El senador Silvio Ovelar indicó este lunes que, a más de dos años de gobierno, el presidente de la República, Santiago Peña, sigue gozando de una imagen positiva a raíz de los logros conquistados por su gestión en el campo de la macroeconomía. El legislador destacó que el economista concluye este 2025 en el quinto lugar en el ranking de los mandatarios sudamericanos con mayor imagen positiva, según el informe emitido por la consultora argentina CB Consultora Opinión Pública.
“La gestión pública siempre es muy compleja aquí y en cualquier parte del mundo. Hace poco se publicaron los números positivos y negativos de todos los presidentes de América Latina y el presidente Peña está de la tabla de mitad para arriba, utilizando la jerga futbolística”, afirmó Ovelar, este lunes, a la 1020 AM.
El parlamentario acotó: “Creo que el presidente de la República, dentro de las críticas que ha tenido, sigue manteniendo una imagen positiva y esto yo lo atribuiría al hecho de que macroeconómicamente estamos muy bien, pero nos falta aterrizar en la microeconomía, la gente de a pie tiene que sentir en su bolsillo”.
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Ovelar manifestó que su afirmación se sustenta con el hecho de que Paraguay haya alcanzado el grado de inversión con dos de las tres calificadoras de riesgos más importantes del mundo, el cual coloca a nuestro país entre las economías con mayor credibilidad macroeconómica de América Latina.
“Desde el año 1998 estoy jugando en primera división, primero siendo gobernador y ahora estoy en mi quinto periodo como senador y me gusta tener la herramienta de la encuesta para hacer análisis más objetivos porque muchas veces nos basamos en las percepciones, entonces todos los presidentes de la República tuvieron sus altas y bajas”, puntualizó Ovelar.
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Peña seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva. Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
Antecedentes
La imputación contra Peña, quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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Leite plantea la creación de una comisión bicameral para investigar el caso ueno
Paralelamente a las indagaciones que realiza el Ministerio del Interior sobre la causa ueno bank, el senador Gustavo Leite plantea la creación de una comisión bicameral en el Congreso Nacional para indagar la crisis financiera que afectó a tres millones de paraguayos luego de la intervención y disolución de la entidad bancaria.
A la vez el legislador afirmó que la comisión bicameral también tendrá como finalidad investigar sobre las deudas contraídas con proveedores sin la autorización del Congreso Nacional. “Tenemos que dejar que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haga su trabajo y ya adelantó que la semana que viene voy a presentar a mis colegas la propuesta de crear una comisión bicameral especial para investigar el caso del banco ueno y para investigar la deuda; para mi gusto, espuria de los proveedores que se tomaron sin consentimiento del Congreso”, dijo a los medios de comunicación.
Las afirmaciones de Leite surgieron tras la destitución vía juicio político del exjefe de Estado, Santiago Peña, y la asunción de Pedro Alliana como mandatario y de su excolega Antonio Barrios como vicepresidente de la República.
“Este país utilizó la Constitución Nacional y la ley para sacar encima a un presidente que incumplió y traicionó al pueblo. Le dimos el derecho a la defensa, le escuchamos a sus abogados y abramos en consecuencia con lo que el pueblo paraguayo pedía”, refirió.
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Agregó que “Paraguay ha dado una lección al mundo tras resolver la crisis institucional por la vía pacífica y de la Constitución Nacional”. Leite a la vez expresó su respaldo a la propuesta de Alliana consistente en la presentación de un proyecto de ley para recortar los gastos superfluos en el Estado.
“Estoy de acuerdo con su idea, tendrá todo nuestro apoyo, hay que cortar los gastos, hay que poner medicamentos en las manos de la gente, doctores que atiendan a los paraguayos con calidez y calidad. Nosotros haremos todo de nuestro alcance para que no falte plata. Celebro que él escuche lo que el pueblo paraguayo clama”, comentó.
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Transición política no altera la calificación de Paraguay, según S&P Global Ratings
S&P Global Ratings, principal agencia mundial de calificación crediticia, consideró que la transición presidencial en Paraguay no tendría un impacto inmediato en la calificación soberana del país, que se mantiene en BBB- con perspectiva estable. La calificadora señaló que la asunción de Alliana no modifica su evaluación crediticia.
La firma contempló que Pedro Alliana asumiera la Presidencia y completara el actual periodo de gobierno hasta agosto de 2028. En su escenario base, esperaba que la nueva administración mantuviera un enfoque pragmático y diera continuidad a la orientación macroeconómica del país, respaldada por un amplio consenso político.
S&P reconoció que la crisis generada por la intervención de ueno bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), podría afectar la confianza de los inversionistas en el corto plazo. Sin embargo, consideró que el crecimiento económico seguiría siendo resiliente y proyectó una expansión del PIB del 4,8 % para este año y del 3,5 % para 2027 y 2028. Además, no previó que el episodio generara debilidades crediticias generalizadas en el sistema bancario ni un impacto significativo en la confianza de los depositantes.
En cuanto al frente fiscal, la calificadora advirtió que la transición política podría ralentizar el proceso de corrección de las cuentas públicas y dificultar el control del gasto. También señaló que la atención de los depósitos no cubiertos de ueno bank, incluidos fondos del sector público, podría representar un costo fiscal. No obstante, estimó que inicialmente la desviación respecto a sus proyecciones sería limitada y que la deuda pública se mantendría en niveles moderados frente a otros países con calificación similar.
Finalmente, S&P indicó que continuaría monitoreando la evolución de los acontecimientos y sus efectos sobre la economía. Una mayor incertidumbre política o un deterioro de la confianza en las instituciones que afectara las perspectivas de crecimiento y debilitara las posiciones fiscal, externa o monetaria del país podrían derivar en una evaluación negativa de la calificación soberana.