El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, refirió que la finalidad del proyecto de reglamentación de la senaduría vitalicia apunta a dar, más que una claridad jurídica, una claridad política. La iniciativa legislativa es impulsado por el titular del Senado, Basilio Núñez, quien hizo ayer la presentación en una conferencia de prensa.
“Yo no vi el proyecto, no conversé todavía con Bachi, pero yo creo que lo que está buscando es tratar de dar claridad a esta situación, y ni siquiera dar una claridad jurídica, creo que sería hasta una claridad política”, refirió Latorre a los periodistas en el Congreso Nacional.
El titular legislativo citó los antecedentes que ya se dieron en la Cámara de Senadores, con dos senadores electos por voto popular y proclamados por la máxima autoridad electoral, pero que, aún así, por una decisión política no ejercieron el cargo.
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“En el pasado existieron senadores que fueron electos, el pueblo paraguayo dijo: yo quiero que este sea mi senador, que fueron electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, sin embargo, por una decisión política, en este caso del Senado no los dejaron jurar y estoy hablando del caso del expresidente de la República, Horacio Cartes, y el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. A mí parecer debieron ejercer la senaduría”, refirió.
Latorre comentó que “la iniciativa de Bachi busca dar claridad, esa claridad política a esa situación y que nunca más por decisión de una mayoría coyuntural en una de las Cámaras, un paraguayo que ha sido electo, a quien el pueblo paraguayo le confirió esa atribución no pueda ejercer ese cargo”.
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Diputados de varias comisiones se reunirán con el ministro Tadeo Rojas
Miembros de varias comisiones asesoras de la Cámara de Diputados se reunirán de manera conjunta este lunes a fin de escuchar un informe del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, sobre los programas administrados por esta institución. La iniciativa fue planteada por la presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba.
El encuentro está previsto para las 14:00 en el Salón VIP de la Cámara de Diputados, ubicado en el quinto piso del edificio legislativo. En la ocasión, el titular del Ministerio de Desarrollo Social expondrá ante los parlamentarios de los diferentes bloques los avances, resultados y estado de situación de los programas sociales. Es con el fin de controlar y dar seguimiento presupuestario que corresponden a las comisiones convocantes.
La Cámara de Diputados aclaró que este tipo de instancias de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo constituyen un mecanismo muy importante dentro del sistema de control parlamentario.
De esta forma, los diputados buscan interiorizarse de primera mano sobre la ejecución de las políticas públicas y el uso de los recursos del Estado destinados a los sectores más vulnerables de la población.
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Obras en el Congreso Nacional no demandarán la contratación de más funcionarios, aclara Núñez
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, aclaró que las obras de refacción de oficinas pertenecientes a la Cámara de Senadores no demandarán la contratación de nuevos funcionarios. El reacondicionamiento del edificio demanda la suma de USD 459.870 donados por Taiwán.
“La administración de estos fondos corre por cuenta del gobierno de Taiwán a través de su embajada. Independientemente de eso, nosotros igual solicitamos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que se publique todo el proceso de licitación”, comentó a los medios de comunicación.
Señaló que el reacondicionamiento durará 7 meses. Entre las áreas intervenidas figuran 18 oficinas para comisiones permanentes, 4 oficinas administrativas para la Dirección de Patrimonio, áreas de depósitos, archivos, espacios de apoyo para las bancadas y dependencias institucionales.
“Esto para nada implica la contratación de más funcionarios, todo el monto del presupuesto general de la nación se utilizará para el funcionamiento del Congreso Nacional y del Senado, pero en este caso estamos hablando de una cooperación no reembolsable”, puntualizó.
Mientras que el director de mantenimiento del Legislativo, Sebastián Romero, comentó que la intervención se ejecutará en sectores de planta baja y parte del primer piso del edificio. Agregó que, como parte del proceso, se ha previsto un esquema de arrendamiento temporal de un inmueble con un costo mensual estimado de G. 63.000.000, que permitirá la reubicación de las oficinas afectadas durante la remodelación.
El objetivo principal del proyecto, según detalló, es lograr una reorganización integral de la infraestructura edilicia. Agregó que la refacción contempla la habilitación de tres salas de reuniones completamente equipadas, con mayor capacidad que las actuales y con tecnología moderna para el desarrollo de audiencias públicas y reuniones de comisiones.
Estas salas contarán con sistemas audiovisuales, micrófonos, conectividad para reuniones virtuales, pantallas interactivas, acceso a internet vía wifi y equipamiento tecnológico que permitirá el desarrollo de sesiones presenciales y telemáticas.
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Factoraje: constructoras esperan reglamentación para destrabar pagos de obras
La industria de la construcción mantiene la expectativa puesta en la reglamentación del factoraje, mecanismo financiero que podría comenzar a destrabar parte de la deuda que el Estado arrastra con empresas contratistas.
Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) advierten que, aunque el gobierno inició desembolsos comprometidos para abril y mayo, la mora acumulada sigue siendo elevada y continúa golpeando la liquidez del sector.
El presidente del gremio, Paul Sarubbi, explicó que los pagos realizados hasta ahora apenas alcanzan para cubrir los nuevos certificados de obras emitidos mensualmente, sin lograr todavía una reducción sustancial del pasivo heredado.
