En la mesa directiva del Senado, liderada por Basilio “Bachi” Núñez, se realizó la presentación del informe preliminar de las investigaciones encaradas sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés. En la ocasión, se anunció la presentación de una denuncia penal contra los involucrados en el esquema de descuentos irregulares compulsivos.
El senador Rafael Filizzola, quien ejerce la presidencia de la comisión especial de carácter transitorio que investiga el caso, detalló que 7 de cada 10 víctimas de la mafia de los pagarés son mujeres. Un 87 % de las personas afectadas son del interior y el 13 % son de la capital.
Señaló también que la mayoría son funcionarios públicos. Del total, un 64 % son docentes y el 16 % trabajadores de blanco. “Estamos preparando una denuncia penal contra el Banco Nacional de Fomento y contra las empresas cómplices, se le está robando su sueldo a estas personas”, comentó en una entrevista con los medios de comunicación.
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Por otra parte, se informó que el esquema delictivo recaudó más de USD 314 millones de más de 333.000 juicios ejecutivos de embargos. “Si bien solo un 13 % de las víctimas vive en la ciudad de Asunción, el 100 % de los juicios se encuentra en la capital y el área metropolitana, esto es un esquema para que las personas no se puedan defender”, indicó Filizzola.
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Caso Ueno: Fiscalía allana presunto domicilio fiscal de Pear SRL tras denuncia de operación simulada
Los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Laura Giacummo realizaron este sábado un allanamiento en un inmueble que figura oficialmente como domicilio fiscal de Pear SRL, firma vinculada a Francisco Peña Palacios, en el marco de las diligencias abiertas en torno al caso Ueno Bank.
Durante el procedimiento, la comitiva fiscal constató de forma preliminar que la empresa ya no operaría en el sitio intervenido, pese a que la dirección continúa registrada como su domicilio fiscal. En el lugar funciona actualmente otro comercio, cuyos responsables entregaron a los intervinientes documentación societaria y comercial vinculada a Pear SRL, incluyendo antecedentes ligados a la compraventa de un inmueble.
La operación bajo la lupa fiscal
La diligencia apunta a esclarecer una transacción inmobiliaria fechada en 2023 entre Pear SRL y la entonces financiera Ueno. Según lo señalado por el exdirectivo de la entidad, Julio Rey Fernández, la firma adquirió en 2023 un predio de 1.184 hectáreas en la zona de María Antonia, departamento de Paraguarí, por un monto cercano a los USD 3 millones.
De acuerdo con la versión expuesta por Rey Fernández, dicha operación habría sido simulada, extremo que el Ministerio Público busca verificar o descartar a partir de la revisión de los legajos incautados y otras pruebas documentales.
Análisis de antecedentes
Los fiscales dispusieron el resguardo y posterior análisis de los papeles entregados durante el operativo para reconstruir el circuito documental y financiero de la compraventa realizada en 2023, así como para establecer su eventual incidencia en los hechos punibles investigados en el expediente.
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Fiscalía refuerza pesquisa por denuncias en Mburuvicha Róga durante gobierno de Peña
La Fiscal General del Estado, Alba Cantero, resolvió reforzar la pesquisa por presuntas vulneraciones de derechos denunciadas contra la gestión de Santiago Peña a partir del relato de una extrabajadora de Mburuvicha Róga y su entorno. Por medio de la Resolución n.º 4694/2026, incorporó a Sonia del Carmen Sanguinés Bidondo, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos n.º 2, para actuar junto con Zully Concepción Figueredo Silva, de la Unidad n.º 1, bajo la coordinación de la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal.
Ambas agentes podrán intervenir de forma conjunta, alternada o independiente en el expediente caratulado como “Santiago Peña Palacios y otros s/ a determinar”, ante la magnitud y complejidad de las diligencias previstas. La medida se conoció tras las declaraciones del esposo, el hijo y la hermana de Luz Maribel Candado Romero —quien postergó su audiencia por motivos de salud—, asistidos por el abogado Juan Pablo Mendoza.
El núcleo familiar de Candado denuncia haber atravesado pruebas de polígrafo sin aval legal y reclamos por una supuesta devolución de dinero sin cifra definida, antes de perder sus empleos en lo que califican como una persecución. Según el escrito ingresado hace cerca de un año, el grupo empezó a prestar servicios para la familia de Peña en 2019 y, tras el inicio de su mandato en 2023, pasó a desempeñarse en Mburuvicha Róga, donde ella asumió como coordinadora.
En su testimonio, la exfuncionaria afirmó que halló dos sobres con USD 100.000 cada uno, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y que se los entregó directamente al entonces presidente, quien le habría dicho que los fondos eran suyos y pidió replicar la conducta ante eventuales hallazgos similares.
A raíz de estos hechos, Peña impulsó una causa por supuesto hurto contra Candado, mientras que ella asegura que posteriormente el grupo enfrentó interrogatorios y pruebas de polígrafo a cargo de personal militar, además de la desvinculación laboral y dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.
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Bachi Núñez defiende plan para salvar empleos de empresas del Grupo Vázquez
El senador Basilio Núñez, titular de la Cámara Alta, defendió el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo vinculado al caso Ueno Bank, que propone establecer un régimen de administración temporal para determinadas empresas relacionadas con la entidad financiera. Destacó como una alternativa para evitar la quiebra de empresas vinculadas al grupo económico y proteger los puestos de trabajo.
