Por: Antonella Mateu

Entre la tradición agrícola, las inversiones y los desafíos climáticos, los productores buscan mejorar la rentabilidad de sus cultivos y conquistar nuevos mercados. La cooperativa Caica Ltda. reúne a decenas de agricultores que apuestan por la producción frutihortícola como motor de crecimiento económico y desarrollo local.

En La Colmena, la fruticultura es mucho más que una tradición, es una actividad económica que exige inversión, conocimientos técnicos y capacidad para adaptarse al clima y al mercado. Al frente de este desafío está Koichi Miyamoto, presidente de la Cooperativa Agroindustrial Colmena Asuncena Ltda. (Caica), quien combina su experiencia como productor de frutas con la búsqueda de nuevas oportunidades para el sector.

Con 21 años de trayectoria, Caica nació de la fusión de las cooperativas Agroindustrial La Colmena y Asuncena. Actualmente, reúne a 28 socios fundadores y 70 socios productores. Además, cuenta con un depósito propio en el bloque A del Mercado de Abasto de Asunción, una infraestructura esencial para comercializar la producción.

“Canalizamos nuestros productos a través de la cooperativa. Tener nuestro propio depósito en el Mercado de Abasto nos permite contar con un punto de llegada para la producción de nuestros socios”, destacó Koichi.

Los cultivos varían según la zona. Las uvas, los duraznos, las ciruelas y los pelones, junto con una variedad de hortalizas, forman parte de la identidad productiva de la zona. En Caraguatay se producen limones, tomates, cebollas y papas, mientras que en Central tiene mayor presencia la horticultura.

Entre las frutas, la uva sobresale por su potencial económico. Según Koichi, una hectárea de parral puede generar ingresos de hasta G. 100 millones, aunque alcanzar ese nivel requiere una inversión considerable.

“La uva deja un margen interesante, a pesar de sus costos. Una hectárea de parral puede generar hasta G. 100 millones, pero requiere buena inversión”, explicó el productor. Se trata de ingresos potenciales, no necesariamente de ganancias netas.

Contó que la producción de otras frutas presenta mayores incertidumbres. Una temporada puede registrar abundantes duraznos y pelones, mientras que la siguiente puede ofrecer una cosecha escasa.

A esta variabilidad se suma la falta de agua. En La Colmena, algunos pozos artesianos no garantizan un suministro constante, mientras que las lluvias prolongadas favorecen la aparición de hongos y bacterias. “Dependemos mucho del clima. Cuando llueve durante varios días y no sale el sol, aparecen problemas que afectan a los cultivos”, advirtió.

Innovar para agregar valor. Descendiente de inmigrantes japoneses de tercera generación, Koichi se capacitó durante un año y medio en técnicas de cultivo de frutales en la prefectura japonesa de Yamanashi, desde 1989. Actualmente, continúa el trabajo iniciado por su abuelo y explora el procesamiento de productos agrícolas para diversificar la oferta.

Esta apuesta se vincula con un proyecto de cooperación técnica de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), ejecutado durante tres años desde 2010, con apoyo de la prefectura de Kagawa. La iniciativa promovió nuevas técnicas de procesamiento, el desarrollo de productos y la ampliación de los canales comerciales.

La Expo Frutas de La Colmena, que se celebra el tercer fin de semana de diciembre, también dinamiza la economía local mediante la exhibición de frutas de estación, la gastronomía paraguaya y japonesa, y actividades culturales para toda la familia.

De allí que el desafío, para el presidente de Caica y los productores de la zona, es convertir la producción agrícola en un negocio sostenible, capaz de generar ingresos, agregar valor a las cosechas y conquistar nuevos mercados.

Esta figura permite separar los bienes de un proyecto del patrimonio de sus participantes, ordenar los aportes de capital y establecer reglas para administrar los recursos. La notaria pública Annabel Villalba explica sus ventajas, alcances y aspectos importantes antes de invertir.

El fideicomiso inmobiliario gana cada vez más relevancia como alternativa para estructurar negocios, atraer inversores y brindar mayor previsibilidad a los proyectos de construcción. En Paraguay, está regulado por la Ley N.º 921/1996, de Negocios Fiduciarios, y por las disposiciones del Banco Central del Paraguay (BCP). La notaria pública Annabel Villalba señaló que su principal característica es la constitución de un patrimonio autónomo, separado tanto de los bienes de quien los aporta como de los de la entidad que los administra.

Pero, ¿cómo funciona y quiénes participan? El mecanismo consiste en transferir un terreno, dinero u otros bienes a un fiduciario, que los administra para cumplir una finalidad establecida en un contrato. Esta función está reservada a bancos, financieras y empresas fiduciarias autorizadas y supervisadas por el BCP.

A diferencia de una compra tradicional en pozo, en la que el comprador paga directamente al desarrollador, en el fideicomiso los fondos ingresan a cuentas propias del negocio y solo pueden utilizarse para el objetivo pactado. “El fideicomiso es una forma de ordenar la confianza”, acotó Annabel.

De esta manera, el desarrollador puede sumar inversores o propietarios de terrenos, mientras que quienes aportan capital conocen el destino previsto de sus recursos.

Más opciones para financiar obras. El fideicomiso no presta dinero, sino que facilita la organización de aportes provenientes de distintas fuentes, como terrenos, inversores, cuotas de preventa y créditos. También puede estructurarse como garantía para respaldar una financiación bancaria.

