El presidente en ejercicio, Pedro Alliana, expresó su reconocimiento a todas las instituciones del Estado tras la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de levantar las medidas cautelares en el caso Panambi, al constatarse que el Estado paraguayo cumplió con la protección y garantía de los derechos humanos en esta causa que se originó en 2017.
La Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos (CICSI), liderada por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, celebró con satisfacción el levantamiento de la Medida Cautelar No. 68-17 en el caso Panambi respecto de Paraguay.
La CICSI, como instancia principal de articulación y cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado paraguayo en la esfera de los Derechos Humanos, destaca este logro como una clara señal del avance y la voluntad política firme en respuesta a las obligaciones asumidas ante el Sistema Interamericano.
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Cumplimento de requisitos
La resolución emitida el 27 de noviembre pasado, expresa: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes medidas cautelares a favor de Panambi, en Paraguay. Las medidas cautelares fueron otorgadas ante la situación de gravedad y urgencia que enfrentaba la propuesta beneficiaria, cuya vida e integridad personal estaban en riesgo”.
“La CIDH decidió levantar las presentes medidas cautelares tras considerar que el Estado ha informado sobre la adopción de medidas tendientes a su implementación, y que la representación no ha informado sobre hechos que indiquen la continuidad de la situación de riesgo de la beneficiaria en más de cinco años. En consecuencia, al no identificarse el cumplimiento de los requisitos del artículo 25 del Reglamento, la CIDH decidió levantar las medidas”, agrega el resumen.
El caso
El 2 de marzo de 2017, la CIDH adoptó medidas cautelares a favor de la adolescente Panambi, que residía como “criada” desde los 12 años en la residencia de una pareja, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay). El 13 de enero de 2017 fue ingresada de forma urgente al Hospital Regional, presuntamente en vista de que fue “obligada a ingerir soda cáustica”.
De acuerdo con notas periodísticas, la cónyuge habría sorprendido a su pareja “abusando sexualmente de la adolescente”. Seguidamente, “ambos adultos procedieron a someter a la adolescente a todo tipo torturas físicas y psicológicas, como cortarle el cabello de manera brutal y luego le obligaron a consumir soda cáustica.
El Estado paraguayo fue reportando los avances del caso ante las autoridades de CIDH. El 9 de septiembre de 2019 se informó que la beneficiaria fue intervenida quirúrgicamente con éxito y, posteriormente, que se encontraba en “excelentes condiciones de salud”, residiendo en un hogar, con el acompañamiento del Ministerio de la Mujer y la Unidad Especializada en trata de personas y explotación sexual del Ministerio Público.
El 10 de mayo de 2022, el Estado señaló que, en el último seguimiento de 24 de septiembre de 2019 a la beneficiaria realizado por el equipo técnico del Ministerio Público, ella contestó “que ya no quiere continuar con el caso y que no se la volviera a molestar”.
El Estado solicitó el levantamiento de las medidas cautelares el 24 de abril de 2017, reiterando esta solicitud el 6 de septiembre de 2024. La Comisión trasladó las solicitudes del Estado a la representación el 2 de octubre de 2024, pero no recibió respuesta. La última comunicación de la representación fue el 8 de enero de 2020.