La provincia de Corrientes (Argentina) realizó el lanzamiento oficial de la octava edición de ArteCo, su feria de arte contemporáneo, en la ciudad de Asunción, el pasado 5 de mayo en la Galería BGN/Arte, ubicada en Paseo La Peregrina. Será del 21 al 24 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo (MACC), e incluye al artista y curador paraguayo Fredi Casco en el Comité de Selección que examinó los proyectos a presentarse.

“Es muy importante seguir afianzando vínculos con el circuito artístico paraguayo como lo venimos haciendo en las siete ediciones anteriores”, expresó la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, en la presentación en la capital paraguaya que encabezó junto al curador de esta edición, Marcelo Dansey; y la cofundadora de la Galería BGN/ARTE, Valeria Gallarini.

Esta nueva edición propone una mirada renovada que pone en diálogo arte, mercado y museo, consolidando a la feria como un espacio de intercambio, circulación y proyección para artistas y galerías de toda la región. El crecimiento sostenido de ArteCo se refleja en un dato contundente: la convocatoria alcanzó un récord de postulaciones, con cerca del 60 % de participantes que se suman por primera vez, ampliando el mapa de voces y miradas.

Se anunció la participación de destacadas galerías invitadas de Paraguay (Galería Poporé, El Cántaro y Galería BGN), y la presencia de referentes del arte provenientes de Brasil, Paraguay y distintas provincias argentinas, fortaleciendo el carácter federal e internacional de la feria. Además, ArteCo volverá a integrar propuestas audiovisuales que amplían la experiencia del público, como ArteSo y el Festival Play.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, representará a su país este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la máxima jurisdicción de la ONU, en la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Se trata del primer viaje de Rodríguez a Europa desde que ejerce la presidencia de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, en enero de este año.

Rodríguez ya había representado a Venezuela en una cumbre realizada en Bruselas en 2023 entre la Unión Europea y países de América Latina, cuando era vicepresidenta de Maduro. Desde que ejerce la presidencia, Rodríguez realizó apenas dos viajes fuera de Venezuela, a los países vecinos caribeños Granada y Barbados. En esos viajes, Rodríguez lució en su vestimenta un broche dorado que mostraba a Venezuela, pero con el territorio en disputa, gesto que provocó indignación en Guyana.

La alta funcionaria venezolana desembarcó el domingo en Países Bajos para ponerse al frente de la delegación de su país en la CIJ. En declaraciones que reprodujo el canal oficial venezolano, Rodríguez afirmó que Venezuela “es el único que tiene titularidad” sobre el disputado territorio de Esequibo. “Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio, en esta controversia territorial, es Venezuela”, dijo.

“No hay duda alguna. Venezuela es la única titular de este territorio”, insistió. Su presencia en el imponente Palacio de la Paz, en La Haya, dijo, tiene como objeto defender “derechos históricos” sobre la “Guayana Esequiba”. En su canal en Telegram, Rodríguez señaló que “el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio”. La CIJ realizó desde el 4 de mayo tres audiencias públicas sobre esta disputa territorial, y este lunes está prevista la cuarta y última.

Guyana y Venezuela mantienen una disputa territorial que data del siglo XIX. La disputa territorial se intensificó a partir de 2015, después que ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita. El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla.

Venezuela reclama ese territorio, que abarca 160.000 kilómetros cuadrados. Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial inglesa, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme. La parte venezolana pasó a cuestionar activamente ese fallo arbitral desde 1962, y ello condujo a la firma del acuerdo de 1966.

Venezuela afirma que el acuerdo firmado en 1966 con el Reino Unido en Ginebra -antes de la independencia de Guyana- sienta las bases de una solución negociada a la controversia. Por ello, sostiene que el río Esequibo debe ser la frontera natural, como en 1777, en la época de la colonización española.

Fuente: AFP.

• Fotos: Pánfilo Leguizamón

En esta edición del programa “Expresso”, del canal GEN/Nación Media, Augusto dos Santos conversa con la socióloga argentina Florencia Prego, quien desarrolla una investigación sobre el Paraguay contemporáneo y las huellas institucionales del estronismo. Su trabajo se centra en figuras constitucionales como la prohibición de la reelección presidencial, el juicio político y el estado de excepción, mecanismos concebidos en la transición democrática para limitar el abuso de poder, pero que con el tiempo terminaron utilizándose en el marco de las disputas políticas.

