Desde la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Sindicato Nacional (OTEP-SN) indicaron que este jueves se analizará si recurrirán a un nuevo paro total de actividades cuando Diputados traté las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de reforma de la caja fiscal.

Aún no se estableció una fecha de estudio en la Cámara Baja, no obstante, se convocará a una audiencia pública el lunes 16 de marzo. “Esta es una mejor versión que el proyecto aprobado en Diputados, uno de los puntos reivindicados fue el aporte estatal. Vamos a estar expectantes”, dijo el secretario regional OTEP-SN, Héctor Ortiz, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Los docentes vuelven este jueves de manera formal a las aulas luego de dos días de intensas manifestaciones en Asunción y otros puntos del país que sirvieron como medida de fuerza para lograr que el Senado aumente el aporte estatal y flexibilice la edad mínima para acceder a la jubilación, entre otros puntos.

“Hoy los compañeros ya retoman sus tareas educativas en las diferentes instituciones. Vamos a defender lo que se aprobó el día de ayer y hoy se definirá dentro de la intersindical qué haremos”, añadió. Desde el gremio docente manejan la información de que la propuesta será tratada el martes 17 de marzo.

Entre las principales modificaciones planteadas de consenso se encuentra el aumento obrero que pasó del 16 %, como se encuentra en la ley actual, al 19 % para los sectores deficitarios, que incluyen a docentes, policías, militares y magistrados, mientras que para sectores superavitarios se mantendrá el 16 %.

Además, establece un aporte estatal del 10 %, el cual será de implementación inmediata, que a diferencia de lo planteado en la media sanción de Diputados, establecía un aporte estatal escalonado entre el 1 % al 5 % como máximo. En tanto, que con la ley vigente ni si quiera está contemplado el aporte estatal.

En lo que respecta a la edad para acceder a la jubilación ordinaria, la versión sancionada por el Senado establece que para el Magisterio Nacional, que son docentes universitarios, magistrados judiciales, el trabajador deberá contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad cumplidos para acceder a una tasa de sustitución del 78 %.

Este porcentaje podrá incrementarse de forma gradual hasta alcanzar el 90 %, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios. Mientras que el aportante podrá acceder a una jubilación extraordinaria conforme a lo dispuesto, en caso de enfermedad o incapacidad. En estos casos el trabajador podrá acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40 %.

En el caso de las fuerzas públicas (policías y militares) se aprobó la edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria, frente a los 57 años que había aprobado la Cámara de Diputados. También se flexibilizó la tasa de sustitución de haberes del 75 % al 90 % con la modificación planteada por el Senado.

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Los principales cambios fueron los acordados con gremios: edad mínima 53 años, aporte estatal (10 %) y del cotizante (19 %) y tasa de retorno del 78 %.

Tras un largo debate, el plenario de la Cámara de Senado­res aprobó ayer con modifi­caciones el proyecto de ley que plantea la reforma de la Caja Fiscal. El documento ya contaba con media sanción de Diputados y vuelve ahora a Diputados para su conside­ración, acompañamiento de las propuestas de modifica­ciones o la ratificación de la sanción inicial.

Entre los principales aspec­tos que contempla la pro­puesta de la reforma es que establece una edad mínima de 53 años en el caso de los docentes y 55 años en el caso de las fuerzas públicas (poli­cías y militares).El senador Silvio Ovelar recordó que la propuesta fue debatida previamente con distintos gremios afectados. Señaló que el proyecto tiene como objetivo introducir refor­mas orientadas a fortalecer la sostenibilidad financiera y la equidad intergeneracio­nal del sistema.

Esta reforma planteada desde el Gobierno, lo que busca es reducir el millona­rio déficit en la caja jubila­toria, que pone en riesgo la jubilación del sector público. De acuerdo a los datos, los cambios introducidos en el Senado posibilitarán redu­cir esa sangría al 40%.

Las modificaciones que fue­ron aprobadas en mayoría por el plenario del Senado fueron las planteadas en el dictamen de la Comisión de Hacienda en conjunto con la Comisión de Cuentas y Control, con­forme a lo que se había acor­dado con los diversos secto­res y el Ejecutivo.

Tras 48 horas de paro, los docentes levantaron la medida de fuerza que ini­cialmente se mantenía en suspenso para hoy jueves, luego de confirmarse que la Cámara de Diputados no tratará en sesión extra el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. La deci­sión fue dada a La Nación/Nación Media por el secre­tario general de la Organi­zación de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Gabriel Espínola, quien explicó que la suspen­sión responde a que el tema previsional no será abor­dado por la Cámara Baja esta semana, lo que reduce la tensión generada en el sector educativo durante las últimas jornadas.

El presidente del Congreso Nacional, senador Basilio “Bachi” Núñez, defendió la necesidad de iniciar la reforma de la caja fiscal y advirtió que el sistema previsional paraguayo enfrenta un riesgo serio si no se adoptan medidas estructurales. Dijo que el debate no debe limitarse únicamente a un sector de jubilados, sino que debe analizarse en el marco de todo el sistema.

