El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este miércoles la reforma del transporte público en el área metropolitana, que tiene como fin la modernización del servicio a través de tecnologías innovadoras, modelos de gestión sostenibles y un enfoque que prioriza el bienestar de los usuarios.
“La promulgación de esta ley simboliza la construcción de un Paraguay gigante, implementar políticas de Estado porque llegar a este punto solamente encuentra problemas, dificultades, porque tenemos todos el temor, usuarios, empresarios y el gobierno en saber si esta reforma funcionará y si cambiará el sistema. Hay muchas incertidumbres en este camino, pero a partir de ahora tenemos que empezar a construir certezas“, comentó Peña durante un acto en Mburuvicha Róga.
La normativa impulsada por el gobierno de Peña apunta, mediante el fortalecimiento del sistema, a brindar a los ciudadanos un servicio más seguro, accesible y confiable, con mejores tiempos de viaje y mayor previsibilidad.
“Construir políticas públicas es lo que diferencia a un país que progresa de un país que se estanca y que queda atrasado. Un total de 20 años pasaron para que se haga una reforma del transporte sobre un sistema que nadie estaba contento, pero tomamos la decisión, lo enfrentamos y esto es para celebrarlo, pero debemos tener la serenidad y paciencia en saber que el camino que tenemos por adelante es aún demasiado largo, nosotros no estamos ni siquiera cerca", refirió.
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Lo que establece la norma
La ley estipula que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Ejecutivo, referente a las obras públicas y el transporte. Por otra parte, declara como imprescindible el servicio del transporte público metropolitano de pasajeros, y como tal, las empresas deben garantizar su prestación continua y regular.
Además, la normativa establece que las concesiones del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros se deberán otorgar por medio de un contrato y previa licitación pública.
Igualmente, detalla que los buses no podrán contar con más de 15 años de antigüedad, y que el contrato de prestación de servicios tendrá una duración máxima de 15 años y una mínima de 7 años, con el fin de buscar dar seguridad a los operadores para planificar inversiones y mantenimiento.
La ley impulsa la creación de un fideicomiso a ser administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para el financiamiento del servicio de transporte público y que tendrá a su cargo la administración de los siguientes recursos: billetaje electrónico, los recursos de fondo de promoción de transporte eléctrico, las multas aplicadas, la rentabilidad de las inversiones y operaciones del fiduciario, los créditos programados dentro del presupuesto del MOPC, entre otras fuentes de financiamiento.
“Lo mejor está por venir, nosotros estamos sembrando, arando las tierra, pero los próximos años serán de tremenda satisfacción y progreso, puede ser que nosotros ya no estemos en el gobierno cuando eso se vea. Es por eso que las políticas de Estado requiere de una convicción, determinación y fe de que estamos haciendo lo correcto”, aseguró Peña.