–¿Cómo empezó tu relación con la historia del Paraguay?

–Yo integro un equipo de investigación que nos dedicamos a los estudios sociales latinoamericanos. Generalmente hacemos muchos estudios comparados. La riqueza, la perspectiva que tenemos justamente se centra en eso, en poder hacer esos análisis que trabajen dos a tres casos o más. Y mi directora, la doctora Lorena Soler, ella es una paraguayóloga, como le decimos, hace muchos años estudia Paraguay. Yo me empecé a interesar, a tener algunas preocupaciones o empecé a hacerme algunas preguntas que siempre giraron en torno a la dictadura y el autoritarismo. Encontré en Paraguay un caso muy singular, porque me parece que las características que tuvo el estronismo, con esas especificidades, con esas singularidades y particularidades, lo hacen un caso muy interesante para tratar de aplicar, o que me servían a mí para pensar los problemas que yo tenía en la cabeza.

–¿Qué encontrás de la dictadura de Stroessner que te parecen resaltantes?

–Lo que me resulta muy desafiante para pensar el estronismo es pensarlo más allá de una dictadura, es decir, efectivamente fue una dictadura, pero creo que tiene una vuelta más que nos permite complejizar, que es pensarlo como un régimen autoritario. El estronismo supo combinar, más allá de la coincidencia temporal que tuvo con las dictaduras del Cono Sur, que fueron tardías en relación al estronismo, ¿no? Se dan en otro contexto. Para mí, la singularidad que tiene el estronismo es la combinación entre lo que fue una dictadura, que tuvo un sistema represivo, que rigió el estado de sitio de forma permanente prácticamente, con lógicas y dinámicas de la democracia liberal. Es decir, había instituciones, había elecciones con proscripciones políticas, elecciones restringidas. Es decir, cómo se respetó esa fachada de la democracia liberal. Entonces, lo que me resultó siempre muy interesante del estronismo es que permitía poner sobre la mesa el debate de que puede existir la legalidad sin democracia. Y es también lo que a mí me permite explicar o empezar a problematizar lo que trabajo posteriormente, que es la transición y la reforma a la Constitución, y cómo se empiezan a pensar los mecanismos para tratar de controlar o evitar la repetición de un régimen como el Stroessner.

–¿La constituyente del 92 que fue en términos de dejar ostensible el borrón y cuenta nueva?

–Decir que fue el borrón y cuenta nueva puede ser y no ser al mismo tiempo. Porque la transición y la reforma a la Constitución no es que parte de una tabla rasa. La Constitución del 92 le viene a responder al estronismo. Es el pacto democrático por excelencia en Paraguay. Una constitución que, sin duda alguna, creo que tuvo elementos muy positivos y que era realmente necesaria para la transición a la democracia. No había democracia posible si no se reformaba esa Constitución en Paraguay. Podemos discutir que una cosa es la norma y otra cosa es la aplicación, ¿no?

–No recuerdo qué porcentaje, pero era una mayoría de hombres del Partido Colorado que pertenecían al estronismo sentados en una constituyente para cambiar los aires de la dictadura a la democracia, ¿no?

–Era una constituyente amplia, ¿no? Pero ahí hay dos cosas que me interesa resaltar. La transición en Paraguay se enmarca en un proceso de transición hacia la democracia en América Latina en general, ¿no? En el marco de lo que se dice esta tercera ola. Un poco más tarde y tiene una singularidad cuando se piensan las transiciones en América Latina. En Argentina fue la guerra de Malvinas detonó, en otras fueron transiciones más pactadas, el poder civil con los militares. En Paraguay la singularidad es que el Partido Colorado, que fue el partido por excelencia del estronismo, continúe es la marca distintiva de la transición para pensarlo en términos comparativos. Ahí creo que está un poco la clave, pensar esta continuidad, ¿no? En esta idea de transición algunos hablan de transición inverosímil.

–¿Cuáles son te parece las instituciones más nítidas que hacían de cazafantasmas contra la dictadura que se instalan con la constituyente, a citar en primer lugar la no reelección?

