La Cámara de Diputados estudiará el proyecto de ley “Que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana” en su próxima sesión ordinaria del martes 4 de noviembre, a partir de las 9:00. Esta normativa de encuentra en su primer trámite constitucional. Esta iniciativa propone modernizar las herramientas de prevención del delito mediante el uso controlado de sistemas de grabación de imágenes y sonidos en espacios públicos.
Según la exposición de motivos, el proyecto surge ante la necesidad de regular el funcionamiento de las videocámaras que ya utilizan tanto la Policía Nacional a través del Sistema 911, como vecinos organizados y particulares. El texto establece que la instalación de cámaras fijas requerirá autorización previa de la Policía Nacional, basada en criterios de proporcionalidad y estudios de mapas de criminalidad.
Un aspecto central es la creación de consejos vecinales con autoridades reglamentadas, que colaborarán con la Policía Nacional mediante un observatorio permanente de seguridad ciudadana, pudiendo inclusive aportar equipamiento tecnológico. El proyecto contempla también el uso de videocámaras móviles en patrulleras y por los propios agentes durante sus intervenciones. Las grabaciones deberán destruirse al mes de su captación, salvo que estén vinculadas a infracciones graves, investigaciones policiales o procedimientos judiciales abiertos, según la propuesta.
El documento garantiza derechos fundamentales estableciendo que el público será informado sobre la existencia de cámaras, y las personas podrán ejercer el derecho de acceso y cancelación de las imágenes donde aparezcan. Además, dispone la inmediata entrega a la justicia de grabaciones que capten posibles ilícitos penales.
Enfatiza, finalmente, que la iniciativa no pretende modificar estructuras de poder, sino colaborar con equipamientos y regulación de plataformas tecnológicas que coadyuven la labor policial, con alta participación y control ciudadano, respetando las competencias de gobiernos departamentales y locales consagradas constitucionalmente.