A 8 meses del trágico derrumbe de un edificio en la ciudad de Encarnación, que ocasionó la muerte a una abuela junto con su nieta, el caso prácticamente quedó en el olvido. El suceso esconde vinculaciones políticas con exitosos negocios que fueron facilitados por la suspicaz negligencia municipal.
Pasaron 8 meses de aquel fatídico derrumbe de un edificio en la ciudad de Encarnación que ocasionó la muerte de una mujer de 55 años junto con su nieta de 15. Desde ese luctuoso episodio ocurrido el 2 de abril de este año, además de la imputación del intendente Luis Yd, algunos subordinados, los propietarios del edificio, no existen mayores avances de la causa abierta para investigar a profundidad el hecho y principalmente, identificar a los responsables.
El suceso prácticamente quedó en el olvido y un reducido grupo de personas como focos de la investigación penal. Es así como otros involucrados en la construcción que debía ser solo de 5 pisos, pero elevaron a 8 niveles, quedaron fuera de la carpeta fiscal.
La imputación fiscal evidencia una temeraria negligencia, corrupción y un desinterés total del jefe comunal Luis Yd al punto de autorizar más pisos en el edificio con un plano estructural que no cumple uno de los requisitos fundamentales consistente en la firma de un profesional que avale la obra. Es así que, el ingeniero responsable del cálculo estructural pasó a ser un verdadero fantasma, según puede entenderse con lo expuesto en el acta de imputación fiscal.
Quedó fuera de la investigación
En el mencionado contexto, raramente la empresa hormigonera del diputado liberal Carlos Pereira Rieve, Mega Concret S.A quedó fuera de la investigación fiscal, siendo esta la proveedora del hormigón en las zapatas, losas y vigas, y tabiques de piscina, tanque superior que se distribuyeron en la estructura de la fallida construcción. Un informe técnico elaborado por los ingenieros Tomás Almeida y Arturo Román (base de la imputación fiscal), expone datos que dejan picando dudas sobre las responsabilidades corporativas del parlamentario con relación al edificio desplomado.
“Nosotros hemos cargado las estructuras de losas y vigas, todo lo que significa el soporte de estas estructuras lo ha hecho el profesional Roberto Ramírez con su equipo”, había mencionado Pereira Rieve en una conferencia de prensa en la que intentó desmarcarse del derrumbe del edificio.
Lo dudoso es si la empresa del diputado estaba habilitada a una provisión a ciegas que exima por ejemplo del conocimiento del plano de zapatas, que, según el informe no contiene el detalle de todas las bases indicadas en el plano, ya que presentan medidas diferentes, no presentan los datos técnicos fck (resistencia característica a la compresión del hormigón), etc
Entre otras observaciones que se consigna en la imputación fiscal y que pudieron incidir en el comportamiento estructural que detonó en colapso se cita que: “se ha identificado que la viga presenta varillas de acero de refuerzo expuestas. Esta condición representa un riesgo de corrosión, ya que las varillas quedan sin la protección del hormigón que las recubre. No verifica a punzonamiento: la viga no posee la capacidad suficiente para resistir los esfuerzos de punzonamiento que se generan en la zona de apoyo sobre la columna”.
Así también, el “comportamiento a compresión, es decir, la viga no posee la capacidad suficiente para resistir los esfuerzos de compresión que se generan en su interior. Esta deficiencia podría ocasionar la flexión excesiva de la viga, la formación de fisuras y, en casos extremos, el fallo por compresión de la misma. Comportamiento a punzonamiento: La viga no tiene la capacidad suficiente para resistir los esfuerzos de punzonamiento que se generan en la zona de apoyo sobre los soportes”, etc.
Mientras tanto, en un proceso lento que presenta más exclusiones que inclusiones de elementos, se había iniciado la realización del peritaje correspondiente que, tendría que finiquitarse a fines de diciembre víspera de la feria judicial.
Lo raro es que las mencionadas observaciones como varias otras expuestas en la imputación no haya interesado en la inclusión de la empresa del mencionado diputado en la investigación.
Al parecer, el clan Pereira Rieve, liderado por el diputado y su hermano del gobernador de Itapúa Javier Pereira Rieve tiene un santo a parte en la justicia considerando que todos los hermanos Pereira – Rieve figuran en una causa por enriquecimiento ilícito que duerme hace más de 3 años en la Fiscalía, esto ante denuncias que se habían remitido desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), sobre ingresos presuntamente provenientes del narcotráfico.