Como muchas otras disciplinas la polí­tica tiene códigos no escritos que señalar más que los discursos. Uno de ellos es sencillo: saber perder. Y en ese terreno, el destituido exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto parece haber decidido hacer exac­tamente lo contrario.

Tras la cuestionada encuesta opositora –la que muchos cuestionan por ausencia de ejercicio democrático y que dio como ganadora a Sole­dad Núñez por sobre Johanna Ortega–, el exintendente esteño optó por el silencio selectivo: no hubo llamada de cortesía, no hubo foto de respaldo con la que emergió como la postulante, no hubo gesto alguno que ayudara a disimular el trago amargo.

Prieto se había volcado a dar su apoyo a la actual diputada de País Solidario, en una deci­sión que marcaba un distan­ciamiento con los actores de peso, como el Partido Libe­ral Radical Auténtico (PLRA) o del partido de los esposos Desirée Masi/Rafael Filiz­zola. Apenas una admisión telefónica de que el resul­tado fue “un revés”, como si la palabra alcanzara para pro­cesar lo que políticamente no se quiso acompañar.

En la contienda política electoral, los liderazgos se ponen a prueba cuando los guarismos son benévolos, pero se miden de verdad cuando las urnas –o las encuestas previamente acordadas entre los equipos políticos– determinan otro resultado. Es allí donde como mínimo el dirigente opositor del este del país debía mostrar cierta dignidad, porque en la derrota también hay dignidad, pues debía mostrar vocación por un proyecto colectivo y, al menos, una mínima cohe­rencia con el discurso de uni­dad que tantas veces declamó.

Pero todo lo contrario, la reacción del destituido por corrupción de la intenden­cia de Ciudad del Este pare­ció más cercana al gesto áspero y ruin del que se lleva la pelota a la casa porque tuvo una derrota en la cancha que al dirigente que entiende que las reglas del juego incluyen ganar y perder.

Es llamativo –no cabe dudas– que aquellos sectores que reclaman madurez demo­crática, consensos y cons­trucción de alternativas se derrumben en una parálisis o en un mutismo casi infan­til cuando el resultado no les favorece. La política no es un escenario hecho a medida de egos ni una competencia donde se valida solo el resul­tado propio. Siempre en el ámbito de “lo que debe ser”, la política comporta un ejerci­cio de responsabilidad frente a los ciudadanos que observan –no sin un creciente escepti­cismo justificado– estas con­ductas de aquella dirigencia que hoy se presenta como “diferente”.

Durante una conferencia de prensa realizada en la tarde de este domingo, miembros de la Alianza “Juntos por Asunción” confirmaron que la exministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), Soledad Núñez, es la candidata de la oposición para las elecciones municipales a realizarse el próximo 4 de octubre.

La puja fue precisamente entre Núñez, quien contó con el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Cruzada Nacional y el Partido Democrático Progresista, entre otros y Johanna Ortega, esta última contó con el respaldo de Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este y líder del movimiento “Yo Creo”, destituido por varias irregularidades durante su gestión y quien se encuentra además imputado por el Ministerio Público.

La encuesta en la que finalmente se definió la candidatura de Núñez se llevó a cabo entre ayer sábado y hoy, domingo 22 de febrero en la capital del país.

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“Hoy ganó el proyecto de la unidad por la Asunción que nos merecemos y esta tarde Johanna y yo nos abrazamos para continuar trabajando por esta ciudad que tanto anhelamos. Representamos a una nueva política y estamos convencidos de que este será el inicio de un nuevo capítulo para Asunción”, manifestó Núñez durante la conferencia.

Fueron dos días de encuestas realizadas en la ciudad de Asunción. Hasta las 14:00 de este domingo se desarrolló la segunda jornada establecida por la alianza “Unidos por Asunción”.

Con estos sondeos realizados a 1008 personas, se buscaba definir la candidatura única para la Intendencia capitalina entre la diputada Johanna Ortega y la exministra Soledad Núñez, rumbo a las elecciones municipales del 4 de octubre.

El acuerdo en cuestión fue firmado por ambas aspirantes en noviembre pasado, por lo cual, la mejor posicionada en las encuestas sería la designada como la candidata para las elecciones municipales.

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Convertir la casa natal de Adolf Hitler en una comisaría de policía ha despertado sentimientos encontrados en su pueblo de Austria. “Es una espada de doble filo”, afirma Sibylle Treiblmaier delante de la vivienda, en la localidad de Braunau am Inn, en la frontera con Alemania.