Recordó que la caja fiscal abarca a una parte reducida de la población. “Estamos hablando de una parte del 15 % de la pobla­ción que está en la situación de jubilados. 80.000 jubilados y pensionados por la caja fiscal. Redondeo: más de 70.000 jubila­dos y un promedio de 10.000 pensionados”, señaló.

Planteó que el Congreso debe avanzar hacia un análisis más amplio del sistema previsional paraguayo, incluso con la crea­ción de una instancia parlamentaria específica. “Celebro la pro­puesta de una colega de que ¿por qué no una comisión bica­meral? Y empecemos a analizar en este Congreso el sistema previsional de la República del Paraguay”, expresó.

Si bien los ajustes incorporados en la nueva versión aprobada en el Senado moderan parte del impacto previsto con el proyecto de reforma, tanto en el proyecto original como en el proyecto con media sanción por Diputados, la propuesta continúa represen­tando un avance hacia la sostenibilidad del sistema. Al respecto, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, indicó que, mientras la versión inicial proyectaba una reducción del défi­cit superior al 60 %, la versión ajustada permitiría disminuir el déficit de la Caja Fiscal en un rango estimado entre 40 % y 50 % en el tiempo. Igualmente, explicó que, con los ajustes introduci­dos en esta nueva versión, el horizonte para una futura revisión del sistema se acorta con respecto a lo previsto por el Poder Eje­cutivo, lo que refleja el equilibrio alcanzado entre sostenibilidad fiscal y los planteamientos realizados por los distintos sectores, durante el proceso de diálogo.

El ministro Carlos Fernández Valdovinos recordó que expectativa inicial era introducir otra reforma en una década; el tiempo se acortó.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que el pro­yecto probablemente reque­rirá una nueva revisión en un plazo menor al inicialmente previsto. Explicó que, aun­que el objetivo original era que los ajustes permitieran sostener el sistema por más de una década, el escenario actual obliga a replantear el debate en un periodo menor.

“Creo que vamos a tener que revisar nuevamente 7 años después”, afirmó el titular del MEF, al referirse al impacto de los cambios introducidos al proyecto. El ministro recono­ció que el Ejecutivo aspiraba a lograr una reducción mayor del déficit del sistema previ­sional estatal.

Uno de los temas en la agenda pública financiera más impor­tante y necesaria de las últimas décadas en nuestro país es la reforma del sistema previsional que admi­nistra las jubilaciones y pensiones del sec­tor estatal que, como sabemos, funciona bajo un esquema de reparto, por el cual los aportes de los trabajadores activos finan­cian a los jubilados en el presente.

Sucedió que con el correr de los años, se fue perdiendo el necesario equilibrio entre los aportes y los haberes correspondien­tes. En todo el sistema de las cajas fisca­les se empezó a gastar más de lo que se recaudaba. Las causas son varias y desde el Poder Ejecutivo presidido por Santiago Peña, tal situación fue considerada como una amenaza no solo para las finanzas públicas sino que también para la misma economía.

Fue por ello que desde el Ejecutivo y por medio del Ministerio de Economía y Finanzas se remitió un proyecto de ley sobre el tema en cuestión, modificando diversas situaciones. El desequilibrio entre los ingresos y gastos es un hecho irrebatible a la fecha y está afectando a las arcas estatales vía impositiva que, ya el año pasado, llegó a trepar a más de cuatro­cientos millones de dólares.

En atención a esta situación, el gobierno del presidente Santiago Peña consideró pertinente realizar cambios en la edad de jubilación, la tasa de sustitución o de retorno y la edad de retiro oficial y otros. El proyecto original del Ejecutivo contaba con los elementos necesarios para evitar males mayores e iniciar las transformacio­nes subsiguientes en tiempo y forma dado que, de no hacerlas, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país desde el mismo Presupuesto de Gastos de la Nación.

El Ejecutivo tomó cartas en el asunto y llevó a cabo su tarea de iniciativa legisla­tiva –que por cierto– también es de com­petencia del Congreso. Más allá de esta observación, el gobierno del presidente Peña es el primero que aceptó el desafío de enfrentar el problema, aun sabiendo que ello le podría ocasionar algunos cos­tos de malas interpretaciones y antojadi­zos “argumentos” en contrario. Esto es, el gobierno actual rechazó seguir pateando el problema para adelante.

Dejar de lado un problema para que otros lo enfrenten en ningún modo está bien. Por el contrario, es de destacar que la labor de todo buen gobierno es velar no solo por los intereses del erario, sino que también y especialmente por la población. En efecto, el Ejecutivo nacional había observado que según pasaban los años y sin cambios en este sector de las cajas fiscales, el pro­blema se volvía mayúsculo hasta conver­tido en amenaza.

Había que hacer algo. Y se hizo. El Ejecu­tivo vía Ministerio de Economía y Finan­zas remitió al Congreso el proyecto de ley para evitar mayores males. Fue así que en Diputados básicamente se trató el docu­mento del Ejecutivo, aprobándose cam­bios sustanciales como, por ejemplo: que la edad de jubilación sea general para todos, esto es, desde los cincuenta y siete (57) años; la tasa de sustitución de no menos del setenta y cinco (75) por ciento y no más del ochenta y cinco (85) por ciento y se tome en cuenta los últimos diez (10) años como base del cálculo y otros como la de los hijos que ya no podrían contar con la pensión, pero sí el cónyuge correspondiente.

