En la mesa directiva del Senado, liderada por Basilio “Bachi” Núñez, se realizó la presentación del informe preliminar de las investigaciones encaradas sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés. En la ocasión, se anunció la presentación de una denuncia penal contra los involucrados en el esquema de descuentos irregulares compulsivos.
El senador Rafael Filizzola, quien ejerce la presidencia de la comisión especial de carácter transitorio que investiga el caso, detalló que 7 de cada 10 víctimas de la mafia de los pagarés son mujeres. Un 87 % de las personas afectadas son del interior y el 13 % son de la capital.
Señaló también que la mayoría son funcionarios públicos. Del total, un 64 % son docentes y el 16 % trabajadores de blanco. “Estamos preparando una denuncia penal contra el Banco Nacional de Fomento y contra las empresas cómplices, se le está robando su sueldo a estas personas”, comentó en una entrevista con los medios de comunicación.
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Por otra parte, se informó que el esquema delictivo recaudó más de USD 314 millones de más de 333.000 juicios ejecutivos de embargos. “Si bien solo un 13 % de las víctimas vive en la ciudad de Asunción, el 100 % de los juicios se encuentra en la capital y el área metropolitana, esto es un esquema para que las personas no se puedan defender”, indicó Filizzola.
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Instalan mesa de trabajo para analizar proyecto que eleva penas por exposición al peligro terrestre
La Cámara de Senadores convocó a una reunión de trabajo este viernes con representantes de varias instituciones vinculadas a la seguridad vial, para analizar el proyecto de ley que plantea elevar penas por homicidio culposo y exposición al peligro del tránsito terrestre. Se trata del proyecto de Ley “Que modifica los artículos 107 y 217 de la Ley Nº 1160/97, Código Penal”.
La propuesta plantea elevar las penas para los casos especialmente graves de homicidio culposo y fortalecer las sanciones aplicables a quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, particularmente cuando conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
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Durante la reunión, el senador Eduardo Nakayama explicó que la iniciativa surge ante los graves hechos de tránsito registrados en el país y, particularmente, a raíz del accidente ocurrido en la ruta Luque-San Bernardino, que causó la muerte de cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos dos niños.
El parlamentario señaló que existe preocupación ciudadana respecto de la respuesta penal prevista actualmente para determinados hechos de tránsito con consecuencias fatales. En ese sentido, sostuvo que se busca establecer una política criminal acorde con la gravedad de estos hechos y que, al mismo tiempo, produzca un efecto disuasorio.
El proyecto plantea elevar hasta 10 años de privación de libertad la pena aplicable a los casos especialmente graves de homicidio culposo, considerando factores como las circunstancias del hecho, el número de víctimas y el grado de imprudencia del responsable.
Asimismo, propone establecer una pena privativa de libertad de hasta cinco años para quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, además de una inhabilitación para conducir por un periodo mínimo de 18 meses y la posibilidad de revocar definitivamente la licencia en casos de reincidencia.
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Fiscalía pidió a la Corte celeridad y evitar que caso de Rafael Filizzola quede impune
La agente fiscal Silvia González volvió a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destrabe el proceso penal por lesión de confianza contra el exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola. La máxima instancia judicial debe definir quién integrará la Cámara de Apelación que tendrá que estudiar si Filizzola seguirá procesado o no.
Una vez que se defina al camarista, se deberá analizar si corresponde dejar sin efecto la prescripción de la causa que se resolvió en un Juzgado Penal de Garantías. El Ministerio Público apeló dicha determinación y pidió que el proceso siga su curso para que Filizzola continúe procesado en esta causa penal por la supuesta comisión de lesión de confianza.
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación general en contra del A.I. n.° 371 de fecha 6 de mayo de 2025. El Tribunal de Apelaciones Penal, Primera Sala, fue designado para entender en el recurso; sin embargo, se generó un conflicto de competencia entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuya decisión sigue pendiente ante la misma Sala Penal.
“Esta representación penal viene a solicitar respetuosamente que se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal competente y el consecuente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, remarca el documento enviado por la fiscal interviniente a la Corte Suprema de Justicia.
Este recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el A.I. n.° 371. Por ello, la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, ya que el transcurso del tiempo está directamente vinculado con la cuestión que constituye la materia de controversia.
“Resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del Tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”, agrega el escrito.
