El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, aclaró que la disposición de suspensión preventiva por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), convocada por la máxima instancia electoral para el alquiler de 18.000 máquinas de votación electrónica no se debió a ningún tipo de irregularidad.
“Aclarar, teniendo en cuenta publicaciones en las que se está hablando que la suspensión se debe a irregularidades en el pliego de bases y condiciones a direccionamientos, eso no es así, la suspensión es consecuencia directa de lo que establece la ley, la simple interposición de esta protesta suspende inmediatamente el proceso licitatorio hasta tanto la Dirección de Contrataciones Públicas resuelva la misma”, explicó para La Nación/Nación Media.
Explicó que desde la Justicia Electoral se elaboró el pliego de bases y condiciones para el proceso de arrendamiento, lo que fue remitido a la DNCP, que por su parte evaluó y publicó para que todas las empresas que estén interesadas puedan verificar el contenido y, también presentar protestas.
“En el sentido de la protesta, dos empresas, una de ellas Miru Systems y Bypar S.A., presentaron protestas contra el pliego de bases y esto, conforme a lo que establece el artículo 229 de la ley de suministros, la simple interposición de una protesta suspende el proceso licitatorio”, señaló.
La etapa de recepción y apertura de ofertas se debió realizar este lunes 3 de noviembre, lo que quedó automáticamente suspendida por la presentación de la protesta. “Ahora nosotros estamos trabajando ya en realizar esa contestación de esa protesta, hacer el descargo y remitir nuevamente a la DNCP, que va a tener 35 días para resolver si hace lugar a las protestas o si las rechaza. Una vez que esto se resuelva se va a dar continuidad al proceso”, manifestó.
Reiteró que, “en ningún caso esta suspensión obedece a un direccionamiento definido por Contrataciones públicas” y que el direccionamiento “es lo que utilizan como argumento las empresas en sus protestas”, pero esto debe ser dirimido por Contrataciones Públicas con la respuesta del TSJE a las protestas.
Por otro lado, también afirmó que estos “contratiempos” no ponen en riesgo que las máquinas de votación electrónicas lleguen para las elecciones Municipales del 2026. “Esto estaba dentro de lo planificado”, sentenció.