El Gobierno del Paraguay anunció un decreto firmado por el presidente Santiago Peña, que reactiva el programa “Cielo Guaraní Soberano”. El programa apunta a articular el trabajo de varias instituciones de seguridad a fin de combatir el narcotráfico, que se mueve través de vuelos irregulares, y lograr la captura de los responsables en tierra.

“Este decreto regula el trabajo coordinado de todas las instituciones del Estado que tienen responsabilidad en la defensa y en la seguridad del país. Lo que queremos lograr con esto es la captura de las aeronaves que aterrizan o de los operadores en tierra”, explicó el comandante de la Fuerza Aérea Paraguay, Julio Fullaondo.

El decreto reactiva un programa que había estado operativo entre 2015 y 2019, y que utilizaba los radares entonces disponibles para el control del espacio aéreo. En esta reactivación, el programa tendrá además de nuevos radares, la participación de los aviones Super Tucano adquiridos por la actual administración para la intercepción de los vuelos.

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El comandante Fullaondo explicó que actualmente la Fuerza Aérea ya despliega acciones de intercepción de aeronaves que realizan vuelos irregulares, a través de los Super Tucano, pero reconoció que es necesaria una articulación con fuerzas operativas en tierra para lograr la captura efectiva de los responsables.

“Las veces que tenemos interceptación de aeronaves, necesitamos la reacción rápida de los otros organismos de seguridad en tierra, como ya ocurrió en el caso de que aterriza el avión y tarda dos minutos para volver a decolar", explicó.

Destacó que con el decreto del Poder Ejecutivo se logrará integrar el trabajo de las instituciones de seguridad del Estado para el combate al narcotráfico, el crimen transnacional organizado y los delitos conexos. “Con este decreto que acaba de firmar el presidente, automáticamente se crea un equipo que va a trabajar coordinado en cielo y en tierra", indicó a su turno el ministro del Interior, Enrique Riera.

Entre las instituciones que se articulan en este trabajo están la Policía Nacional, la Fiscalía, la Secretaría Nacional Antidrogas y las Fuerzas Armadas, entre otras que tengan jurisdicción en los lugares donde aterricen las aeronaves.

“Este decreto es una señal clara de que está decidido a combatir de frente y con todos los elementos a su alcance al crimen organizado, al terrorismo y sobre todo y especialmente al narcotráfico", afirmó el ministro de Defensa Nacional, Oscar González.

Las autoridades destacaron que Paraguay tiene acuerdos de cooperación firmados con los países de la región, incluyendo a Brasil, Argentina y Bolivia, que permite la comunicación directa, el intercambio de información y trabajo conjunto para la vigilancia y protección del espacio aéreo en la zona fronteriza.

En el marco de la cooperación internacional, el encargado de negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, expresó que Paraguay cuenta con la asistencia permanente de su gobierno y que están orgullosos de colaborar con la lucha contra el crimen organizado.

“Los aliados se acompañan y el gobierno del presidente Peña y su equipo de seguridad tienen una visión muy clara con respecto al control del espacio aéreo y su lucha contra el crimen organizado, y los Estados Unidos de América estamos ahí para acompañarlos”,acotó.

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El diputado Alejandro Aguilera sostuvo que no existen motivos para dudar sobre el informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el examen de correspondencia del patrimonio del presidente de la República, Santiago Peña. El legislador indicó que el resultado del análisis fue bastante claro.

“La Contraloría dice que hay correspondencia entre sus egresos e ingresos, si la Contraloría General de la República luego de un año de examen exhaustivo que hizo al patrimonio del presidente y dice que está todo ok, por qué habría que dudar, no deberíamos de dudar”, aseguró el diputado en conversación con los medios de comunicación en la sede legislativa.

El parlamentario criticó que el resultado del examen no tuvo el giro que la oposición y ciertos medios de comunicación esperaban, por lo tanto, ahora cuestionan a la Contraloría. “¿Por qué tenemos que dudar?, porque la oposición lo quería condenarlo, la oposición quería que la Contraloría condene a la horca al presidente de la República, es una cuestión de ellos”, refirió.

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Por otra parte, el diputado se refirió al proyecto de tren de cercanías que ya cuenta con media sanción del Senado y se encuentra en la Cámara Baja, y sostuvo que acompañará esta iniciativa que podrá dar un gran alivio a la ciudadanía con relación al transporte público.

“Vamos a acompañar la aprobación de este proyecto tan importante que va a afectar a cientos de miles de paraguayos, principalmente en el área metropolitana. Sabemos que el servicio de transporte público es algo deficitario en nuestro país, está totalmente desfasado y el tren de cercanía va a ser un alivio para la ciudadanía. Estamos muy esperanzados de que este proyecto prospere y la gente tenga mejor calidad de vida”, aseveró el diputado.