El caso “Comisarías de oro”, que involucra al senador Rafael Filizzola por su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, sigue sin resolverse. La investigación fiscal comenzó en 2013 y el proceso judicial en el Juzgado Penal arrancó al año siguiente; sin embargo, hasta ahora la causa sigue trabada y no avanza. A pesar del desembolso de G. 1.131 millones a la empresa Todo Verde Emprendimientos, las obras quedaron inconclusas.
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Atraían a extranjeros con falsas citas y luego los asaltaban en Ciudad del Este
Dos extranjeros fueron víctimas de violentos asaltos y privación de libertad en Ciudad del Este, en hechos que tendrían un mismo patrón: contactos pactados mediante una aplicación de citas que terminaron con los hombres trasladados hasta el barrio San Rafael, donde fueron interceptados por grupos armados.
Desde el Ministerio Público informaron este jueves que los casos, ocurridos en julio, derivaron en la imputación de siete personas, seis hombres y una mujer, por los presuntos delitos de robo agravado, asociación criminal y privación de libertad.
“Tres de los sospechosos fueron detenidos durante allanamientos realizados el 19 de agosto, mientras que los otros cuatro permanecen prófugos y tienen órdenes de captura”, informó la Fiscalía.
Detalles
El primer episodio ocurrió el 6 de julio, cuando un ciudadano brasileño acordó encontrarse con una persona que utilizaba el perfil de “Wilson”. El supuesto contacto lo recogió en el microcentro y lo llevó hacia la zona baja del barrio San Rafael. Allí, un grupo de entre ocho y diez personas lo habría encañonado y retenido durante varias horas.
Los delincuentes le quitaron un iPhone 15 Pro Max y dinero en efectivo y, según la denuncia, lo obligaron a realizar transferencias por unos 8.000 reales, además de gestionar préstamos.
Diez días después se habría producido un segundo ataque. Esta vez, un ciudadano francés contactó mediante la misma aplicación a un usuario identificado como “Lucas”. Tras ser recogido en un hotel de Foz de Yguazú, fue llevado hasta San Rafael, donde un grupo de entre 10 y 12 personas lo habría golpeado y despojado de su teléfono, calzados y tarjetas bancarias.
La víctima fue trasladada posteriormente hasta una zona boscosa cercana al río Paraná, donde permaneció retenida durante más de ocho horas.
La investigación permitió reconstruir parte de los recorridos mediante cámaras de seguridad y vincular una de las motocicletas utilizadas con uno de los sospechosos. Con esos datos se realizaron allanamientos en San Rafael, donde fueron incautados una motocicleta, teléfonos celulares, cascos, prendas de vestir, calzados y otros objetos que podrían estar relacionados con los hechos.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para dos de los imputados, arresto domiciliario para la mujer y la declaración de rebeldía y captura de los cuatro sospechosos que siguen sin ser localizados.
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Senado instala mesa de trabajo para analizar proyecto que regula el sector de plantas medicinales
Dos comisiones de la Cámara de Senadores instalaron una mesa de trabajo para analizar el proyecto de ley que busca crear un marco regulatorio para el sector de las plantas medicinales.
Participaron de la reunión los integrantes de las Comisiones de Salud Pública y de Industria y Comercio, además de representantes del Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y otras instituciones vinculadas con la regulación en este rubro.
Se trata del proyecto de Ley “Que establece el marco general para promover y regular técnicamente la desecación, fraccionamiento, fabricación, envasado, distribución, comercialización, importación y exportación de drogas vegetales y preparados de drogas vegetales”, vinculados tradicionalmente en nuestro país con el “pohã ñana”.
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Al término del encuentro, el senador Luis Pettengill, presidente de la Comisión de Industria y Comercio, explicó que la iniciativa busca establecer criterios técnicos y regulatorios para las distintas etapas de procesamiento y comercialización de las plantas medicinales, promoviendo, al mismo tiempo, la incorporación de sus productores al circuito formal.
La propuesta contempla una diferenciación entre el “pohã ñana” destinado al consumo en estado natural, sin procesos de transformación, y los productos que atraviesan etapas de elaboración, como jarabes u otras presentaciones. En este último caso, correspondería la intervención de Dinavisa.
Según manifestó el congresista, uno de los principales objetivos de la iniciativa es brindar respaldo legal a los productores, especialmente a quienes forman parte de la agricultura familiar campesina.
De este modo se pretende incorporarlos progresivamente a la formalidad, acceder al Registro Único del Contribuyente (RUC) y, posteriormente, a herramientas del sistema financiero.
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