La separación patrimonial constituye una protección relevante, ya que los bienes afectados al negocio no quedan expuestos a los acreedores particulares de quien los aportó. Además, los fondos deben mantenerse en cuentas identificadas identificadas, cada fideicomiso lleva su propia contabilidad y el fiduciario debe informar al menos trimestralmente.

En proyectos de construcción, también se contemplan controles sobre el terreno, su tasación, la solvencia del constructor y las condiciones financieras para completar la obra. Los desembolsos pueden vincularse al avance y la fiscalización debe estar a cargo de un profesional independiente.

Costos y decisiones antes de invertir. Constituir un fideicomiso implica honorarios de estructuración y administración, además de gastos de escrituración, registros y tasaciones. La operación debe analizarse también desde el punto de vista tributario, porque el tratamiento depende de la naturaleza de los aportes y de los beneficiarios.

La especialista recomienda evaluar la escala del proyecto, la entidad fiduciaria, la situación jurídica del inmueble y las condiciones del contrato. También es importante distinguir entre proyectos a precio fijo, en los que el desarrollador asume los desvíos de costos, y aquellos al costo, donde estos pueden recaer sobre los compradores.

El fideicomiso, advirtió, no elimina todos los riesgos ni garantiza que una obra termine según lo previsto. Por eso, comprender las obligaciones de cada parte y los mecanismos previstos ante incumplimientos resulta esencial para proteger la inversión.

Alonso Chaverri-Suárez, representante del Grupo BID en Paraguay

Hace unas semanas, Asunción reunió a referentes del sector público, empresarial y financiero para debatir sobre infraestructura, competitividad y desarrollo en la Noche de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y en el VI Foro de la Cámara Vial Paraguaya, ambos con el apoyo del Grupo BID. El foco de estos espacios estuvieron unidos por una misma convicción: el desarrollo no ocurre por accidente; se construye.

Cuando hablamos de infraestructura solemos pensar en rutas, puentes, aeropuertos o viviendas. Sin embargo, una obra empieza mucho antes de la primera excavadora y no termina con el corte de cinta inaugural. Comienza con una buena decisión de inversión y alcanza su verdadero propósito cuando un productor llega más rápido a un mercado, una familia accede a agua segura o una persona abre por primera vez la puerta de su casa propia.

Por eso, la infraestructura debe entenderse como una cadena de valor completa. Cada eslabón cuenta: la planificación, el financiamiento, la ejecución, la operación y el mantenimiento. Si uno falla, el resultado pierde impacto. Una ruta construida sin mantenimiento oportuno se deteriora. Un proyecto mal diseñado eleva costos y retrasa beneficios. Una inversión sin una adecuada articulación institucional termina entregando menos valor del esperado.

El Grupo BID estima que el país necesitará alrededor de USD 15.000 millones hacia 2030 para fortalecer su infraestructura de transporte, logística y conectividad. Al mismo tiempo, estudios internacionales señalan que será necesario sostener durante años niveles de inversión superio superiores a los actuales para cerrar las brechas existentes.

Paraguay llega a este momento con activos importantes y unas oportunidades estupendas. La obtención del grado de inversión abre acceso a capital de largo plazo y a condiciones de financiamiento más favorables. Sin embargo, el desafío no es solo invertir más, sino hacerlo sin comprometer la disciplina fiscal que permitió construir esa credibilidad. Ambos objetivos son compatibles.

La clave está en innovar en los mecanismos de financiamiento. La inversión pública seguirá siendo fundamental, pero debe complementarse con financiamiento multilateral, asociaciones público-privadas, concesiones, garantías, mercado de capitales y nuevos instrumentos capaces de movilizar recursos privados e institucionales. Cuanto más amplia sea la base de financiamiento, mayor será la capacidad de sostener inversiones estratégicas sin concentrar toda la presión sobre el presupuesto público.

También es esencial fortalecer la calidad de la preparación de proyectos. Contar con una cartera madura, evaluaciones rigurosas, reglas previsibles, contratos equilibrados y una adecuada distribución de riesgos es lo que convierte una intención de inversión en una obra exitosa.

La misma lógica se aplica a la integración regional. Paraguay, como país sin litoral marítimo, depende de la eficiencia de cadenas que trascienden sus fronteras. Una ruta no termina donde termina el pavimento. Su valor depende también de pasos fronterizos ágiles, servicios logísticos eficientes, procesos digitales y regulaciones regulaciones coordinadas entre países.

En ese contexto -y solo como un ejemplo-el Corredor Bioceánico, en el Chaco paraguayo, representa una oportunidad de cambio. La inversión de USD 200 millones del BID para el Tramo II y conectores permitirá mejorar más de 130 kilómetros de la Ruta PY15 y fortalecer la conexión de una región donde operan más de 7.000 productores.Pero el verdadero impacto llegará cuando esa infraestructura se integre a un sistema logístico que reduzca costos, facilite el comercio y amplíe oportunidades para quienes producen y generan empleo.

Desde el Grupo BID compartimos esta visión. Nuestra Estrategia de País 2025-2029 prioriza inversiones en transporte, energía, agua y saneamiento, y vivienda sostenible. Lo hacemos convencidos de que el Estado y el sector privado no son actores excluyentes, sino socios indispensables. El primero planifica, regula y protege el interés público; el segundo aporta capital, innovación y capacidad de gestión.

Paraguay tiene hoy la oportunidad de convertir su impulso constructor en una transformación duradera. Porque, al final, la mejor infraestructura es aquella que mejora vidas. Y esa es nuestra misión central.

La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.

Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.

Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.

“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.

El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.

Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.

Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.

La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.

“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.

El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.

A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.

El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.

En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.

Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.

“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.