Un proyecto de ley que busca acortar los plazos y establecer reglas claras para la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, fue presentado por el diputado Alejandro Aguilera (ANR–Guairá). El objetivo de reducir demoras prolongadas y fortalecer la seguridad jurídica.
La iniciativa legislativa pretende corregir lo que el parlamentario considera una situación crítica: la ausencia de plazos legales que obliguen al máximo tribunal a pronunciarse sobre la admisión o el rechazo de estas acciones constitucionales, lo que —según señaló— genera incertidumbre y afecta la previsibilidad de los procesos.
El proyecto establece que la Corte deberá emitir una resolución fundada de admisión o rechazo liminar en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados desde la presentación completa de la acción. En casos donde existan omisiones documentales o formales, la Secretaría deberá intimar al recurrente a subsanar los requisitos en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
La propuesta también determina que las acciones de inconstitucionalidad tendrán trámite preferente, y que el vencimiento del plazo sin resolución será considerado mal desempeño de funciones, una medida que busca garantizar mayor responsabilidad institucional.
Transparencia y control
El proyecto del diputado Aguilera incorpora además herramientas de transparencia para lograr un mejor control de las acciones planteadas ante la máxima instancia judicial.
De prosperar la normativa, la Corte Suprema deberá publicar informes trimestrales en su portal institucional, detallando el número de acciones presentadas, admitidas y rechazadas; el tiempo promedio de resolución; y un listado de los expedientes cuyos plazos hayan vencido.