–Yo creo que la constituyente del 92 viene a intentar resolver el problema de la concentración del poder en el Ejecutivo. Esta idea de tratar de construir mecanismos constitucionales o herramientas constitucionales que controlen o eviten las extralimitaciones por parte del Poder Ejecutivo, que resuelvan la concentración de poder, la descentralización de ese poder, etc. Y en este intento por resolver ese desequilibrio heredado de la Constitución del 67 se acabó generando, creo yo, un desequilibrio, en este caso a favor del Poder Legislativo, ¿no? Y ahí aparece una figura que analizo, la del juicio político, que expone un poco esta situación. La Constitución buscó crear mecanismos constitucionales para limitar al Poder Ejecutivo, pero después esos mecanismos, desde la transición en adelante, cuando empezaron a aplicarse, en realidad empezaron a ser utilizados por las élites político-partidarias para resolver los conflictos políticos como un elemento de competencia. Y el juicio político es tal vez el caso o el elemento más gráfico de todo eso.

–Hay un paquete de hechos que instala la constituyente y que terminan siendo herramientas de pelea política, ¿no?

–Una de las figuras que me parecen claves para pensar la transición y la posibilidad de consolidación de la democracia en Paraguay, y para entender los límites a la hora de pensar cómo se puede estabilizar o no un sistema político, es la reelección presidencial. Esta idea de prohibir la reelección presidencial pensando que esa era como la garantía para evitar la repetición de gobiernos autoritarios en un país donde la concentración y centralización del poder, el autoritarismo, las lógicas y las dinámicas autoritarias son de larga duración. Cuando uno ve los momentos en que se intentó reformar o poner en discusión mínimamente, eso generó crisis política, sobre todo en el 2017. Es una fibra muy sensible para la sociedad paraguaya la reelección presidencial.

–¿Cuáles son los ejes de tu investigación?

–Yo analizo en mi investigación tres mecanismos constitucionales. La prohibición de la reelección presidencial, el juicio político y el estado de excepción. ¿Por qué tomo estas tres figuras? Porque creo que vienen a responder y a reponer ese pasado estronista. La reelección presidencial, por todo lo que ya conversamos; el juicio político, que en la Constitución del 67 no podía aplicarse al presidente, y el estado de excepción, porque el estado de excepción viene a responder al estado de sitio estronista, ¿no? Y el estado de sitio estronista, como figura constitucional que podía aplicarlo principalmente o exclusivamente el Poder Ejecutivo, con el estado de excepción de la reforma y de la transición a la democracia también se introduce el mecanismo del control parlamentario, y eso me lleva nuevamente a pensar ese nuevo equilibrio o desequilibrio que propone la Constitución del 92.

–El tema de seguridad fue el que menos estuvo en el ojo de la tormenta probablemente.

–Yo tomo por una cuestión de recorte temporal desde el 92 al 2017, es decir, desde la reforma hasta la crisis política por la enmienda. En ese período el estado de excepción se declaró en cuatro oportunidades, dos bajo el gobierno de (Luis Ángel) González Macchi y dos bajo el gobierno de Fernando Lugo. ¿Qué advierto ahí? Si uno ve el primer estado de excepción que se declara en el Paraguay democrático fue en el año 2000 ante esa intentona golpista que fue sofocada muy fácilmente en ese momento y repudiada también. Se declara en un momento podríamos decir para garantizar el orden. Mientras que tanto en 2010 como en 2011 en realidad ahí el estado de excepción empieza a funcionar más como una figura y si vemos cómo termina el caso de Fernando Lugo con su destitución, para resolver o intentar resolver conflictos sociales de otra envergadura. Estamos hablando sobre todo del año 2010 y 2011, donde el conflicto campesino era muy complejo, sobre todo en la zona norte del país. Y eso no se puede desligar de cómo terminó después Fernando Lugo. Es decir, yo creo que, en su caso, el estado de excepción sirvió para ir erosionando esa legitimidad del gobierno de Lugo o de su misma figura, ¿no?, tanto para afuera como para adentro de su propia base social.

–El tema de la prohibición de la reelección no refleja algún tipo de inseguridad al respecto de cómo podemos ser dueños de nuestro propio destino, digamos. Eso de decir que si tenemos esta institución podemos reelegir mal.

