• Fotos: Pánfilo Leguizamón

En esta edición del programa “Expresso”, del canal GEN/Nación Media, Augusto dos Santos conversa con la socióloga argentina Florencia Prego, quien desarrolla una investigación sobre el Paraguay contemporáneo y las huellas institucionales del estronismo. Su trabajo se centra en figuras constitucionales como la prohibición de la reelección presidencial, el juicio político y el estado de excepción, mecanismos concebidos en la transición democrática para limitar el abuso de poder, pero que con el tiempo terminaron utilizándose en el marco de las disputas políticas.

–¿Cómo empezó tu relación con la historia del Paraguay?

–Yo integro un equipo de investigación que nos dedicamos a los estudios sociales latinoamericanos. Generalmente hacemos muchos estudios comparados. La riqueza, la perspectiva que tenemos justamente se centra en eso, en poder hacer esos análisis que trabajen dos a tres casos o más. Y mi directora, la doctora Lorena Soler, ella es una paraguayóloga, como le decimos, hace muchos años estudia Paraguay. Yo me empecé a interesar, a tener algunas preocupaciones o empecé a hacerme algunas preguntas que siempre giraron en torno a la dictadura y el autoritarismo. Encontré en Paraguay un caso muy singular, porque me parece que las características que tuvo el estronismo, con esas especificidades, con esas singularidades y particularidades, lo hacen un caso muy interesante para tratar de aplicar, o que me servían a mí para pensar los problemas que yo tenía en la cabeza.

–¿Qué encontrás de la dictadura de Stroessner que te parecen resaltantes?

–Lo que me resulta muy desafiante para pensar el estronismo es pensarlo más allá de una dictadura, es decir, efectivamente fue una dictadura, pero creo que tiene una vuelta más que nos permite complejizar, que es pensarlo como un régimen autoritario. El estronismo supo combinar, más allá de la coincidencia temporal que tuvo con las dictaduras del Cono Sur, que fueron tardías en relación al estronismo, ¿no? Se dan en otro contexto. Para mí, la singularidad que tiene el estronismo es la combinación entre lo que fue una dictadura, que tuvo un sistema represivo, que rigió el estado de sitio de forma permanente prácticamente, con lógicas y dinámicas de la democracia liberal. Es decir, había instituciones, había elecciones con proscripciones políticas, elecciones restringidas. Es decir, cómo se respetó esa fachada de la democracia liberal. Entonces, lo que me resultó siempre muy interesante del estronismo es que permitía poner sobre la mesa el debate de que puede existir la legalidad sin democracia. Y es también lo que a mí me permite explicar o empezar a problematizar lo que trabajo posteriormente, que es la transición y la reforma a la Constitución, y cómo se empiezan a pensar los mecanismos para tratar de controlar o evitar la repetición de un régimen como el Stroessner.

–¿La constituyente del 92 que fue en términos de dejar ostensible el borrón y cuenta nueva?

–Decir que fue el borrón y cuenta nueva puede ser y no ser al mismo tiempo. Porque la transición y la reforma a la Constitución no es que parte de una tabla rasa. La Constitución del 92 le viene a responder al estronismo. Es el pacto democrático por excelencia en Paraguay. Una constitución que, sin duda alguna, creo que tuvo elementos muy positivos y que era realmente necesaria para la transición a la democracia. No había democracia posible si no se reformaba esa Constitución en Paraguay. Podemos discutir que una cosa es la norma y otra cosa es la aplicación, ¿no?

–No recuerdo qué porcentaje, pero era una mayoría de hombres del Partido Colorado que pertenecían al estronismo sentados en una constituyente para cambiar los aires de la dictadura a la democracia, ¿no?

–Era una constituyente amplia, ¿no? Pero ahí hay dos cosas que me interesa resaltar. La transición en Paraguay se enmarca en un proceso de transición hacia la democracia en América Latina en general, ¿no? En el marco de lo que se dice esta tercera ola. Un poco más tarde y tiene una singularidad cuando se piensan las transiciones en América Latina. En Argentina fue la guerra de Malvinas detonó, en otras fueron transiciones más pactadas, el poder civil con los militares. En Paraguay la singularidad es que el Partido Colorado, que fue el partido por excelencia del estronismo, continúe es la marca distintiva de la transición para pensarlo en términos comparativos. Ahí creo que está un poco la clave, pensar esta continuidad, ¿no? En esta idea de transición algunos hablan de transición inverosímil.

–¿Cuáles son te parece las instituciones más nítidas que hacían de cazafantasmas contra la dictadura que se instalan con la constituyente, a citar en primer lugar la no reelección?

