El mandatario Santiago Peña salió al paso de los cuestionamientos por parte de algunos gremios contra el proyecto de reforma de la Caja Fiscal que impulsa su gobierno. La iniciativa fue entregada al Congreso Nacional el 30 de diciembre y será analizada por la Cámara de Diputados, una vez que se retomen las actividades legislativas, en marzo próximo.
“Las puertas del Congreso están abiertas para poder escuchar a todos los sectores, el ministro de Economía y Finanzas ha estado en el Legislativo explicando el proyecto. La reforma que planteamos busca disponibilizar más recursos para invertir en áreas tan sensibles como la salud pública. Entendemos que debemos hacer inversiones todavía muy importantes como, por ejemplo, contratar más médicos", sostuvo, este viernes, a los medios de comunicación, durante un acto de entrega de kits escolares.
Entre los sectores que se oponen a la reforma figura el de los docentes, donde uno de sus principales representantes, el sindicalista Silvio Piris, amenazó con la aplicación del voto castigo en caso de prosperar la reforma.
“No es un secreto que se tiene un déficit que ronda cerca de los USD 380 millones y representa un problema, imagínense, todo lo que puede hacer el Estado con toda esta cantidad de recursos. El rol de un estadista es pensar en las próximas generaciones y no en las siguientes elecciones”, afirmó Peña.
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Entre los puntos destacados del proyecto figuran la jubilación gradual que irá desde los 57 hasta los 62 años, con incentivos para quienes decidan trabajar más tiempo, aumentando la tasa de sustitución. El aporte subirá del 16 al 19 %. Asimismo, en el proyecto se menciona que el Estado comenzará a aportar de forma proporcional, inicialmente con un 3 %.
En la propuesta se cita que se promediarán los aportes de los últimos 5 años para la jubilación. Se establece que no se modifican las edades de jubilación para los médicos y funcionarios administrativos del servicio civil. Detalla que tampoco se incluye la jubilación parlamentaria.
La reforma que abarcará a los sectores docente, policial y militar apunta a reducir el déficit anual de USD 380 millones, que crecerá a USD 100 millones por año si no se apunta a paliar el conflicto.
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