–Bueno, esas son dinámicas que nos exceden completamente. Cómo votan y quién gane después se verá. Para mí el desafío está en pensar la aplicación y los usos políticos de las cosas. Después los desenlaces son los desenlaces y los resultados son los resultados, que también hay que pensar las condiciones que posibilitaron o que llevan a esos resultados.

–¿Te parece que también hay un debilitamiento del debate político?

–Yo creo hay un decaimiento. Creo que también está muy vinculado, y acá me vuelvo un poco a mi patria chica, a una situación de hartazgo, cansancio, donde se empezó a poner de moda la idea de la apoliticidad. No hay nada más político que decir “soy apolítico”. Todos somos políticos y, en todo caso, no cumplimos la función del político, pero cualquier intervención es una intervención política. Decir “no soy político, pero estos son la casta”. Bueno, ahí hay un posicionamiento claro respecto a un debate político ideológico, sin duda alguna. Pero sí creo que hay como una cosa más generalizada donde la política está pensada en una dimensión peyorativa y está este distanciamiento.

–¿Estudiaste algo sobre las nuevas generaciones y la dictadura? Hay chicos que ya no tienen una memoria del dolor, ¿no?

–Claro, está cada vez más lejos. En Argentina se cumplieron 50 años de la última dictadura cívico-militar. El gran desafío es que la democracia necesariamente requiere de memoria histórica consolidada, porque la democracia existe como tal, como forma, porque va vamos y votamos, pero son democracias cada vez más débiles o con improntas cada vez más autoritarias.

Autoridades venezolanas exhumaron el cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político cuya muerte ocurrió en julio, pero fue reconocida oficialmente el jueves, lo que suscitó las críticas de la sociedad civil y la oposición, comprobó un periodista de AFP. Familiares de Quero Navas denunciaron su “desaparición forzada” y lo buscaron durante 16 meses sin éxito. Fue acusado de supuestos actos de “terrorismo” como cientos de presos políticos en Venezuela.

Las autoridades afirman que fue detenido en enero de 2025. Su madre Carmen Teresa Navas, de 81 años, lo buscó incesantemente desde entonces sin poder verlo nunca en prisión. Luego de la exhumación logró reconocer el cuerpo de su hijo y enterrarlo en otro cementerio. Dos sacerdotes estuvieron presentes, constató la periodista venezolana Maryorin Méndez, colaboradora de AFP, quien ha documentado la desaparición de Quero durante meses.

Desde 2014 han muerto 19 presos políticos bajo la custodia del Estado, según la ONG Foro Penal que cifra en 454 las personas detenidas por razones políticas en Venezuela al cierre de abril. Sin embargo, esta es la primera vez que las autoridades reconocen la muerte de un preso político reportado como desaparecido, varios meses después de su detención y fallecimiento.

Navas fue informada el jueves de la muerte de su hijo por el ministerio de Servicios Penitenciarios. Luego fue trasladada por funcionarios al cementerio y en el lugar pidió que se practicara una prueba de ADN para corroborar la identidad.

La exhumación ordenada por la Fiscalía se llevó a cabo este viernes en presencia de la madre.

La policía impidió el acceso público al cementerio Parque Memorial Jardín La Puerta, en las afueras de Caracas, donde se encontraban los restos.

“Hay que determinar cuándo murió y en qué condiciones”, dijo a la AFP desde las afueras del cementerio, Lilia Navas, tía de Víctor Quero.

“Hay que hacer justicia (...) Para limpiar el nombre del muchacho que le echaron no sé cuántos delitos encima, como le han hecho a otros tantos”, agregó.

El ministerio penitenciario admitió que Quero Navas murió en julio de 2025, a los 51 años, “por insuficiencia respiratoria” luego de ser trasladado al Hospital Militar en Caracas, y “tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

Activistas han denunciado que en Venezuela hay unas 200 personas en desaparición forzada.

“No puede normalizarse que una madre busque durante meses información sobre su hijo sin recibir respuesta por parte de las autoridades correspondientes”, protestó la ONG de derechos humanos Cofavic en un comunicado. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, la presidenta interina Delcy Rodríguez, impulsó una ley de amnistía para la liberación de presos políticos.

Fuente: AFP.