–Yo creo que la constituyente del 92 viene a intentar resolver el problema de la concentración del poder en el Ejecutivo. Esta idea de tratar de construir mecanismos constitucionales o herramientas constitucionales que controlen o eviten las extralimitaciones por parte del Poder Ejecutivo, que resuelvan la concentración de poder, la descentralización de ese poder, etc. Y en este intento por resolver ese desequilibrio heredado de la Constitución del 67 se acabó generando, creo yo, un desequilibrio, en este caso a favor del Poder Legislativo, ¿no? Y ahí aparece una figura que analizo, la del juicio político, que expone un poco esta situación. La Constitución buscó crear mecanismos constitucionales para limitar al Poder Ejecutivo, pero después esos mecanismos, desde la transición en adelante, cuando empezaron a aplicarse, en realidad empezaron a ser utilizados por las élites político-partidarias para resolver los conflictos políticos como un elemento de competencia. Y el juicio político es tal vez el caso o el elemento más gráfico de todo eso.

–Hay un paquete de hechos que instala la constituyente y que terminan siendo herramientas de pelea política, ¿no?

–Una de las figuras que me parecen claves para pensar la transición y la posibilidad de consolidación de la democracia en Paraguay, y para entender los límites a la hora de pensar cómo se puede estabilizar o no un sistema político, es la reelección presidencial. Esta idea de prohibir la reelección presidencial pensando que esa era como la garantía para evitar la repetición de gobiernos autoritarios en un país donde la concentración y centralización del poder, el autoritarismo, las lógicas y las dinámicas autoritarias son de larga duración. Cuando uno ve los momentos en que se intentó reformar o poner en discusión mínimamente, eso generó crisis política, sobre todo en el 2017. Es una fibra muy sensible para la sociedad paraguaya la reelección presidencial.

–¿Cuáles son los ejes de tu investigación?

–Yo analizo en mi investigación tres mecanismos constitucionales. La prohibición de la reelección presidencial, el juicio político y el estado de excepción. ¿Por qué tomo estas tres figuras? Porque creo que vienen a responder y a reponer ese pasado estronista. La reelección presidencial, por todo lo que ya conversamos; el juicio político, que en la Constitución del 67 no podía aplicarse al presidente, y el estado de excepción, porque el estado de excepción viene a responder al estado de sitio estronista, ¿no? Y el estado de sitio estronista, como figura constitucional que podía aplicarlo principalmente o exclusivamente el Poder Ejecutivo, con el estado de excepción de la reforma y de la transición a la democracia también se introduce el mecanismo del control parlamentario, y eso me lleva nuevamente a pensar ese nuevo equilibrio o desequilibrio que propone la Constitución del 92.

–El tema de seguridad fue el que menos estuvo en el ojo de la tormenta probablemente.

–Yo tomo por una cuestión de recorte temporal desde el 92 al 2017, es decir, desde la reforma hasta la crisis política por la enmienda. En ese período el estado de excepción se declaró en cuatro oportunidades, dos bajo el gobierno de (Luis Ángel) González Macchi y dos bajo el gobierno de Fernando Lugo. ¿Qué advierto ahí? Si uno ve el primer estado de excepción que se declara en el Paraguay democrático fue en el año 2000 ante esa intentona golpista que fue sofocada muy fácilmente en ese momento y repudiada también. Se declara en un momento podríamos decir para garantizar el orden. Mientras que tanto en 2010 como en 2011 en realidad ahí el estado de excepción empieza a funcionar más como una figura y si vemos cómo termina el caso de Fernando Lugo con su destitución, para resolver o intentar resolver conflictos sociales de otra envergadura. Estamos hablando sobre todo del año 2010 y 2011, donde el conflicto campesino era muy complejo, sobre todo en la zona norte del país. Y eso no se puede desligar de cómo terminó después Fernando Lugo. Es decir, yo creo que, en su caso, el estado de excepción sirvió para ir erosionando esa legitimidad del gobierno de Lugo o de su misma figura, ¿no?, tanto para afuera como para adentro de su propia base social.

–El tema de la prohibición de la reelección no refleja algún tipo de inseguridad al respecto de cómo podemos ser dueños de nuestro propio destino, digamos. Eso de decir que si tenemos esta institución podemos reelegir mal.

–Bueno, esas son dinámicas que nos exceden completamente. Cómo votan y quién gane después se verá. Para mí el desafío está en pensar la aplicación y los usos políticos de las cosas. Después los desenlaces son los desenlaces y los resultados son los resultados, que también hay que pensar las condiciones que posibilitaron o que llevan a esos resultados.

–¿Te parece que también hay un debilitamiento del debate político?