A lo expresado agregamos que el aporte estatal sería gradual e iría del 1 al cinco (5) por ciento y no más. De este modo, se venía un cambio importante que, y como ya dijimos en otro momento en este espa­cio, se convertía en un paso nunca antes realizado. Ningún gobierno se había ani­mado a velar por los intereses del pue­blo. Y decimos esto de modo enfático y sin rodeos, dado que algunos venían propo­niendo como “solución” al problema subir los impuestos a los contribuyentes para corregir el problema de unos pocos.

Sobre esto último el Poder Ejecutivo desde un comienzo manifestó su rotunda nega­tiva de subir los tributos para así con­graciarse con un grupo de personas que, sabiendo que tienen el derecho de peticio­nar a las autoridades, empero, no tienen derecho alguno a que otros les paguen sus haberes.

Cambiar algo que está mal para ir a otras transformaciones de fondo es el camino acertado y prudente. En la Caja Fiscal, en consecuencia, la iniciativa legislativa del Ejecutivo es la que debe primar en su tra­tamiento en el Congreso porque conviene a todos, a los sectores involucrados y a la ciudadanía en general.

Tras un largo debate, el plenario de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles con modificaciones el proyecto de ley que plantea la reforma de la Caja Fiscal. El documento que ya contaba con media sanción de Diputados, vuelve ahora a Cámara Baja para su consideración, acompañamiento de las propuestas de modificaciones o bien, la ratificación de la sanción inicial.

Entre los principales aspectos que contempla la propuesta de la reforma es que establece una edad mínima de 53 años en el caso de los docentes y 55 años en el caso de las fuerzas públicas (policías y militares).

El presidente de la Cámara Alta, y por ende del Senado, Basilio Núñez, hizo uso de la palabra durante el debate, señalando que no puede estar ausente de este importante debate.

“Estamos hablando del 15 % de la población que se encuentra en situación de jubilados. Desde luego, estamos preocupados por la situación de la Caja Fiscal, y con este sistema, si no hacemos una reforma, ellos ya no se van a jubilar”, comentó.

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En ese sentido, advirtió que la Caja Fiscal colapsará en 2028, según señaló las declaraciones del exministro, Dionisio Borda. “A todos los que están en la plaza, nosotros desde el Congreso de la Nación creemos que vamos a hacer lo correcto”, remarcó.

Al respecto, el senador liberal Dionisio Amarilla destacó que “este proyecto de reforma de la Caja Fiscal se construyó en base al diálogo y que hoy se cuenta con una versión relativamente completa, que viene a corregir en parte ese desangramiento” que está sufriendo actualmente la Caja Fiscal.

Cabe señalar que esta reforma planteada desde el Gobierno, lo que busca es reducir el millonario déficit en la caja jubilatoria, que pone en riesgo la jubilación del sector público.

Las modificaciones que fueron aprobadas en mayoría por el plenario del senado fueron las planteadas en el dictamen de la comisión de Hacienda en conjunto con la comisión de Cuentas y Control, conforme a lo que se había acordado con los diversos sectores y el Ejecutivo.

El senador Silvio Ovelar recordó que la propuesta fue debatida previamente con distintos gremios afectados. Señaló que el proyecto tiene como objetivo introducir reformas orientadas a fortalecer la sostenibilidad financiera y la equidad intergeneracional del sistema.

Entre las principales modificaciones planteadas de consenso, fue el aumento obrero que pasó del 16 %, como se encuentra en la ley actual, al 19 % para los sectores deficitarios, que incluyen a docentes, policías, militares y magistrados, mientras que para sectores superavitarios se mantendrá el 16 %.

Además, establece un aporte estatal del 10 %, el cual será de implementación inmediata, que a diferencia de lo planteado en la media sanción de Diputados, establecía un aporte estatal escalonado entre el 1 % al 5 % como máximo. En tanto, que con la ley vigente ni si quiera está contemplado el aporte estatal.

En lo que respecta a la edad para acceder a la jubilación ordinaria, la versión sancionada por el Senado establece que para el Magisterio Nacional, que son docentes universitarios, magistrados judiciales, el trabajador, deberá contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad cumplidos, para acceder a una tasa de sustitución del 78 %.

Este porcentaje podrá incrementarse de forma gradual, hasta alcanzar el 90 %, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios.

Mientras que el aportante podrá acceder a una jubilación extraordinaria conforme a lo dispuesto, en caso de enfermedad o incapacidad. En estos casos el trabajador podrá acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40 %.

En el caso de las fuerzas públicas (policías y militares) se aprobó la edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria, frente a los 57 años que había aprobado la Cámara de Diputados. También se flexibilizó la tasa de sustitución de haberres del 75 % al 90 % con las modificación planteada por el Senado.

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