El Poder Ejecutivo promulgó la ley 7593/2025 “De Protección de Datos Personales en la República del Paraguay”, que estipula un marco legal con la finalidad de garantizar la utilización responsable de informaciones de carácter personal de todos los ciudadanos.
Mediante esta ley, el Estado paraguayo fortalece y garantiza plenamente lo establecido en nuestra Constitución Nacional en materia de derecho a la intimidad, resguardando la privacidad de las personas y asegurando la protección, seguridad y tratamiento adecuado de sus datos personales.
“Con esta decisión, Paraguay se alinea a los estándares internacionales en materia de protección de datos y da un paso clave hacia una economía digital moderna, segura y confiable. Asimismo, la promulgación de esta Ley permite al país armonizar su marco jurídico con los lineamientos y buenas prácticas reconocidas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), reforzando su compromiso con políticas públicas que garantizan transparencia, seguridad jurídica y protección efectiva de los derechos fundamentales”, refiere una publicación realizada desde la Presidencia.
Se detalla también que la ley reconoce que los datos personales forman parte esencial de los derechos a la intimidad, privacidad, dignidad y honor de todos los ciudadanos, y establece que ninguna empresa o institución, sea esta pública o privada, nacional o extranjera; podrá tratarlos sin una base legal establecida, otorgando además una protección reforzada a los datos de niños, niñas y adolescentes.
“En un contexto de creciente digitalización, la normativa fija reglas claras sobre cómo deben recolectarse, procesarse y compartirse los datos, evitando abusos como filtraciones, robo de identidad y uso indebido de información con fines discriminatorios o comerciales sin autorización del titular de la información de carácter personal. Además, exige medidas de seguridad, transparencia y privacidad desde el diseño para garantizar una gestión responsable”, se destaca.
La ley también fortalece los derechos de las personas al asegurar mecanismos simples y gratuitos para ejercer acceso, rectificación, oposición, supresión y portabilidad de datos, incluyendo la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento. “Estos principios refuerzan la protección de los ciudadanos frente a riesgos tecnológicos emergentes”, puntualizó el Ejecutivo.
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Creación de Agencia Nacional
A la vez, se crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, una unidad desconcentrada dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) con autonomía funcional, encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, atender consultas y denuncias, y emitir lineamientos para el tratamiento adecuado de los datos.
“La normativa no altera, limita ni deroga en ningún sentido las obligaciones vigentes de acceso a la información pública ni los principios de transparencia establecidos en la Ley n.º 5282/14 De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, y en la Ley n.º 5189/14 sobre la obligatoriedad de la publicación de informaciones del sector público”, se aclara.
Funcionarios públicos
Desde la Presidencia mencionaron que todas las disposiciones relativas a la divulgación de información vinculada a funcionarios públicos, uso de recursos estatales, remuneraciones, declaraciones y demás datos considerados de carácter público, se mantienen íntegras y plenamente vigentes, sin modificación alguna.
“En consecuencia, la ciudadanía continuará ejerciendo de manera plena el control del gasto público y el acceso a toda la información que la legislación vigente clasifica como pública, reafirmando que esta Ley de Protección de Datos Personales no constituye un retroceso en materia de transparencia, sino un avance complementario que convive en absoluta armonía con el régimen de acceso a la información pública”, explica.
Agrega que “con esta promulgación, Paraguay fortalece su ecosistema digital al brindar mayor certidumbre jurídica a empresas, emprendedores e inversionistas. La nueva ley posiciona al país en la ruta de las naciones que protegen de manera efectiva los derechos digitales y promueven un desarrollo tecnológico seguro, confiable y centrado en las personas”.