Con 44 legisladores presentes, el pleno de la Cámara de Senadores retomó la sesión extraordinaria para seguir el tratamiento del juicio político al presidente de la República renunciante, Santiago Peña. La Cámara ya notificó a Peña en la noche de ayer sobre el procedimiento constitucional y el mismo solicitó la prórroga de 72 horas para ejercer su defensa.

El senador Ever Villalba planteó al pleno ir a un cuarto intermedio de 30 minutos para convocar a Santiago Peña y sus abogados para que puedan presentarse ante el pleno, que actúa como juez, y ejercer la defensa. El planteamiento fue aprobado y ahora se aguarda la presencia de Peña o de sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.

La Policía Nacional y el Ministerio Público incautaron anoche una lujosa embarcación perteneciente a Miguel Vázquez, CEO de ueno bank, en un operativo llevado a cabo en un condominio privado de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa.

La embarcación incautada es de la marca Azimut, se denomina Zeus y lleva la matrícula POLO01A1l. La operación se realizó alrededor de las 3:25 en un complejo residencial privado de la zona fronteriza de Itapúa, departamento que mantiene una fuerte conexión fluvial con países vecinos.

El líder del partido Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas, intentó acoplarse a la movilización contra el Gobierno y la crisis de ueno bank, pero fue rechazado por la multitud. Los manifestantes lo tildaron de divisor y le reclaman haber sido la puerta de entrada a legisladores tránsfugas al Congreso.

El excandidato presidencial y líder del movimiento Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, protagonizó un tenso e incómodo momento al ser repudiado y expulsado por los propios manifestantes.

Pasadas las 21:00 del jueves comenzaron los desembolsos de dinero para los ahorristas del extinto ueno bank. El dinero repuesto corresponde al Fonde de Garantía de Depósitos (FGD), administrado el Banco Central del Paraguay (BCP).

Según pudo constatar La Nación/Nación Media, alrededor de las 21:30 ahorristas inscriptos en la plataforma proporcionada por el regulador accedieron a los montos de depósitos que fueron retenidos a causa de la resolución de la entidad bancaria.

Los fiscales Christian Benítez y Silvia González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción se constituyen en este momento en la sede del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la denuncia contra el presidente Santiago Peña.

La diligencia se encuentra en desarrollo y forma parte de las acciones investigativas impulsadas por el Ministerio Público para recabar elementos vinculados a las causas abiertas en el marco de la resolución de ueno bank.

Por denuncias ante la Corte Interamericana sobre un juicio a tambor batiente y sin derecho a la defensa, el Senado está obligado a seguir un nuevo reglamento para la destitución de un presidente. Esto incluye cinco sesiones, de las cuales, una se realizó anoche. Existen probabilidades de completar las cuatro restantes hoy mismo, pero dependerá del tiempo.

Hoy, a las 10:00, está prevista la segunda sesión del Senado para la continuidad del juicio político a Santiago Peña, quien en esta ocasión podrá ejercer su defensa presentándose él mismo o enviando a su abogado o de ambas maneras.

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra siete directivos de ueno bank, en el marco de la crisis financiera que derivó en el procedimiento de resolución de la entidad dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

La presentación fue realizada el 5 de noviembre de 2026 por Juan Fernando Lebrón González, director general de Asuntos Jurídicos del Senave, por instrucciones del presidente de la institución, Luis Ramiro Samaniego Montiel.

El médico cirujano Faisal Ale Huespe Cibils aguarda la convocatoria del Senado para jurar como legislador activo tras registrarse ayer lunes la renuncia de Zenaida Delgado, quien fue denunciada por exfuncionarios del Congreso Nacional de montar un supuesto esquema sistemático de cobros irregulares e intimidación.

De acuerdo con las denuncias, el esquema tuvo como finalidad exigirles la transferencia total de sus bonificaciones y pagos de hasta G. 100 millones para acceder a un nombramiento. La renuncia de Delgado, que deberá ser aprobada por el pleno del Senado, se concretó tras una inminente aprobación de la pérdida de investidura en su contra.

