El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, fue elegido por aclamación unánime como presidente de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra este viernes para considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas. En tanto que su homólogo de República Dominicana Víctor “Ito” Bisonó, fue elegido vicepresidente.

A través de la Cancillería Nacional mencionaron que la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores es uno de los principales órganos políticos del mencionado organismo para responder a situaciones urgentes y de interés común para los Estados Americanos.

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Esta reunión fue convocada por el Consejo Permanente, se celebrará en la sede de la Secretaría General de la OEA, en Washington, D.C., sin la participación de Nicaragua, debido a que el país formalizó su retiro del organismo en 2023. Desde el organismo regional explican que esta “reunión de consulta”, es un instrumento poco común en la OEA.

En la ocasión, los Estados miembros expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el país y aprobaron una resolución que urge a las autoridades nicaragüenses a adoptar medidas para la restauración de la democracia y el Estado de derecho.

En su discurso, el canciller señaló que, más allá de las diferencias y particularidades de cada nación, los países del hemisferio comparten el compromiso de defender la voluntad popular, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

“Ese compromiso común debe orientar nuestro diálogo y nuestra cooperación, con pleno respeto a la soberanía de nuestros países”, expresó.

Señaló que la OEA, como organización pionera del multilateralismo, no puede permanecer ajena a ninguna situación que atente contra la democracia en la región y manifestó su preocupación por las condiciones que atraviesa la población nicaragüense, particularmente por las restricciones a sus derechos políticos y humanos.

De la reunión también participó el subsecretario de Estado de los EE. UU,, Christopher Landau, quien entre otras cosas señaló que es importante para la región que en Nicaragua se restaure el Estado de derecho.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, celebró la aprobación de la resolución y destacó que la reunión constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso de Paraguay con el pueblo nicaragüense. “Paraguay no los olvida y hará lo imposible para que el pueblo nicaragüense sea libre”, expresó.

Asimismo, recordó que el presidente de la República, Santiago Peña, durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hizo referencia a la fragilidad y al deterioro de la democracia en algunos países del hemisferio y remarcó la necesidad de no guardar silencio ante estas situaciones.

Finalmente, sostuvo que la OEA no puede permanecer en silencio, considerando que la sociedad civil, los ciudadanos nicaragüenses y quienes se encuentran en el exilio esperan del organismo no solo una declaración, sino también acciones concretas.

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en alianza estratégica con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), prosigue con el despliegue territorial del Programa de Migración Laboral Circular Paraguay-España. En esta etapa, la convocatoria está orientada a trabajadores con experiencia comprobable en el sector rural que busquen acceder a oportunidades de empleo temporal en el exterior.

La jornada de socialización y reclutamiento presencial se lleva a cabo en el departamento de San Pedro, teniendo como sede las instalaciones del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) Regional Choré. En este espacio, técnicos de ambas carteras brindan orientación directa, resuelven dudas sobre el proceso de postulación y recepcionan los documentos de los aspirantes.

El esquema de migración circular garantiza contratos temporales bajo estrictas condiciones de legalidad, cobertura de seguro social y el pleno respeto de los derechos laborales en territorio español. Como pilar fundamental del convenio bilateral, el programa contempla el retorno obligatorio de los trabajadores al Paraguay una vez culminado el periodo estipulado en sus contratos.

Más allá del beneficio económico directo, la política pública busca fomentar la transferencia de conocimientos técnicos y buenas prácticas agrícolas adquiridas durante la estancia en Europa. Se prevé que estos aprendizajes sean reinyectados en sus comunidades de origen para fortalecer el rendimiento de la agricultura familiar y elevar la competitividad de la producción local.

Tras la convocatoria en el segundo departamento, las autoridades confirmaron que la gira de captación continuará en las ciudades de Areguá, Caazapá y Asunción. El objetivo de las jornadas itinerantes es democratizar el acceso a la información oficial y asegurar la participación equitativa de agricultores de diversos puntos del país.

Con este modelo de movilidad laboral regulada, el Estado paraguayo busca desalentar la migración irregular y consolidar canales seguros de empleo formal. Al mismo tiempo, la iniciativa impulsa el desarrollo socioeconómico de las familias rurales mediante la capacitación práctica y el retorno de capital humano calificado.

El jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid emitió un veredicto condenatorio contra Augusto Marcelino (60), ciudadano dominicano que confesó haber asesinado a su expareja, la paraguaya Diana (29), el 30 de diciembre de 2024 en el distrito de Usera. La acusación particular, liderada por el abogado paraguayo Stephan Jorgensen, logró la declaración de culpabilidad del procesado, quien enfrenta una expectativa de pena de hasta 26 años de cárcel por asesinato y quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Al salir de la sede judicial tras ser convocado de urgencia, el profesional paraguayo confirmó el éxito de la primera etapa del juicio. “Acabo de salir del juzgado porque nos llamaron in extremis para leernos el veredicto del jurado; hemos ganado la parte penal”, manifestó Jorgensen. Aunque la condena privativa de libertad ya está firme en el pronunciamiento de la culpabilidad, el tribunal deberá formalizar en los próximos días la sentencia definitiva que establecerá los años exactos de prisión y la prohibición de acercamiento.

En el ámbito civil, la resolución incluirá severas indemnizaciones económicas destinadas a los deudos de la víctima. Se prevé que el fallo obligue al condenado a resarcir con 350.000 euros al hijo de Diana y con 85.000 euros a cada uno de sus padres. Jorgensen aclaró que, una vez notificada la sentencia redactada por los magistrados, la representación legal de la familia iniciará de inmediato las acciones y gestiones correspondientes para hacer efectivo el cobro del resarcimiento.

Paralelamente, la defensa impulsará una demanda de responsabilidad patrimonial contra las instituciones españolas por fallas graves en el sistema de protección. Pese a que Diana había presentado tres denuncias previas por malos tratos y contaba con una orden de alejamiento catalogada de “riesgo extremo” por el Ministerio del Interior, el crimen terminó consumándose. Ante esta vulnerabilidad institucional, la acusación sostendrá que el Estado no brindó las garantías ni los medios de resguardo requeridos para salvar su vida.

El letrado definió esta nueva fase como un “segundo round” estratégico que busca sentar un precedente sobre la tutela judicial efectiva para la comunidad migrante. Jorgensen, quien se formó profesionalmente en España y ejerce en Madrid, destacó la trascendencia del litigio al señalar que es una de las primeras ocasiones en que un profesional paraguayo encabeza una acusación de tanto impacto mediático e institucional dentro del sistema de justicia de ese país.

La resolución representa un avance crucial para los familiares de la compatriota, quienes buscan justicia integral tanto por la vía penal como a través de la reparación de daños. Para la diáspora paraguaya en Europa, el proceso expone la urgencia de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad ante la violencia de género, al tiempo que marca un hito en la representación jurídica de la comunidad en el extranjero.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, recibió en la mañana de este martes, las copias de las cartas credenciales del nuevo embajador designado del Estado Plurinacional de Bolivia ante el Gobierno de la República del Paraguay, Luis Fernando Camacho Vaca.

Durante la audiencia, que se desarrolló en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas autoridades diplomáticas destacaron las excelentes relaciones entre ambos países y repasaron la agenda común.

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Camacho Vaca es abogado, con amplia trayectoria en derecho empresarial, financiero y tributario, asesoría corporativa y docencia universitaria.

Se desempeñó como director y primer vicepresidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), y presidente del Comité Pro Santa Cruz. Fue candidato a la Presidencia de Bolivia en 2020 y ejerció como gobernador del departamento de Santa Cruz entre 2021 y 2026.

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