En la Cámara de Diputados, impulsan un proyecto de ley para declarar en situación de emergencia en todos los establecimientos del país dependientes del Ministerio de Justicia hasta el 2026, con el objetivo de atenuar la situación crítica.

La iniciativa fue presentada por los diputados: Raúl Latorre, Rocío Abed, Miguel Del Puerto, Yamil Esgaib, Rodrigo Gamarra, Hugo Meza, Fabiana Souto y Marcelo Salinas.

Se trata del proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia, todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del Plan de Seguridad Penitenciaria con el concurso de las Fuerzas Públicas, y deroga la Ley Nº 7238/2023 y la Ley Nº 7420/2024”, tuvo entrada recientemente en la Cámara de Diputados.

“La iniciativa busca declarar en situación de emergencia, todos los establecimientos penitenciarios de varones, mujeres y centros educativos de adolescentes infractores de la ley, dependientes del Ministerio de Justicia en el territorio de la República, hasta el 31 de diciembre de 2026”, refiere el informe de la Cámara Baja.

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Uno de los principales objetivos expuestos en el documento es disminuir la situación crítica del sistema penitenciario en lo que respecta a infraestructura, tecnología, seguridad, personal, formación y demás factores necesarios para el buen desenvolvimiento de la administración.

Flexibilidad en contrataciones

Por otra parte, también se plantea otorgar mayor flexibilidad a la hora de la contratación de personal, a través de la modificación del artículo 3º, que permitirá “contratar personal penitenciario de manera inmediata, cubrir vacancias críticas y evitar el colapso operativo; así como incorporar personal especializado en seguridad, inteligencia, tecnología o intervención rápida”.

La iniciativa argumenta que, “sin esta habilitación excepcional, el Ministerio de Justicia no puede responder a corto plazo, aumentando el riesgo de motines, fugas masivas y pérdida del control institucional”.

Recursos presupuestarios

Así también se prevé una modificación en cuanto a la clarificación y ampliación del marco para gestión de recursos presupuestarios, establecido en el artículo 4°. “La redacción actual de este artículo se encuentra limitada y poco precisa, según se desprende de la exposición de motivos, y agrega que esta situación genera dificultades para la ejecución presupuestaria en contextos de emergencia”, refieren los proyectistas.

La modificación planteada por los legislares establece “facultar a la cartera de Justicia a gestionar recursos presupuestarios específicos, permitir su aplicación a infraestructura, tecnología, alimentación, recursos humanos y logística, abarcar otras erogaciones indispensables para atender necesidades impostergables”.

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