La instalación del juicio contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de una menor se suspendió este lunes en Bolivia debido a su inasistencia y un tribunal renovó la orden de captura en su contra, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía lo acusa de sostener una relación con una adolescente de 15 años con la que tuvo una hija cuando era mandatario. Los padres de la presunta víctima, según el expediente, habrían consentido los hechos a cambio de beneficios.

Morales, buscado por la justicia desde octubre de 2024 por este caso, está en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, a resguardo de miles de campesinos que montan guardias para evitar una incursión policial.

“El juicio queda suspendido” hasta que “comparezca o se haga comparecer por la fuerza pública” a Morales y a la madre de la víctima, que también es acusada, dijo este lunes en conferencia de prensa Luis Gutiérrez, fiscal a cargo del caso.

La justicia había declarado al líder campesino “en rebeldía” en enero de 2025, cuando no se presentó a una audiencia para determinar su prisión preventiva.

Esta condición impide, como ocurrió, que un proceso empiece hasta que el acusado se haga presente.

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El Ministerio Público informó que “ante la inasistencia injustificada” el Poder Judicial ratificó este lunes su situación de rebelde y emitió nuevas órdenes de arresto y de impedimento de salida del país, aunque ya existían unas vigentes por lo mismo.

“Ya no es atribución del Ministerio Público sino de la Policía Nacional” cumplir con la orden de captura, agregó Gutiérrez.

Wilfredo Chávez, abogado de Morales, el primer presidente indígena del país, adelantó el viernes que no acudirían ni su protegido ni sus defensores porque no habían “sido notificados”.

Según él, el juzgado no envió la citación al domicilio de Morales, sino que lo convocó a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos.

La defensa del exmandatario socialista (2006-2019) rechaza los cargos y denuncia una supuesta “persecución judicial” por parte del gobierno del centroderechista Rodrigo Paz.

“No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren -con pruebas legales y reales- los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político”, escribió Morales la semana pasada en X.

• Fuente: AFP

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, representará a su país este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la máxima jurisdicción de la ONU, en la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Se trata del primer viaje de Rodríguez a Europa desde que ejerce la presidencia de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, en enero de este año.

Rodríguez ya había representado a Venezuela en una cumbre realizada en Bruselas en 2023 entre la Unión Europea y países de América Latina, cuando era vicepresidenta de Maduro. Desde que ejerce la presidencia, Rodríguez realizó apenas dos viajes fuera de Venezuela, a los países vecinos caribeños Granada y Barbados. En esos viajes, Rodríguez lució en su vestimenta un broche dorado que mostraba a Venezuela, pero con el territorio en disputa, gesto que provocó indignación en Guyana.

La alta funcionaria venezolana desembarcó el domingo en Países Bajos para ponerse al frente de la delegación de su país en la CIJ. En declaraciones que reprodujo el canal oficial venezolano, Rodríguez afirmó que Venezuela “es el único que tiene titularidad” sobre el disputado territorio de Esequibo. “Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio, en esta controversia territorial, es Venezuela”, dijo.

“No hay duda alguna. Venezuela es la única titular de este territorio”, insistió. Su presencia en el imponente Palacio de la Paz, en La Haya, dijo, tiene como objeto defender “derechos históricos” sobre la “Guayana Esequiba”. En su canal en Telegram, Rodríguez señaló que “el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio”. La CIJ realizó desde el 4 de mayo tres audiencias públicas sobre esta disputa territorial, y este lunes está prevista la cuarta y última.

Guyana y Venezuela mantienen una disputa territorial que data del siglo XIX. La disputa territorial se intensificó a partir de 2015, después que ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita. El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla.

Venezuela reclama ese territorio, que abarca 160.000 kilómetros cuadrados. Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial inglesa, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme. La parte venezolana pasó a cuestionar activamente ese fallo arbitral desde 1962, y ello condujo a la firma del acuerdo de 1966.

Venezuela afirma que el acuerdo firmado en 1966 con el Reino Unido en Ginebra -antes de la independencia de Guyana- sienta las bases de una solución negociada a la controversia. Por ello, sostiene que el río Esequibo debe ser la frontera natural, como en 1777, en la época de la colonización española.

Fuente: AFP.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El Departamento contra la Trata de Personas de la Policía Nacional reportó el traslado desde Foz de Iguazú, Brasil, de dos mujeres y una menor de edad, de 33, 29 y 13 años, rescatadas de un local porque estaban siendo víctimas de trata de personas. La menor de edad es hija de una de las víctimas.

La Policía Federal de Foz de Iguazú y la Delegación Paraguaya del Comando Tripartito coordinaron la entrega anoche en el Puente de la Amistad, con acompañamiento de los agentes de la unidad policial contra la trata. El traslado a territorio paraguayo fue a las 19:45 de ayer 6 de mayo.

Una es de Cordillera y otra es de Canindeyú, pero ambas estuvieron viviendo en Ciudad del Este, antes de ir al Brasil, en distintas fechas.

Las dos mujeres estaban siendo explotadas sexualmente en un “bar” del distrito de San Clemente, municipio de Santa Helena, estado de Paraná, Brasil, de donde fueron rescatadas por la Policía Federal. La localidad queda a menos de dos horas aproximadamente de Foz de Iguazú.

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De acuerdo a la declaración ante la Fiscalía, las mismas fueron al lugar para trabajar como mozas, pero al llegar se las obligó a mantener relaciones sexuales con los clientes. Relataron que eran vigiladas todo el tiempo y se mantenían bajo amenaza de multas si dejaban el sitio, según declararon. En esas condiciones, una de ellas mantenía a su hija de 13 años con ella.

Pudieron ser rescatadas porque una de las víctimas se comunicó con un amigo de Paraguay y este realizó el aviso a la Policía que, a su vez, se contactó con su par de Brasil y, en consecuencia, la Policía Federal llegó al lugar para poner a salvo a quienes estaban en el sitio supuestamente secuestradas.

De esa forma, las dos mujeres salieron del lugar, pero en el sitio hay otras paraguayas, según refirieron a la asistente fiscal Cinthia Alcaraz, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas a cargo de Vivian Coronel.

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En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.

El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.

Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.

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En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.

Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.

Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.

Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.

En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.

Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.

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El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.

Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.

En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.

En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.

Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.

Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.

“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.

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