Durante una rueda de prensa, señaló que la iniciativa busca salvaguardar a las empresas que no están en proceso de quiebra, bajo investigación penal o dentro del ámbito de la Senabico. Explicó que el Banco Central del Paraguay puede intervenir bancos, pero no tiene atribuciones para examinar directamente a las empresas vinculadas.
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“Es una propuesta que busca de alguna forma encontrar una solución a lo que están pasando varios compatriotas que trabajan en esas empresas. Más fácil sería que vayan directo a la quiebra. Con esa iniciativa se quiere crear un consejo para que esas empresas que no están en proceso de quiebra, o no están en una situación de un proceso penal, o ya en Senabico tratar de salvaguardar eso. Entiendo que es una colaboración del Ejecutivo que viene al Legislativo”, explicó.
Consejo de administradores
El senador Núñez, señaló que se plantea crear un consejo y designar administradores para las empresas afectadas. Se mostró dispuesto a revisar el otorgamiento de inmunidad a los administradores, pero advirtió que, si la propuesta resulta riesgosa, puede ser rechazada por el Parlamento.
“Desde legislativo se puede pulir, mejorar la propuesta, pero también estoy de acuerdo en por qué darle inmunidad a una persona que va a estar dirigiendo estas empresas, porque lo que se está tratando de hacer es salvarlas. Acá vamos a estudiar, también se podría rechaza, y no pasa nada. Pero si mejoramos, podemos salvar el trabajo de muchos compatriotas”, indicó.
No obstante, señaló que estas 42 empresas vinculadas al grupo Vázquez, que estarían dejando sin trabajo a unas 6.000 personas, no son las únicas que están teniendo problemas ya que incluso antes de esta crisis con el Ueno Bank otras empresas habían pasado por problemas administrativos que dejó a muchas personas sin trabajo.
“Tenemos que que ver la forma de ayudar y vamos a hacer todo lo posible desde el Congreso así como lo hicimos con la iniciativa legislativa, porque según la ley del BCP se tenía que cobrar recién a los 15 días. Nosotros aprobamos en sesión extraordinaria ese martes negro por la tarde; y de la misma forma, entonces, ahora busquemos todos la solución; yo estoy dispuesto a colaborar con mi voto y con todos los asesores que tengamos para ver cómo solucionamos esta situación”, remarcó.
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Fiscalía imputó a dos mujeres por supuesta venta de medicamentos en el Hospital IPS de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Elvio Aguilera imputó a dos mujeres por comercialización de medicamentos no autorizados, tras el descubrimiento del supuesto hecho por parte de familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional IPS de Ciudad del Este. Ayer se realizó una intervención policial en el área de familiares de pacientes y se incautaron de insumos y medicamentos.
Con membrete del IPS fueron incautados 60 unidades de jeringas, vendas, bisturí y otros, además de distintos medicamentos. Con identificación del Ministerio de Salud Pública hallaron 123 unidades de 11 fármacos distintos.
Las procesadas son Elizabeth Guerrero Vera (35), supuesta propietaria de los medicamentos e insumos y, Mirian Elizabeth Insfrán Medina (52), supuesta encargada y vendedora de los medicamentos.
La misma se encontraba ayer en el hospital cuando se realizó la intervención policial, según reportó el personal de la Comisaría 7ª. Fue derivada a la unidad policial y tras la intervención de la Fiscalía y luego dejada en libertad, sujeta a la investigación. La otra procesada, sería su patrona, según declaró Mirian Elizabeth en el hospital, pero no se encontraba en el sitio en el momento de la presencia policial.
Medicamentos sobrantes en poder familiares
La doctora Sandra Rocío Martínez, directora del Hospital Regional del IPS, explicó a La Nación/Nación Media que los medicamentos supuestamente vendidos correspondían a los destinados a determinados pacientes que luego no son usados en su totalidad, ya sea porque fueron dados de alta o fallecieron, quedando en poder de los familiares.
Mencionó que los familiares de pacientes comparten mucho tiempo en un sector del área de UTI, donde se ayudan con los medicamentos e insumos que ya no van a usar y entregan como donativos. Indicó que allí apareció una de las mujeres mencionadas, a quien nadie conocía supuestamente, diciendo que era la encargada de esos insumos y fármacos.
Uno de los familiares de paciente habría advertido sobre la venta de medicamentos que son gratuitos en el IPS y fue a preguntar al administrador del hospital, el licenciado Pedro Miguel Brizuela Rivas, quien comunicó el hecho a la directora y se realizó la denuncia pertinente, según relató la directora Martínez.
La médica dijo que con presencia policial se preguntó quién estuvo ofreciendo en venta medicamentos del IPS y surgió el nombre de una de las procesadas. La mujer se presentó en el lugar para señalar que ella es solamente la encargada y que fue enviada por su patrona, quien está imputada.
El fiscal Aguilera manifestó que la investigación recién empieza y se verificará todo lo que sea necesario para saber quiénes estaban vendiendo medicamentos cuya comercialización está prohibida y quiénes son los responsables, ya sea dentro o fuera de las instituciones comprometidas.