La Dirección de Estadística de la Cámara de Diputados, dependiente de la Secretaría General Administrativa, presentó su balance del segundo semestre del 2025, período que evidenció una intensa actividad legislativa.
Según el documento, el Congreso Nacional sancionó un total de 118 proyectos de ley en ese lapso. De ese conjunto, 50 se originaron en Diputados, posicionándola como el principal ámbito de iniciativa legislativa.
El informe permite dimensionar el alcance del trabajo parlamentario desarrollado durante la segunda mitad del año y el grado de participación de los distintos poderes del Estado en el proceso de formación de las leyes.
Al respecto, destaca que de los 118 proyectos sancionados, 33 leyes fueron impulsadas desde el Senado y 34 por el Poder Ejecutivo. Mientras que una ley adicional tuvo como origen la Corte Suprema de Justicia, evidenciando su participación puntual en el proceso legislativo.
Los datos, sistematizados por la Dirección de Estadística a partir de información del Sistema de Información Legislativa (Silpy) y de los resultados de sesión, muestran que el 42 % de las leyes sancionadas provino de Diputados, seguido por el Poder Ejecutivo con el 29 %, el Senado con el 28 % y la Corte Suprema de Justicia con el 1 %. Esta distribución evidencia el rol protagónico de la Cámara Baja en la generación de normativa durante el período analizado.
Nueva legislación en mayoría
En cuanto a la naturaleza de las leyes sancionadas, el informe señala que 94 de las 118 normas aprobadas corresponden a leyes nuevas, mientras que 24 implicaron modificaciones parciales de leyes vigentes.
En términos porcentuales, esto equivale a un 80 % de nuevas leyes y un 20 % de reformas, lo que refleja una agenda legislativa orientada mayormente a la creación de nuevos instrumentos legales.
El informe también destaca los Asuntos Entrados, donde se observa con mayor claridad la dinámica cotidiana del trabajo parlamentario. Los diputados nacionales presentaron un total de 2.184 proyectos: 168 proyectos de ley, 1.628 proyectos de resolución y 388 proyectos de declaración.
Según la distribución porcentual, el 74 % de las iniciativas fueron proyectos de resolución, orientados principalmente a disposiciones internas, pedidos de informes y pronunciamientos institucionales.
El 18 % correspondió a proyectos de declaración, vinculados a expresiones de interés o manifestaciones políticas, mientras que el 8 % restante estuvo compuesto por proyectos de ley, destinados a la creación o modificación de normas con fuerza legal.