–Yo creo hay un decaimiento. Creo que también está muy vinculado, y acá me vuelvo un poco a mi patria chica, a una situación de hartazgo, cansancio, donde se empezó a poner de moda la idea de la apoliticidad. No hay nada más político que decir “soy apolítico”. Todos somos políticos y, en todo caso, no cumplimos la función del político, pero cualquier intervención es una intervención política. Decir “no soy político, pero estos son la casta”. Bueno, ahí hay un posicionamiento claro respecto a un debate político ideológico, sin duda alguna. Pero sí creo que hay como una cosa más generalizada donde la política está pensada en una dimensión peyorativa y está este distanciamiento.

–¿Estudiaste algo sobre las nuevas generaciones y la dictadura? Hay chicos que ya no tienen una memoria del dolor, ¿no?

–Claro, está cada vez más lejos. En Argentina se cumplieron 50 años de la última dictadura cívico-militar. El gran desafío es que la democracia necesariamente requiere de memoria histórica consolidada, porque la democracia existe como tal, como forma, porque va vamos y votamos, pero son democracias cada vez más débiles o con improntas cada vez más autoritarias.

El sector privado atraviesa un escenario de creciente presión marcado por el comportamiento del dólar, las dificultades vinculadas a pagos a proveedores y la incertidumbre sobre posibles ajustes impositivos.

La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) recibió al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, en un ameno encuentro en el que los representantes del sector privado expusieron las preocupaciones en un marco de diálogo sobre la coyuntura actual.

Durante el encuentro, los empresarios plantearon inquietudes relacionadas con el tipo de cambio, los costos operativos y distintos factores que hoy impactan en la actividad diaria de las empresas. El principal punto abordado, de hecho, fue la situación del dólar, seguido por los pagos a proveedores.

Más que solicitar medidas concretas, el sector privado apuntó a la necesidad de una mayor cercanía entre el ámbito público y empresarial, para comprender la realidad que enfrentan las empresas, a más de valorar la apertura del titular del MEF.

“Consideramos que el sector público tiene que acercarse más al sector privado para escuchar lo que estamos viviendo en el día a día. Muchas veces es muy fácil estar detrás de un escritorio tomando decisiones, cuando en realidad en la calle se ve otra cosa”, expresó Gustavo Egüez, presidente de la CAP.

La reunión también sirvió para plantear la importancia de establecer instancias permanentes de intercambio entre ambos sectores, donde las empresas puedan compartir lo que ocurre en el día a día y el Gobierno pueda responder respecto a posibles soluciones ante el escenario económico actual.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en una mesa de diálogo para profundizar algunos temas específicos. Gustavo adelantó que habrá nuevas reuniones, y no descartó conformar grupos más reducidos para abordar cuestiones puntuales.

Desde el sector empresarial valoraron la apertura del ministro para discutir los temas planteados, y coincidieron en la necesidad de mantener conversaciones más frecuentes ante un contexto que consideran cada vez más desafiante para la operación de las empresas.

El ministro de Economía destacó su compromiso de mantener canales de comunicación abiertos con el gremio, subrayando que su equipo está dispuesto a seguir escuchando activamente al sector privado. Asintió que la toma de decisiones gubernamentales se debe realizar con una comprensión plena del contexto empresarial y económico.

En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.

El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.

Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.

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En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.

Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.

Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.

Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.

En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.

Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.

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El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.

Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.

En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.

En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.

Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.

Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.

“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.

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Naciones Unidas pidió este miércoles a Israel que libere de inmediato al hispanopalestino Saif Abu Keshek y al brasileño Thiago Ávila, los dos activistas detenidos en una flotilla con destino a Gaza, y exigieron una investigación sobre las acusaciones de maltrato. Ambos se encuentran en una prisión de Ascalón (Israel) desde que fueron capturados el pasado jueves, cuando su flotilla fue interceptada por las fuerzas israelíes frente a las costas de la isla griega de Creta.

“Israel debe liberar inmediata e incondicionalmente a los miembros de la Flotilla Global Sumud Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, que fueron detenidos en aguas internacionales y llevados a Israel, donde siguen retenidos sin cargos”, declaró el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, en un comunicado.

“No es un delito mostrar solidaridad e intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina de Gaza, que la necesita urgentemente”, añadió. Los barcos de la flotilla zarparon de Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria al territorio palestino, devastado por dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

Sus abogados acusan a las autoridades israelíes de maltrato, y el martes afirmaron que los dos se pusieron en huelga de hambre desde su captura el jueves. Kheetan denunció los “relatos perturbadores de malos tratos graves” y pidió una investigación, insistiendo en que “los responsables deben ser llevados ante la justicia”.

“Hacemos un llamamiento para que Israel ponga fin al uso de la detención arbitraria y de una legislación antiterrorista amplia y vagamente definida, incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos”, declaró. Israel acusa a ambos de vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás, lo que los interesados niegan. La justicia israelí ya había validado el domingo una primera prolongación de dos días de su detención.

Fuente: AFP.