Sostuvo además que están muy cerca de concretar este proyecto. “Hoy vamos a darle las herramientas al Gobierno nacional para que se pueda concretar el acuerdo con este gobierno extranjero que nos va a estar ayudando con este proyecto”, sentenció.

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El abogado Ricardo Preda, representante legal del presidente de la República, Santiago Peña, puntualizó que no existen indicios de hechos punibles en la declaración jurada del mandatario, después que la Contraloría General de la República (CGR) descartara irregularidades al presentar ayer lunes el resultado de un examen de correspondencia patrimonial que el propio jefe de Estado solicitó en el año 2025, pese a no estar obligado por ley en esta instancia del cargo.

“Este examen de correspondencia no tiene en sí mismo ningún indicio de la comisión de hecho punible porque justamente la conclusión propiamente dice que hay correspondencia en el patrimonio del presidente y no hay absolutamente ninguna noticia criminis”, afirmó el abogado, este martes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que “en el marco de esa denuncia presentada por esos legisladores, el Ministerio Público había remitido un oficio a la Contraloría solicitando que se pronuncie acerca del patrimonio del presidente, independientemente a ese pedido de la fiscalía, ya en su momento el presidente habría presentado una nota a la contraloría haciendo una declaración jurada, creo que fue en setiembre del año pasado, sin estar obligado a ello”.

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La obligación de presentar la declaración jurada está establecida al inicio de la función pública y al culminar el mandato. “En este caso, para demostrar que no tiene absolutamente nada que ocultar hace esta presentación en setiembre del año pasado y solicita a la Contraloría ese examen de correspondencia. Este estudio es resultado de ese pedido y coincide también con el pedido del Ministerio Público en función a esa denuncia”, aclaró Preda.

Refirió que se aguardará qué decisión tomará la fiscalía respecto al informe remitido por la Contraloría. “Esto se remite a la fiscalía, la fiscalía me imagino que va a dar recepción a esto y eso ya dependerá de la persona que tenga a su cargo el caso para ver el análisis que seguramente va a aplicar a este documento”, apuntó.

Por otra parte, aclaró que los ajustes realizados en las documentaciones corresponden y no se trata de un blanqueo en el patrimonio del presidente como pretenden instalar algunos sectores políticos y medios de comunicación aliados.

“El proceso de estudio de correspondencia es un proceso dinámico donde el órgano contralor le puede solicitar información, no solamente a entidades del sector privado, sino también a entidades del sector público y también al propio controlado, el funcionario cuya declaración está siendo analizada y en ese marco la información que se recibe es procesada por la Contraloría”, refirió el abogado.

Con relación del inmueble ubicado en la ciudad de San Bernardino, en Cordillera, el abogado detalló que pese a que no se encuentre en los registros públicos a nombre de Peña, se incluyó en la declaración ya que cuenta con un contrato privado de compra.

“Lo que se verifica en un examen de correspondencia es lo que está dentro del patrimonio del funcionario. Que declare un inmueble que no está a mi nombre porque aún está en ese proceso de inscripción porque yo lo compré por un contrato privado, en realidad es positivo porque habla de la transparencia del funcionario que declara todo aquello que está en su patrimonio, y algo que yo compro por contrato privado forma parte de tu patrimonio”, sentenció.

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El presidente de la República, Santiago Peña, se reunió este lunes con ministros que conforman el Consejo de Defensa Nacional (Codena) en Mburuvicha Róga, donde abordaron sobre varios puntos relacionados con la seguridad interna del país.

Participaron de esta reunión el ministro secretario del Codena, Cíbar Benítez; el ministro de Defensa Nacional, Óscar González; el ministro del Interior, Enrique Riera; el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid; el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; entre otros miembros del Gabinete.

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“Se evaluaron estrategias de seguridad y defensa, así como la articulación entre las instituciones, fundamental para el bienestar de los paraguayos”, señala el informe de la Presidencia de la República. Los miembros del Consejo no dieron declaraciones a la prensa para detallar los puntos abordados en esta reunión.

El estamento institucional está encargado de realizar tareas ejecutivas, administrativas y de asesoría del Consejo de Defensa Nacional, que se constituye en “una Institución Nacional, dinámica, integrada por recursos humanos altamente calificados, cuya gestión y asesoramiento se constituyan en elementos esenciales en las recomendaciones para la formulación y decisión de las políticas públicas del país”.

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