• Por Juan Marcelo Pereira (juan.pereira@nacionmedia.com)

El domingo 4 de octubre del 2026 se prevé la realización de las elecciones municipales, ocasión en que los paraguayos ejercerán nuevamente su derecho al sufragio con la finalidad de elegir a sus nuevas autoridades para las intendencias y las juntas municipales por el periodo 2026-2031. Previamente, el 7 de junio se harán los comicios internos simultáneos de los partidos y movimientos políticos de los que saldrán los aspirantes para las municipales.

La Nación/Nación Media conversó con el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, quien asumió la presidencia de la institución desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2026.

- El 2026 será un año clave para la democracia paraguaya. Asumo la presidencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral con el firme compromiso de honrar la confianza de mis colegas ministros y de dar continuidad al trabajo institucional, destacando la gestión del ministro Jaime Bestard durante el 2025, basado en el trabajo en equipo y la responsabilidad colegiada.

La prioridad central de nuestra gestión será cumplir estrictamente la misión constitucional establecida en el artículo 273 de la Constitución Nacional, garantizando elecciones transparentes, imparciales y confiables, competencia exclusiva de la Justicia Electoral.

- El principal desafío será la correcta organización de las elecciones municipales, con las internas previstas para el 7 de junio y las generales municipales del 4 de octubre, así como las elecciones de los representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura. Todo este proceso estará guiado por valores fundamentales de la democracia: el respeto a la voluntad popular, la igualdad de condiciones para los actores políticos, la transparencia institucional.

En la institución contamos con una dirección que está abocada a garantizar que los capacitadores electorales estén debidamente actualizados en los temas específicos, en especial en el uso y manejo de las máquinas de votación con un debido monitoreo y evaluación de todo el proceso en relación al cumplimiento de los cronogramas electorales, para nosotros será primordial la divulgación de uso de las máquinas y llegar a todo el país.

Este año hemos recibido en total 215 solicitudes de alianzas para las elecciones municipales del próximo año, se han realizado 1.172 jornadas de capacitaciones y asesoramientos para la conformación de organizaciones políticas dirigidas a la ciudadanía, a grupos organizados, servidores públicos y a comunidades indígenas. Brindamos apoyo técnico electoral a organizaciones intermedias llegando a más de 1.400 asistencias a las mismas y a los registros electorales de todo el país.

- En relación a esta pregunta debo destacar que debemos dar pleno cumplimiento a lo que establece la ley número 6318 aprobada y publicada en el año 2019. Esta norma modifica algunas disposiciones del Código Electoral y establece el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos pluripersonales. En términos más sencillos, hablamos del voto electrónico, la utilización obligatoria de las máquinas de votación y el voto preferencial, sistema que ha derogado las denominadas “listas sábanas”.

El TSJE debe arbitrar los medios necesarios para una eficiente implementación del sistema de votación y escrutinio establecido en la citada ley. Cualquier modificación que se pretenda debe ser discutida, debatida, analizada y aprobada en el seno natural del proceso de formación de las leyes, es decir, el Parlamento Nacional.

- Respondemos que estamos en condiciones de garantizar elecciones limpias, claras y transparentes. Con las máquinas de votación ya hemos realizado elecciones municipales en el año 2021, elecciones de miembros del Consejo de la Magistratura en el 2023 y elecciones generales en ese mismo año, resultando todas ellas exitosas.

Quiero destacar que las elecciones generales del año 2023 han sido observadas por más de 500 observadores internacionales de OEA (Organización de Estados Americanos), Unión Europea, Uniore, Aweb y otras organizaciones, y absolutamente todos los informes son coincidentes en el sentido que no se han visualizado ni constatado indicios de fraude electoral. Las denuncias efectuadas han sido desestimadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Qué significa eso? Que lo denunciado no es constitutivo de hecho punible, que no ha configurado delito alguno. Las autoridades electas, en esas condiciones, han adquirido plena legitimidad.

- Ratifico y reitero la afirmación precedente acerca de la plena vigencia de la ley 6318 del año 2019 y cualquier modificación del sistema instaurado por dicha ley debe ser analizado, debatido y aprobado en el Parlamento Nacional. Los legisladores son, conforme a normas constitucionales, los representantes del pueblo. Existen debates a un nivel mediático sobre estos temas. Considero que los debates son válidos, pero si van acompañados de agresiones personales no suman ni construyen, es por ello, que vamos por el diálogo que si construye para fortalecer la Democracia y el Estado de Derecho.

- El proceso de alquiler de las máquinas de votación se encuentra ya en su última etapa. Por resolución n.º 996 de fecha 5 de diciembre 2025, ya existe adjudicación. Estamos esperando el CDP (certificado de disponibilidad presupuestaria) con lo cual estaremos en condiciones de suscribir el correspondiente contrato, lo cual podría producirse en la segunda quincena de enero. Tenemos previsto contar con el primer lote de máquinas de votación para el mes de febrero del año entrante y allí iniciar la auditoría externa e internacional, con la participación de todas las agrupaciones políticas y como lo he mencionado y de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.

Asimismo, hemos iniciado reuniones con referentes de partidos políticos, sus apoderados legales y técnicos a fin de establecer protocolos para dichas auditorías. Estamos escuchando las inquietudes de distintos sectores políticos, instando al diálogo, demostrando con ello plena apertura a los efectos de seguir construyendo confiabilidad y credibilidad.

- Todo el proceso ha sido controlado, verificado y monitoreado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el marco de la nueva ley de compras y suministros públicos Nro. 7021 que sustituye a la ley 2051. Se han evacuado observaciones, resuelto protestas contra el pliego de bases y condiciones.

Es un pliego que ha sido preparado y presentado a la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) por nuestros técnicos con un óptimo nivel técnico y jurídico. En ese sentido niego cualquier supuesto direccionamiento. Toda la documentación que menciono se encuentra en el portal de la DNCP y está al alcance de ser analizada por cualquier persona.

- En el TSJE no estamos ajenos a todo lo que implique seguridad para el elector y para el sistema electoral. Se podría analizar la implementación gradual o proyectos pilotos que traigan consigo aplicación parcial a los efectos de llegar gradualmente a una implementación total. Reiteramos, sin embargo, que vemos con buenos ojos la implementación de un sistema biométrico de control.

Finalmente, la democracia no se agota en el acto electoral; se construye todos los días con instituciones fuertes, con respeto al Estado de Derecho y con un compromiso y diálogo permanente. Desde la Justicia Electoral reafirmamos nuestra convicción de trabajar con todos los sectores políticos, sin exclusiones, custodiando la transparencia de los procesos y garantizando que la voluntad popular sea siempre respetada. Ese es nuestro deber constitucional y también nuestra responsabilidad ética: seguir fortaleciendo la credibilidad del sistema electoral, porque cuando la ciudadanía confía en sus elecciones, confía en la democracia y en el futuro del país.