La Cámara de Diputados incluyó en el orden del día de la sesión ordina­ria del próximo martes el pro­yecto de ley “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al estatuto de las fuer­zas”, o acuerdo SOFA, que ya cuenta con la aprobación del Senado.

La mesa directiva de Diputa­dos se reunió la semana ante­rior con el encargado de nego­cios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, quien realizó las explicaciones y respondió a las dudas sobre los alcances del acuerdo con los Estados Unidos y Para­guay, relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés).

Tras esta reunión, los diputa­dos acordaron tratar y aprobar el acuerdo de cooperación mili­tar. El documento fue suscrito el 15 de diciembre de 2025 en Washington entre Paraguay y Estados Unidos, que establece las condiciones bajo las cua­les el personal militar y civil estadounidense podrá operar temporalmente en territorio paraguayo.

Este acuerdo tiene como obje­tivo principal potenciar la lucha contra el crimen orga­nizado transnacional en Para­guay, permitiendo potenciar las fuerzas de combate a tra­vés de una cooperación tec­nológica, de capacitación y recursos. El tratado establece de manera clara y precisa las condiciones jurídicas aplica­bles al personal militar y civil de los Estados que participe en territorio paraguayo en acti­vidades de cooperación, previamente acordadas a través de las autoridades de Defensa Nacional.

También se estable­cen los términos en que estas personas podrán abarcar el entrenamiento conjunto de las fuerzas de seguridad, la asistencia militar, el fortale­cimiento de las capacidades de defensa nacional y otras acciones mutuamente con­sensuadas, siempre en bene­ficio directo de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía paraguaya.

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó el desembolso de G. 200 mil millones para que la cartera del Estado pague a las vialeras este marzo parte de la deuda acumulada.

La ministra reconoció a la 1020 AM que parte de las deudas del 2025 serán asumidas en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026. También expuso que de los 200 contratos que maneja la cartera del MOPC todos están en proceso de ejecución.

De acuerdo a un análisis hecho por el sector vial el rubro acumula USD 250 millones en certificados de obra. Los intereses no reconocidos por el gobierno anterior rondan los USD 120 millones y los intereses generados en 2023-2028, pendientes de facturación, serían de USD 40 millones.

La ministra indicó que en enero se pagaron unos G. 285.000 millones, en febrero G. 275.000 millones y en marzo ya se autorizó un primer desembolso de G. 200.000 millones, con la expectativa de completar otros G. 80.000 millones en las próximas semanas. Aunque estos montos se acercan al objetivo mensual planteado, todavía no alcanzan plenamente la meta inicial.

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Mencionó además que esta situación genera preocupación sobre la capacidad del Estado para financiar las nuevas obras previstas en el presupuesto 2026, ya que primero se deben cubrir los compromisos pendientes del año anterior.

En ese sentido, el gobierno analiza junto con el MEF distintos mecanismos financieros que permitan atender la deuda heredada sin afectar el financiamiento de los proyectos que deben ejecutarse este año. Entre las alternativas en estudio se encuentra la implementación de mecanismos excepcionales de financiamiento, que están siendo discutidos con apoyo del Congreso, particularmente en la Comisión de Obras del Senado.

El objetivo es liberar presión sobre el presupuesto vigente para asegurar la continuidad del plan de infraestructura. De acuerdo con la ministra, para mantener un ritmo adecuado de ejecución de obras el MOPC necesitaría disponer de al menos USD 50 millones mensuales, idealmente cerca de USD 60 millones.

Finalmente admitió que varias obras están experimentando ralentización en sus cronogramas, debido a la incertidumbre que enfrentan las empresas constructoras respecto al flujo de recursos.

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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad este martes el proyecto de ley que establece pensión universal para personas con discapacidad severa.

El estudio en particular se dará en 60 días, ya que se conformará una mesa técnica para analizar alcances, financiamiento, impacto presupuestario y otros ajustes.

Al inicio de sus actividades, los legisladores trataron el proyecto de ley “Que modifica los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley Nº 7322/2024 - Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión”.

El diputado colorado Roberto González es el impulsor de la iniciativa que plantea extender la pensión universal a las personas con discapacidad severa de cualquier edad.

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Argumentó que este segmento enfrenta barreras físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales que le impiden integrarse al mundo laboral y sostener una vida digna sin apoyo estatal.

“La Ley 7322/2024 nació con el espíritu de asegurar un ingreso mensual - equivalente al 25 % del salario mínimo - a personas vulnerables que, por su edad o condición, carecen de posibilidades de generar ingresos”, fundamenta el texto.

El proyectista sostuvo que, bajo esa misma lógica, corresponde incluir a personas con discapacidad severa, muchas de las cuales requieren de cuidados permanentes y costosos tratamientos médicos.

“Lo que vengo a plantear es que no se exija edad a una persona con discapacidad para que pueda cobrar el subsidio”, argumentó.

Añadió que, en el caso de la tercera edad, el elemento definitorio es la edad de 65 años, “por la ficción de que al llegar a los 65 declina la capacidad de producción”.

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El diputado Alejando Aguilera afirma que el problema del Instituto de Previsión Social (IPS) no es falta de gestión de su titular, indicó el doctor Jorge Brítez. Resaltó que el año pasado se logró una ejecución del 100 % en medicamentos e inversión, a pesar de recibir una institución con cuentas millonarias.

“Por el relato que escuchamos, a esta administración le dejaron una bomba atómica con temporizador; una deuda de 900 millones de dólares que debió ser solucionada por la gestión anterior”, dijo Aguilera tras escuchar la versión dada por el presidente del Consejo de Administración a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

El congresista admitió que el IPS atraviesa dificultades, pero subrayó que existe un problema de gestión de la información en la previsional.

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“Veo un gran problema en el gerenciamiento de las denuncias: la falta de comunicación. Si no informás lo que hacés, se desconoce”, sentenció.

El legislador dio a conocer datos del informe de gestión 2025, en el que se detalla una ejecución del 100 % en el rubro de medicamentos, equivalente a 1,15 billones de guaraníes.

“No se ve falta de gestión. Eso no es”, afirmó.

Precisó que el 55 % del presupuesto se destina a fármacos oncológicos, mientras que el 45 % restante cubre las demás necesidades de los asegurados.

Asimismo, destacó que el rubro de insumos médico-quirúrgicos y laboratorios, también alcanzó una ejecución plena de 420.000 millones de guaraníes.

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