Los gremios afectados por el proyecto de la reforma de la Caja Fiscal mantendrán mañana lunes una reunión multisectorial para analizar una contrapropuesta a la iniciativa presentada el pasado 30 de diciembre por el gobierno del presidente de la República Santiago Peña.

El encuentro está previsto para las 14:00 en la sede del Centro Militar Naval y Aeronáutico (CIMA). “Nosotros queremos discutir una reforma efectiva, real, responsable, sustentable en el tiempo y que no represente ningún tipo de regresión a derechos adquiridos”, indicó Miguel H. López, representante del Frente Sindical de Trabajadores de la Educación.

La propuesta de reforma afecta principalmente al sector de docentes, policías, militares y al magisterio nacional y universitarios, cuyos representantes ya recurrieron ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo, encabezado por el senador Colym Soroka, con el fin de presentar sus inquietudes y requerir la instalación de una mesa de trabajo.

“No rechazamos una reforma, sino el proyecto ejecutivo. Nuestras propuestas se basan exclusivamente en la recuperación de una serie de derechos que fueron adquiridos”, afirmó López tras anunciar que el martes a las 9:00 el sector de los docentes en general mediante un mitin darán a conocer sus planteamientos.

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Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado por Carlos Fernández Valdovinos, se menciona que el proyecto plantea un conjunto de modificaciones destinadas a mejorar la sostenibilidad financiera y fortalecer la equidad intergeneracional de la Caja Fiscal, frente a una trayectoria persistente de resultados deficitarios que compromete la capacidad futura del sistema para cumplir con sus obligaciones previsionales.

La propuesta ejecutiva estipula el establecimiento de una edad mínima de acceso a la jubilación para los sectores de magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías y militares, así como una regla de acceso gradual a partir de los 20 años hasta los 35 años de servicio para el caso de policías y militares. Además, se prevé un esquema de aporte obrero-patronal del 22 %, compuesto por un 19 % a cargo del trabajador y un 3 % del Estado.

El proyecto de ley incorpora tablas de sustitución que incentivan una mayor permanencia y mayores aportes al sistema, con tasas que inician en el 50 % y pueden alcanzar hasta el 100 % en el caso de policías y militares. Asimismo, establece una base de cálculo homogénea, tomando como referencia el promedio de los últimos cinco años de aportes, y un mecanismo uniforme de actualización de los haberes jubilatorios para todos los sectores, basado en la variación anual del Salario Mínimo Legal Vigente.

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