Tras un proceso de revisión administrativa interna, el presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) Óscar Stark, instruyó a la Asesoría Jurídica, presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, luego de detectar presuntas irregularidades vinculadas a la administración de recursos de la institución, que podría constituirse en un presunto desvío de fondos y un millonario daño patrimonial a la institución.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Johana Mongelós, asesora jurídica de Copaco, explicó que la administración actual dispuso el inicio de una investigación interna, en la cual preliminarmente se está constatando que dichas irregularidades estarían relacionadas con un posible desvío de fondos mediante pagos efectuados con facturas presuntamente falsificadas.
Indicó que, hasta el momento, se han identificado montos que ascienden aproximadamente a G. 1.119 millones, los cuales están sujetos a verificación en el marco de la investigación que se encuentra en curso.
Asimismo, adelantó que la presidencia de Copaco está organizando una presentación formal con todos los detalles pormenorizado de los hallazgos hasta este momento, el próximo lunes 19 de enero en horas de la mañana, mediante una conferencia de prensa.
Transferencia a cuentas personales
“Básicamente lo que se ha detectado es que funcionarios de la gerencia administrativa financiera de Copaco estaban soslayando pagos a proveedores o pagos por servicios para justificar las transferencias bancarias que ellos hacían, de las cuentas de Copaco, a sus propias cuentas particulares y otros familiares”, comentó.
Explicó que desde el momento que comenzaron a notar movimientos económicos llamativos, el presidente Stark dispuso que se inicie una auditoria especial, y durante el ejercicio 2025 se detectaron estas transferencias irregulares por el valor de más de 1.119 millones de guaraníes.
Aclaró que aún está abierto el proceso de auditoría que sigue en ejecución. “De forma preliminar estamos teniendo este resultado, que es sobre el ejercicio fiscal 2025. Pero la auditoría que se dispuso abarca desde el ejercicio fiscal 2022 al 2025. Ahora, el resultado preliminar que tenemos es lo que ya pusimos a conocimiento del Ministerio Público”, comentó.
Mencionó que la denuncia formal se presentó ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, la presentación fue de forma general, aunque existen los suficientes elementos para la identificación de los responsables. Señaló que de igual forma se puso a conocimiento de la Procuraduría General de la República, que ya está acompañando igualmente todo el proceso de la auditoría, así como la elaboración de la denuncia penal.