Aunque el proyecto podría servir para evitar que los extremistas de ultraderecha se concentren allí, se le podría haber dado “un uso mejor a la casa” o hacer algo “diferente”, dice a AFP esta auxiliar de oficina de 53 años.

El gobierno quiere “neutralizar” ese lugar y en 2016 aprobó una ley para hacerse con el control del destartalado edificio, que estaba en manos privadas. Austria, anexionada por la Alemania de Hitler en 1938, ha sido muy criticada por no haber asumido totalmente su responsabilidad en el Holocausto, en el que fueron exterminados seis millones de judíos europeos.

El año pasado, se cambió el nombre a dos calles de Braunau am Inn que conmemoraban a nazis, algo que grupos de activistas llevaban años reclamando.

La casa en la que Hitler nació el 20 de abril de 1889 y donde residió durante un corto periodo, en sus primeros años de vida, se ubica en el centro de la ciudad, en una estrecha calle llena de tiendas. Delante hay una piedra con la inscripción: “Por la paz, la libertad y la democracia. Fascismo nunca más. Nos lo advierten millones de muertos”.

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Periodistas de la AFP visitaron el lugar esta semana, y vieron a una cuadrilla de obreros dando los últimos toques a la fachada, renovada. Según el Ministerio del Interior, la comisaría debería estar operativa “en el segundo trimestre de 2026”.

Pero para Ludwig Laher, miembro del Comité Mauthausen Austria que representa a las víctimas del Holocausto, “una comisaría de policía es problemática porque la policía (...) está obligada, en todos los sistemas políticos, a proteger lo que el Estado quiera”.

Otra idea que se planteó, la de hacer de esa casa un lugar donde la gente pudiera reunirse para hablar sobre cómo fomentar la paz había “recibido mucho apoyo”, dijo a la AFP.

Para Jasmin Stadler, dueña de una tienda, hubiera sido interesante poner la casa natal de Hitler en un “contexto histórico”, ofreciendo más datos sobre la vivienda. La mujer, de 34 años y oriunda de Braunau, también criticó el costo de la renovación, de 20 millones de euros (unos 23,5 millones de dólares).

Pero también los hay que están a favor de que la casa se haya rediseñado. Años atrás, el Ministerio del Interior la tenía alquilada y albergaba un centro para personas con discapacidad, hasta que, con el tiempo, cayó en abandono.

Wolfgang Leithner, ingeniero eléctrico de 57 años, se mostró esperanzado en que el proyecto “traiga algo de tranquilidad” al lugar y consiga evitar que la vivienda se convierta en un lugar de peregrinación de ultraderechistas.

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“Tiene sentido que se use el edificio y que se dé a la policía, a las autoridades públicas”, señaló. La AFP intentó hablar con la oficina del alcalde, conservador, pero ésta declinó hacer comentarios. El debate sobre cómo abordar la historia del Holocausto no es nuevo en Austria, resurge cada cierto tiempo.

Durante el mandato de los nazis, cerca de 65.000 judíos austriacos fueron asesinados y unos 130.000 se vieron forzados al exilio. El Partido de la Libertad (FPÖ), de extrema derecha y fundado por exnazis, lidera actualmente los sondeos. En 2024, por primera vez, fue el más votado en las elecciones legislativas, pero no logró formar gobierno.

Fuente: AFP

El juez penal de garan­tías de Delitos Eco­nómicos, Humberto Otazú, convoca al exinten­dente de Ciudad del Este Miguel Prieto a audiencia preliminar para los días 4 y 5 de marzo en el marco del caso conocido como Tajy. El líder del Partido Yo Creo se encuentra imputado por lesión de confianza, asocia­ción criminal y administra­ción en provecho propio.

El Juzgado de Garantías resolverá en la audiencia si eleva o no la causa a jui­cio oral y público. La cita­ción para llevar adelante la diligencia es bajo apercibi­miento de aplicar sancio­nes, teniendo en cuenta que la audiencia fue suspendida en varias ocasiones debido a recusaciones y otros plan­teamientos que luego fueron rechazados.

El Ministerio Público refiere que el 11 de junio de 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy, por mercaderías que no fue­ron entregadas, constituyén­dose en un hecho de corrup­ción y perjuicio a las arcas del municipio.