La Asociación Rural del Paraguay expresó sus felicitaciones y respaldo por el rápido y coordinado operativo desplegado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público, y las demás instituciones intervinientes, que impedieron la consumación de la invasión el pasado 5 de diciembre en la estancia Lusipar, en la zona de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, donde un grupo organizado intentó ingresar por la fuerza al inmueble.

Mediante un comunicado emitido por el gremio rural, destacan que se logró resguardar la vida de los presentes y proceder a la detención e imputación de los responsables, en el marco de la ley y con respeto al debido proceso.

“Condenamos enérgicamente el uso de la violencia, las agresiones a efectivos policiales —dos de ellos heridos por proyectiles de arma de fuego— y la utilización de camiones y otros vehículos para atropellar portones, barreras humanas y dispositivos de seguridad. Consideramos especialmente grave la presencia de menores de edad en un escenario de confrontación, así como la participación de personas con antecedentes por hechos punibles", expresa parte del documento.

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Asimismo, el gremio rural reafirma que en la República del Paraguay no hay causas justas que se defiendan mediante la violencia ni mediante la invasión de propiedades, sean estas privadas o administradas por el Estado. “Las legítimas demandas sociales y agrarias deben canalizarse por vías institucionales, pacíficas y dentro del marco constitucional, nunca mediante la fuerza o el desconocimiento de las decisiones de la justicia”, argumentan.

El documento menciona además que desde la ARP expresan su total solidaridad con el productor afectado por la invasión de la estancia “Toro Vevé” y con todos los ganaderos, agricultores y trabajadores rurales de la zona de San Pedro, que nuevamente se vieron expuestos a una situación de extrema tensión e incertidumbre. “La defensa de quienes producen, invierten y generan empleo en el campo es una condición indispensable para el desarrollo del país”, enfatizan.

Finalmente, el comunicado remarca que desde la ARP ratifican su compromiso de seguir colaborando con las autoridades para promover políticas públicas que impulsen el desarrollo rural, la formalización y la generación de oportunidades para las familias campesinas, pero siempre sobre la base del respeto a la Constitución, a las leyes y a la propiedad privada.

“Exhortamos a que las investigaciones en curso se lleven adelante con objetividad y celeridad, de modo a que se determinen las responsabilidades penales correspondientes y estos hechos no queden impunes. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a los líderes sociales y políticos a actuar con responsabilidad, evitando incitar a la comisión de delitos y contribuyendo a preservar la paz social”, concluye el documento.

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