El diario ABC Color y su grupo mediático vuelven a poner en escena una estrategia de victimización: tras la imputación del presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, esposo de la directora del Grupo, por lavado de dinero, el medio lanzó una campaña sistemática para instalar que todo se trata de una “persecución” al periódico.
Según el Ministerio Público, existe sobrada evidencia de que el Banco Atlas gestionó fideicomisos en favor del extitular de la Conmebol, Nicolás Leoz, cuando este ya tenía un alto perfil, como una orden de captura internacional y el pedido de extradición de Estados Unidos por el escándalo del FIFA Gate.
El problema no es la cobertura periodística, sino que el medio busca tener influencia mediante presión mediática, desviando el foco de la defensa jurídica para instalar un relato de acoso y de cerco contra la prensa, además de rebajar el trabajo que realizan los fiscales del caso. Los agentes Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez están al frente de esta causa y ya son objeto de cuestionamientos a su labor.
Para los fiscales, cuando se examinan los hechos concretos, el banco aprobó dos fideicomisos el 11 de febrero de 2016 pese a que Leoz ya era considerado de alto riesgo; el monto investigado supera los 5 millones de dólares en efectivo y fideicomisos por USD 2 millones más G. 22.000 millones entre 2013 y 2016.
Es aquí donde la estrategia mediática adquiere dimensión corporativa: en lugar de presentar argumentos sólidos para desvirtuar la acusación, el diario del Grupo Zuccolillo multiplicó las tapas, notas de “hostigamiento”, notas “neutrales” con dirigentes opositores de línea cercana al medio y denuncias de que los organismos judiciales actúan como brazo del poder político.
Este recurso es tan viejo como el citado medio: el grupo editorial que dirige Natalia Zuccolillo ya empleó este juego de ser la “víctima” mediática cuando sus intereses económicos se ven cuestionados por instituciones del Estado.
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Sin escrúpulos
En ejemplos recientes, el diario ABC Color demostró que no tiene escrúpulos para transformar un aspecto al margen de la ley que involucre a alguna empresa integrante de su conglomerado para transformarse en perseguido. Ocurrió con el caso Biggie, cuando el cierre temporal le fue atribuido directamente al Gobierno de Peña y no a una severa falla en el control de productos vencidos que se comercializan en el local.
Asimismo, en el caso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el diario de los Zuccolillo atribuyó falsa e intencionalmente que la libertad de prensa estaba bajo riesgo en Paraguay, un dato que no figuraba en el informe conclusivo de la citada entidad, comprobándose la mala intención del medio.
Todo esto lleva a reflexiones sobre este tipo de ejercicio de la prensa libre: la libertad de prensa es un pilar esencial de la democracia, pero su enunciación se debilita cuando se usa como escudo corporativo, como ocurre en este caso. Cuando la ética periodística se convierte en defensa de intereses privados que son extraños al bien público, el periodismo deja de ser contrapoder para pasar a constituirse en instrumento de presión.
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