, impulsado por la aplicación de controles más rigurosos para la habilitación y funcionamiento de programas académicos.

El titular del MEC destacó además la implementación del Registro Único del Estudiante de Educación Superior, una herramienta que permite contar con información detallada sobre toda la trayectoria académica de los estudiantes desde el año 2024.

Explicó que este sistema registra datos sobre matrículas, asignaturas cursadas, docentes y evaluaciones, fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad y control dentro del sistema universitario.

Según indicó, esta herramienta permitirá prevenir irregularidades, mejorar los procesos de verificación y generar información más detallada para la toma de decisiones.

Asimismo, explicó que las medidas adoptadas forman parte de un amplio proceso orientado a consolidar un sistema universitario con reglas claras, mecanismos de supervisión efectivos y mayores garantías para estudiantes y profesionales.

Destacó el trabajo coordinado entre el MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y el Ministerio Público.

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El proyecto de reforma que busca crear el código de defensa del consumidor prevé actualizar una legislación creada en 1998 para adaptarla a un mercado completamente distinto al de hace casi 30 años.

Así lo explicó al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media la titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, quien defendió la necesidad de modernizar las herramientas jurídicas frente al avance de las plataformas digitales, las redes sociales, la inteligencia artificial y los nuevos mecanismos de financiamiento.

Señaló que el mercado actual ya no se parece al existente cuando se aprobó la normativa vigente, por lo que muchas situaciones cotidianas quedaron sin regulación específica.

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“Hoy tenemos inteligencia artificial, plataformas digitales, publicidad en redes sociales y nuevas dinámicas comerciales que no existían en el año 98”, sostuvo Irún. Uno de los puntos centrales de la reforma apunta, justamente, al entorno digital.

En ese sentido, el nuevo proyecto incorpora reglas más claras para la publicidad en redes sociales, las ventas online y las relaciones de consumo dentro de plataformas digitales, sectores donde actualmente existen vacíos legales que generan conflictos frecuentes entre consumidores y proveedores.

Irún explicó además que gran parte de las nuevas disposiciones ya se vienen aplicando en la práctica mediante criterios administrativos y jurisprudencia, pero que ahora buscan quedar expresamente establecidas en la ley para dar mayor previsibilidad y seguridad jurídica tanto a consumidores como a empresas.

Otro de los capítulos que genera mayor debate es el relacionado con el sistema financiero y el denominado “préstamo responsable”. La propuesta establece que bancos, cooperativas y entidades financieras deberán informar y advertir con mayor claridad sobre las consecuencias de los créditos otorgados, especialmente en relación con la capacidad de pago y los riesgos de sobreendeudamiento.

Según detalló la ministra, la intención no es restringir el acceso al crédito, sino garantizar que el consumidor tome decisiones con información suficiente. Actualmente, explicó, muchas operaciones digitales se realizan de manera automática, con contratos extensos y condiciones poco comprendidas por los usuarios.

“El consumidor sigue teniendo la decisión final. Lo que buscamos es que entienda las consecuencias del crédito y que el proveedor también pueda demostrar que informó correctamente”, afirmó la titular de la Sedeco.

La reforma también incorpora herramientas inéditas en Paraguay, como las acciones colectivas, que permitirán agrupar reclamos de múltiples consumidores afectados por una misma situación. La medida apunta a evitar cientos de juicios individuales por montos pequeños y fortalecer la protección colectiva.

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