El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley 7621, con un objetivo de crear incentivos reales para que personas privadas de libertad se involucren activamente en procesos de reinserción, según la Constitución Nacional.
El mandatario posteó en sus redes sociales sobre la promulgación, afirmando que esta norma dispone que el trabajo, el estudio y las capacitaciones concluidas pueden traducirse en la reducción de días o meses de condena.
“No se trata solo de cumplir una pena, sino de aprovechar ese tiempo para formarse, aprender y prepararse para la vida en libertad”, escribió Peña en su cuenta X.
Te puede interesar: Gobierno entrega otras 30 ambulancias para el sistema de salud
De esa manera -agregó que con con esta ley se brinda herramientas concretas para que, al salir, tengan más oportunidades y menos probabilidades de volver a delinquir.
“Porque la seguridad también se construye dando oportunidades de cambio”, sostuvo en las redes sociales.
La ley modifica varias disposiciones contenidas en la Ley 5162/14, del Código de Ejecución Penal".
Las disposiciones hacen relación a los artículos 120, 121, y 122, en las que se busca precisar y ordenar las reglas de redención ordinaria y extraordinaria.
Lea más: Ejecutivo promulga ley que regula relación laboral en la industria de la belleza
Dejanos tu comentario
Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
LOS HECHOS ATRIBUIDOS Y EL ROL DE LOS IMPUTADOS
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
VOLUMEN DE FONDOS Y SEVERIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá guardando reclusión en el REP
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
Dejanos tu comentario
Renuncia José Alberto Alderete como asesor político de Peña
El asesor político de la Presidencia de la República, José Alberto Alderete, renunció hoy viernes a su cargo de asesor político del renunciante presidente Santiago Peña.
Alderete formaba parte del entorno más cercano al mandatario que ayer presentó su dimisión a la primera magistratura. Su alejamiento se suma a las salidas del jefe de Gabinete Javier Giménez, del asesor jurídico Roberto “Ilo” Moreno, y del ministro del Interior Enrique Riera que se dieron en las últimas horas.
José Alberto Alderete Rodríguez, afiliado al Partido Colorado, se desempeñó como senador nacional entre 1993 y 1998 y como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, entre 2003 y 2006.
Ocupó diversos cargos de dirección dentro del Partido Colorado y en entidades binacionales del Estado paraguayo.
Fue jefe de campaña y asesor político de varios presidentes de la República, entre ellos Nicanor Duarte Frutos, Mario Abdo Benítez y finalmente de Santiago Peña Palacios.
Lea más: Senado retoma juicio político y va a cuarto intermedio para convocatoria de Peña
Dejanos tu comentario
Caso ueno bank: 15 años de cárcel es la pena máxima a la que se exponen directivos
Los directivos imputados en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en ueno bank se exponen a una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel, de acuerdo con los delitos atribuidos por el Ministerio Público. La cifra surge de la aplicación de las reglas del concurso de hechos punibles, según la explicación de la expectativa de pena para la causa.
Entre los hechos punibles imputados figuran la conducta indebida en situaciones de crisis, que contempla una expectativa de hasta 10 años de prisión; lesión de confianza, que en su modalidad grave también puede alcanzar los 10 años; tentativa de estafa, con una expectativa de hasta 5 años, y violación de llevar libros de comercio, igualmente con una pena de hasta 5 años.
Al aplicarse las reglas del concurso de hechos punibles, la expectativa máxima inicial sería de 15 años de cárcel. Esto se explica porque se toma como base la pena más elevada, de 10 años, y se puede incrementar hasta la mitad de ese máximo, es decir, 5 años adicionales.
Te puede interesar: Primer anillo de Peña: Giménez y Moreno renunciaron a sus cargos
Trasladados a prisión
Este viernes, Miguel Vázquez, CEO del extinto ueno bank y presidente del holding Grupo Vázquez, ingresó al Centro Nacional de Prevenidos (expenal de Tacumbú), donde deberá cumplir prisión preventiva por disposición judicial, en el marco de la causa.
Asimismo, fueron trasladados otros directivos de la entidad bancaria: Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey, Diego Fernando Duarte y Alejandro Gómez Abente, quienes también quedaron a disposición del sistema penitenciario.
Por su parte, Miguel Ángel Almada Frutos será recluido en la Penitenciaría Padre Juan de la Vega, ubicada en Emboscada. La investigación fiscal busca determinar las responsabilidades de los directivos en los hechos atribuidos a la administración de la entidad bancaria. La prisión preventiva dispuesta por la Justicia no implica una declaración de culpabilidad.
Lea también: Senado retoma juicio político y va a cuarto intermedio para convocatoria de Peña
Dejanos tu comentario
Santiago Peña anuncia que se someterá al juicio político
El presidente de la República, Santiago Peña, quien esta siesta presentó su renuncia al cargo, anunció que se someterá al proceso de juicio político que se lleva adelante en el Congreso.
A través de sus redes sociales, el todavía mandatario señaló que ante la continuidad del enjuiciamiento político se presentará y ejercerá su derecho a la defensa, presentando argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República.
Peña está siendo investigado por el Ministerio Público, debido a su presunta vinculación con el intervenido ueno bank, medida que fue dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Esta tarde, el Congreso Nacional no obtuvo el quórum necesario para proseguir con la votación a favor o el rechazo de la nota de renuncia presentada por Peña, levantándose de esa manera la sesión.
“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, escribió Peña en sus redes.
Dijo que se pondrá a disposición de las instituciones competentes para el esclarecimiento de los hechos, y se determinen responsabilidades y aquellos que “hayan infringido la ley respondan ante la Justicia”.
El director de Comunicaciones, Guillermo Grance, confirmó la decisión del presidente Peña de someterse al proceso de juicio político.
Dijo que el mandatario continúa en el país, y que no viajó al exterior.
En su posteo, Peña agregó que aportará la información que le sea requerida, ya que la ciudadanía merece conocer la verdad.
“Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”, señala.
Recordó que su suerte personal no está por encima del Paraguay, y cualquiera que sea el resultado de este proceso, actuará con responsabilidad y respeto a la Constitución.
“Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas”, finalizó.
Lea más: Peña sigue siendo presidente: dejan sin quórum la sesión