Un grupo de abogadas presentó una acción de nulidad contra la decisión de la convención del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), del pasado 21 de diciembre, que disminuye la obligatoriedad de paridad en las listas legislativas del 50 al 20 %. Esta acción fue presentada ante la Justicia Electoral bajo patrocinio de las abogadas Lorena Segovia, Pilar Callizo y Pilar Abente.

La acción está caratulada como: “Marlene Orué, apoderada del Movimiento Coherencia Liberal y Olga Paredes, precandidata al cargo de concejal municipal de la ciudad de Asunción c/ el Partido Liberal Radical Auténtico s/ acción de nulidad de resolución adoptada por la Convención Nacional Extraordinaria del P.L.R.A. de fecha 21/12/2025”.

La misma se basa en los siguientes fundamentos: vicios en el procedimiento de adopción de la resolución; la violación del principio de irretroactividad, al pretender aplicar una modificación regresiva a un proceso electoral ya en curso; la afectación directa a los derechos adquiridos y expectativas legítimas de mujeres precandidatas y la contradicción con la jurisprudencia y los estándares nacionales e internacionales sobre igualdad y no regresividad de derechos políticos.

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“Se decidió derogar la paridad y volver a la cuota del 20 %, es decir, retroceder 30 años atrás. Solicitamos que se imprima el trámite de riesgo, que es el previsto en la ley electoral para casos urgentes como este, a fin de que se pueda resolver la cuestión lo antes posible atendiendo a la urgencia del caso”, explicó la abogada Pilar Abente para La Nación/Nación Media.

Indicó además que la urgencia se da teniendo en cuenta que ya se inició el proceso electoral para las municipales del 2026. “Según el cronograma electoral, los primeros días de febrero son los establecidos para la inscripción de las candidaturas, entonces el objeto de esta demanda es que se revierta la situación lo antes posible, de modo a que todas nuestras candidaturas, todas las listas, puedan presentarse conforme a la ley”, refirió.

Así también, sostuvo que se busca “evitar problemas jurídicos en series posteriores, que puedan exponer a la vez al Partido Liberal y a la oposición a la hora de disputar en las elecciones municipales”.

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