El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado Nº 3, a cargo del magistrado Carlos Luis Mendoza Peña, oficializó la entrega de un vehículo comisado a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El procedimiento se realizó a través de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El bien decomisado, que fue utilizado para la comisión de hechos ilícitos vinculados al crimen organizado, fue transferido bajo lo establecido en la Ley Nº 5.876/17. Al respecto, el juez Mendoza explicó que la entrega se basó en los procedimientos legales vigentes, reafirmando el compromiso con el combate al crimen organizado y la protección del Estado social de derecho.

La medida corresponde a la causa “Nélida Rodríguez Ramírez s/ transgresión de la Ley 1340/88”, artículos 26 y 27. Mediante el A.I. Nº 82, con fecha 13 de junio de 2025, el juzgado dispuso la ejecución de la S.D. Nº 233 del 16 de junio de 2023, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico (integrado por los jueces Gloria Hermosa, Víctor Alfieri y Alba González). Dicha sentencia ordenó el comiso de un automóvil Chevrolet Onix, color gris, año 2014, con matrícula BTR 774.

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Participaron del acto de entrega el abogado Sergio Benítez, en representación de la Senabico; Melissa González, responsable de la Coordinación de Inscripción de Bienes de la CSJ; y el actuario judicial Cristian Marcelo Martin Ojeda.

Cabe recordar que la Senabico es el órgano técnico especializado encargado de la guarda, custodia, administración y destino de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados en el marco de procesos penales.

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Este martes, padres y docentes de la escuela n.° 526 “Las Residentas” de la localidad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, reportaron una invasión de murciélagos dentro de la sala de clases del nivel inicial y pidieron ayuda a las autoridades para controlar la plaga. Los pequeñosa alumnos desean volver a su sala, para desarrollar las clases en forma.

Según la denuncia realizada, este mismo problema se reportó el año pasado y tuvieron que juntar dinero para mandar fumigar la sala de clases, pensaron que la situación ya había sido subsanada, sin embargo, a inicios de este año se constató nuevamente la presencia de los murciélagos.

“Realizamos pequeñas fumigaciones y limpieza, pero la sala ya está muy afectada. Tuvimos que improvisar una sala de clases, pero es muy difícil para los niños y la docente poder desarrollar las clases. Es una sala donde asisten diez niños de entre 4 a 5 años”, expresó el profesor Ever González, en entrevista con Telefuturo.

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Confirmó que tras la primera fumigación, se logró eliminar a 300 de estos animales voladores, pero como no se trata de la primera vez, los expertos advierten que se necesita sacar todo el techo de la sala para eliminar de raíz esta problemática. Ya que una segunda fumigación solo será superficial.

“Ante el temor, los niños del nivel inicial van a baño en grupos y acompañados por su maestra. Recordemos que por cuestión de seguridad en este nivel la sala de clases cuenta con su propio baño, para evitar que los niños pequeños vayan solos a los sanitarios”, puntualizó.

Pidió ayuda a las autoridades del departamento de Itapúa o del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) porque temen que estos animales ataquen a unos de los estudiantes, pese a que es una situación poco común.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, habló sobre la importancia de la titulación de tierras en Paraguay.

“Entregar un título de propiedad a un campesino es integrarlo al sistema formal, económico, social y político”, señaló a la 1140AM.

Aseveró que la formalización de la tierra representa una herramienta clave para el acceso a derechos, financiamiento y desarrollo productivo en el sector rural.

“Junto con el presidente de la República pusimos en marcha un proyecto realmente transformador porque transforma vidas, comunidades, la sociedad y el país”, expresó.

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Afirmó que de esta manera el Gobierno cumple con lo estipulado en el Artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece que el objetivo de la Reforma Agraria es la integración del campesinado al desarrollo económico y social de la Nación.

“Entonces, pusimos en marcha algo que le llamamos titulación masiva, aplicamos nuevos métodos, nuevas tecnologías. Y esencialmente estamos impulsando que todas esas propiedades que han sido adquiridas por el Estado -que tiene como propósito lograr que se desarrolle la agricultura familiar campesina, la economía rural- pasen a manos de sus verdaderos ocupantes”, puntualizó.

Dijo que sin el título de propiedad de nada sirve impulsar políticas públicas. “Porque el título de propiedad es un activo que le permite a él integrarse plenamente al sistema económico y formal”, enfatizó.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.

Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.

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Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.

Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.

Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.

Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.

“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.

Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.

Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.

Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.

“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.

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