Según detalló, el flujo mensual de certificados ronda entre USD 50 millones y USD 60 millones, por lo que gran parte de los USD 150 millones anunciados por el Ejecutivo para estos dos meses termina absorbiéndose en compromisos recientes y no en la deuda total.
Actualmente, las empresas constructoras reclaman alrededor de USD 350 millones pendientes, cifra a la que se suman intereses generados por retrasos en los pagos, estimados en unos USD 110 millones.
Esta situación obliga a muchas firmas a seguir financiándose con créditos privados para sostener obras, cumplir con proveedores y mantener empleos.
Ante este escenario, el sector considera urgente la implementación del factoraje, sistema mediante el cual bancos o entidades financieras podrán adquirir certificados de obras pendientes de cobro. La diferencia central del esquema propuesto es que los costos financieros ya no recaerían sobre las constructoras, sino que serían asumidos por el propio Estado.
Sarubbi señaló que este punto fue uno de los principales focos de discusión durante las negociaciones técnicas que actualmente lidera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con representantes de la banca privada, el Banco Central del Paraguay (BCP), la Abogacía del Tesoro y asesores jurídicos de los gremios.
No obstante, desde Cavialpa aclaran que el factoraje será apenas una herramienta de alivio y no una solución definitiva al problema estructural de financiamiento público. El dirigente recordó que el límite fiscal de 1,5 % del producto interno bruto (PIB) restringe fuertemente la capacidad de inversión estatal, especialmente en infraestructura.
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Senado: impulsan ley para facilitar viajes de menores ante falta de cuidado parental
Con el objetivo de frenar la “extorsión” que sufren madres y padres ante la negativa de viaje de sus hijos por parte de progenitores ausentes, la Cámara de Senadores analiza un proyecto de ley que busca simplificar los trámites burocráticos de autorización de salida al exterior.
La iniciativa es impulsada por la senadora Lizarella Valiente; propone la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo que ante el incumplimiento del deber del cuidado y alimentario sea causal suficiente para que un juez prescinda de la venia del progenitor deudor, eliminando así barreras burocráticas que afectan el interés superior del niño.
La parlamentaria se puso en contacto con La Nación/Nación Media, a raíz de una publicación de LNPop, en la cual abordaba una discusión en redes sociales, a raíz de la dificultad que estaba pasando la actriz paraguaya Diana Frutos sobre el permiso de viaje para su hija. Hubo un planteamiento general de aplicar en Paraguay la “Ley Cazzu” (legislación vigente en México, inspirada en los conflictos entre la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu” y Christian Nodal por los permisos de su hija Inti).
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Ante este planteamiento, la senadora Valiente informó que en el Senado está en estudio un proyecto de ley, presentado el 19 de marzo de este año; plantea la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Con el propósito central de agilizar y simplificar el trámite de autorización de viaje al exterior de los menores de edad, cuando exista la falta del deber de cuidado y alimentación por parte de uno de los progenitores.
Señaló que su propuesta es diferente a la Ley Cazzu, no tiene sesgos feministas ni ideológicos, que incluso fue muy criticada tanto en Argentina como en México. Explicó que la norma aplica por igual a padres o madres que ostenten la convivencia y sufran el incumplimiento por parte del otro.
La senadora Valiente destacó que la propuesta surge de una inquietud de la sociedad civil, mencionando específicamente la iniciativa de la ciudadana y artista Nadia Portillo, quien planteó la necesidad de una reglamentación más ágil para proteger a los niños que quedan “rehenes” de las disputas entre sus padres.
“Nuestra propuesta tiene la finalidad de modificar y simplificar el trámite de autorización de viajes al exterior de los menores, eliminando obstáculos burocráticos cuando existan las faltas del deber del cuidado de uno de los progenitores o el incumplimiento del deber alimentario. Puesto que se buscaría eliminar la necesidad de solicitar la autorización judicial del progenitor cuando se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios (Redam)”, explicó.
Evitar la “moneda de cambio”
La parlamentaria señaló que cuando uno de los progenitores, sea este papá o mamá, esté inscripto en el Redam, perdería automáticamente la facultad de negar la venia de viaje a su hijo menor. Indicó que, de ese modo, se evitará que la firma del permiso sea utilizada como “moneda de cambio” o herramienta de extorsión frente a denuncias por prestación alimentaria.
Argumenta que la patria potestad conlleva deberes (afectivos y económicos); si no se cumplen dichos deberes, no se pueden ejercer los derechos (como el de restringir el viaje del hijo). “El progenitor que no cumple con su deber tampoco debería tener el derecho que le otorga la patria potestad. Muchos niños quedan sin viajar por riñas de papá y mamá; el niño no tiene por qué pagar las consecuencias”, acotó.
Mencionó que la propuesta ya se encuentra en estudio en las comisiones de Legislación; Asuntos Constitucionales; Equidad y Género; así como en la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, la cual preside; y espera que para la próxima semana un dictamen con el parecer técnico del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA). La senadora estima que el proyecto podría ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores en un plazo aproximado de 15 días.
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