El Senado argentino convirtió en ley el viernes una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que el gobierno festejó como “un acto de justicia hacia la sociedad”.

El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado. Modifica el sistema penal juvenil que data de 1980.

“Quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”, publicó en X la Presidencia minutos después de la votación.

Argentina mantenía la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).

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Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.

“Venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa, la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema”, dijo la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, principal promotora del proyecto.

Legisladores opositores denunciaron que el oficialismo aceleró el tratamiento en comisiones pese a que la mayoría de los expertos convocados se pronunciaron en contra, y advirtieron que los plazos para adecuar las instalaciones de detención y el presupuesto previsto resultan insuficientes.

“Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, que incluya educación, resocialización”, dijo el senador Martín Soria (peronismo, oposición), que votó en contra de la nueva ley. “Del lado de enfrente únicamente la respuesta es penal”, añadió.

El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.

La sanción de la nueva ley se produjo en una jornada en la que el Senado se apresta a ratificar la reforma laboral, que también impulsa Milei.

Fuente: AFP

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El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando De Barros, participó del Encuentro Empresarial Internacional realizado en el marco de la Expo Canindeyú, donde se debatieron oportunidades de crecimiento productivo con énfasis en inversiones sostenibles y seguridad jurídica.

El evento reunió a autoridades nacionales, empresarios e inversionistas interesados en conocer el marco normativo y las condiciones que ofrece Paraguay para la instalación de nuevos proyectos.

Durante la jornada se analizaron herramientas clave como la ley de maquila, la ley 6090 de incentivos a la inversión, la ley de mipymes y aspectos vinculados a inmigración y habilitación de empresas.

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Desde el Ministerio del Ambiente se destacó que el país avanza en la simplificación de procesos administrativos y en la reducción de trámites, con el objetivo de facilitar la llegada de capitales sin descuidar el cumplimiento de las normativas ambientales.

El ministro señaló que el Gobierno impulsa una política orientada a agilizar procedimientos y brindar mayores garantías a los inversionistas, posicionando a Paraguay como un destino competitivo en la región.

El enfoque, según explicó, apunta a consolidar un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico con sostenibilidad. Esto implica que los proyectos productivos que se instalen en el país deberán cumplir estándares ambientales, pero al mismo tiempo contar con un Estado que acompañe y dé previsibilidad.

En un contexto donde la inversión extranjera busca mercados con estabilidad macroeconómica y reglas claras, la articulación entre sector público y privado se vuelve estratégica.

La Expo Canindeyú se convirtió en un espacio de diálogo para mostrar las ventajas comparativas del país: energía competitiva, régimen de incentivos, costos operativos atractivos y un marco legal en proceso de modernización.

La participación del Mades en este tipo de encuentros refuerza la idea de que la agenda ambiental no está separada de la agenda económica. Por el contrario, el desafío es integrar ambas dimensiones para atraer inversiones responsables, generar empleo formal y fortalecer el desarrollo regional.

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El senador Natalicio Chase se refirió al decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, por el cual “dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna y define su ámbito territorial en la Región Oriental”. Para el legislador, será una herramienta para la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia.

“Yo le tengo más miedo al crimen organizado y al terrorismo que exista un abuso de poder. Las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir una función específica de acuerdo a lo que dice el decreto y va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, señaló en conversación con los medios de prensa en el Senado.

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Indicó que el Ejecutivo tomó esta decisión por hechos que ocurrieron últimamente. “Existen nuevos secuestros, existen informes de inteligencia que habrá tenido en cuenta el Poder Ejecutivo, nosotros en particular no tenemos los detalles de los análisis que han hecho el sistema de seguridad del país”, apuntó.

Por otra parte, sobre las críticas de algunos sectores, principalmente de opositores, que señalan que el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) requiere de mucho presupuesto y poco resultado, respondió que la FTC es responsable de detener el avance de los grupos criminales como el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), Ejercito del Mariscal López (EML), y otros.

“Creo que los grupos narcoterroristas, porque así funcionan estos grupos, han casi desaparecido y ese es un logro, principalmente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, y la Fuerza de Tarea Conjunta, es decir, sí ha habido resultados a diferencia de momentos anteriores cuando el EPP, el grupo Mariscal López y todos estos grupos armados tenían un dominio que no tenía alcance la fuerza de seguridad”, sentenció.

Con relación al decreto, refirió que probablemente al inicio de las actividades parlamentarias, la próxima semana, el Ejecutivo podría remitir el documento al Congreso para su debate.

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Ante la suspensión de extracción de agua del río Tebicuary para la producción de arroz por la bajante del nivel del río hasta nuevo aviso, desde la Federación de Productores de Arroz (Feparroz) mencionaron que la medida debería precisarse, ya que no es justo que se hable solamente de los arroceros, cuando el uso del recurso hídrico involucra a diversos actores y actividades productivas.

Ignacio Heisecke, presidente del gremio, mencionó que cada año se produce el efecto de sequía que coincide con la producción arrocera. Además, en los últimos años la gran mayoría de los productores ha realizado importantes inversiones para adecuarse a las regulaciones vigentes.

“El Ministerio del Ambiente a través de sus diferentes ministros viene trabajando con los actores principales de la zona del Tebicuary. No es justo que hablen de los arroceros, deben precisar”, explicó al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.

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El presidente de la Feparroz señaló que el sector viene acompañando el cuidado del río para no producir daños en los afluentes y acatando las reglas del Mades, por lo que el productor se encuentra en pleno conocimiento de las mismas. “El productor sabe que tiene que estar monitoreando”, argumentó.

El 23 de febrero el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) informó que conforme a los registros hidrométricos actualizados la cuenca del río Tebicuary se hallaba en estado de cese de bombeo en ambos puntos oficiales de control.

En este contexto, solicitó a los productores de arroz que suspendan de forma inmediata las extracciones de agua superficial del cauce principal y sus afluentes, hasta nuevo aviso. “El Mades proseguirá con las fiscalizaciones y el monitoreo en la cuenca, a fin de verificar el cumplimiento de esta disposición y resguardar el recurso hídrico”, mencionó la institución a través de un comunicado.

“Actualmente se observa una fluctuación constante de los niveles en la cuenca, por lo que se continuará comunicando de manera oficial y periódica el comportamiento hidrométrico”, agregó la institución.

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