Huespe Cibils, de 48 años de edad, es dirigente del Partido Cruzada Nacional, liderado por el excandidato presidencial Paraguayo “Payo” Cubas, e ingresó como el tercer suplente proclamado en las elecciones generales de 2023. La inminente incursión de Huespe Cibils al Parlamento obedece a que los dos primeros suplentes de la lista partidaria, Walter Kobylanski y Gladys Mendoza de Esparza, ya fueron incorporados con anterioridad a la Cámara Alta para cubrir otras vacancias.

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“Es justo y necesario para el Partido Cruzada Nacional que se produzca este cambio, ya que ella muy pronto abandonó el barco y se fue con nuestros rivales”, comentó el médico, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM / Nación Media.

Huespe Cibils egresó de la carrera de medicina en 2004, realizó su residencia en cirugía general en el Instituto de Previsión Social (IPS) y se ha dedicado a la cirugía estética. En 2015 fue denunciado por tres mujeres por supuesta mala praxis, situación que fue negada por el médico cirujano y que, según alegó, terminó siendo desestimada.

Zenaida oficializó su salida mediante una nota dirigida al presidente del Congreso, en la que argumentó que la decisión obedece estrictamente a razones personales y familiares para salvaguardar el bienestar de su entorno ante la fuerte exposición pública de los últimos días. Agregó que su dimisión no constituye ningún tipo de reconocimiento ni admisión respecto a las acusaciones vertidas en su contra, y ratificó que seguirá ejerciendo su defensa en el ámbito judicial.

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El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.

El fiscal Silvio Corbeta denunció las amenazas “innecesarias” del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hacia testigos y denunciantes de irregularidades durante su administración municipal.

Corbeta integra el equipo del Ministerio Público que encabeza el juicio oral y público en el caso Tía Chela. En este proceso judicial se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras personas

El fiscal hizo referencia a las declaraciones de Prieto hacia el exconcejal Celso “Kelembú” Miranda, quien realizó varias denuncias en su contra, anunciando que lo demandará por denuncia falta en el caso de una supuesta sobrefacturación en la licitación de la planta asfáltica municipal, que finalmente fue desestimada.

“Se amenaza al testigo que va a venir a declarar, en este caso, el señor Celso Miranda de forma innecesaria porque gracias a él fue que se evitó ese perjuicio patrimonial, y fue porque justamente no se llegó a pagar”, dijo el fiscal a los medios de prensa.

Recordó que no es por un trabajo, ni por una gestión que hizo el acusado, “es por un trabajo de la fiscalía que justamente no hubo pago y al no no haber pago no hubo un perjuicio patrimonial”, refirió el fiscal.

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En este sentido, indicó que no es una clara amenaza, y no solamente hacia Miranda, sino que también amenazó al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) Óscar Orué y a otros testigos que son “testigos trascendentales” para el juicio. Agregó que la actitud amenazante del exintendente incluso puede ser sancionada por el Tribunal.

“Eso podríamos dejar a consideración del Tribunal, pero son amenazas que se hacen a los testigos que van a venir a declarar en contra, se puede tomar ciertas medidas indisciplinarias, incluso puede ser motivo de una revocación de libertad, pero nosotros igual vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, refirió.

El fiscal Corbeta explicó que el caso de desestimación ya se dio en el mes de agosto de este año solicitada ya en marzo por los propios fiscales investigadores, y que no se trata de un hecho nuevo como lo instaló Prieto semanas atrás. Indicó que esta desestimación incluso se dio por la colaboración del exconcejal Miranda.

“La desestimación fue justamente porque no hubo el pago a la empresa contratista y la empresa contratada y seleccionada por el intendente Miguel Prieto, fue la empresa más cara, entonces, cuando se hizo la denuncia ante la Fiscalía, las demás empresas proveedoras hicieron su protesta correspondiente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y eso evitó que la municipalidad pague por el mismo servicio mucho más caro y esa fue la denuncia”, sentenció.

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