La jueza Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Graciela Elizabeth Ledesma Samaniego, candidata a concejal de Villa Elisa por el PLRA, aprehendida durante el fin de semana en el marco de una operación contra el tráfico internacional de armas en operativo Andina II.
Asimismo, la magistrada decretó la prisión de otros imputados identificados como Ramón Rodríguez Ojeda (46), José Sixto Benítez Fernández (37), William Alberto Rodas Cáceres (32), quienes son investigados de liderar una banda dedicada al tráfico de armas.
Los detenidos fueron imputados por los hechos punibles de tráfico ilícito de armas y asociación criminal. Los fiscales del caso son Carlos Cardozo Pereira y Juan Ramón Sandoval, quienes ante la gravedad del hecho pidieron la prisión preventiva de los detenidos.
Una de las detenidas, Graciela Ledesma Samaniego, es actual precandidata a concejal de la ciudad de Villa Elisa por el movimiento “Nuevo Liberalismo”, encabezado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. Esta conocida política liberal trabajó en la Municipalidad de Villa Elisa antes de ingresar al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), de donde volvió a ser comisionada a la Gobernación de Central, dentro de la Comisión de Equidad y Género.
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Internas del PLRA: el TEI amplía fechas para oficializar candidaturas
El presidente del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal Radical Auténtico, Gustavo Bernal, confirmó que este tribunal partidario resolvió adecuar y ampliar parcialmente los plazos del Cronograma Electoral, con miras a las elecciones internas previstas para el próximo 7 de junio. Es así que resolvió extender el plazo para la oficialización de las candidaturas municipales para el próximo lunes 2 de marzo y partidarias para el 11 de marzo.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el abogado Bernal, explicó que hasta el momento recibieron más de 37.000 postulaciones para los diferentes cargos de autoridades partidarias, intendencias y concejalías, tanto a nivel nacional como en el exterior.
Al respecto, explicó que en el TEI del PLRA estableció como fecha para la oficialización de las candidaturas el 26 de febrero; si bien el Tribunal Superior de Justicia Electoral puso como fecha tope para todas las nucleaciones políticas la fecha 2 de marzo para la oficialización de todas las precandidaturas.
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“Normalmente, nosotros solemos poner unas fechas anteriores a esa fecha tope establecida por el TSJE, ante la eventualidad de que pueda existir algún problema a fin de que pueda ser subsanado. Entonces, como se presentaron más de 37 mil inscripciones de candidaturas a nivel país y exterior, es un volumen bastante grande de documentaciones a ser analizados”, explicó.
Mencionó que para los controles de dichos documentos, se requiere de mayor tiempo, ya que en el proceso también se reciben impugnaciones, incidentes planteados durante el proceso que se pone de manifiesto las candidaturas, ya sean en los diferentes cargos y de los diferentes movimientos.
“Son muchas documentaciones que tenemos que ver y controlar, entonces en virtud de la misma hemos ampliado el plazo para la oficialización de las candidaturas hasta el próximo lunes 2 de marzo, con respecto a los cargos municipales, intendencias y concejalías. Mientras que para los cargos partidarios, que es exclusivo en las internas del PLRA, hemos decidido extender el plazo hasta el 11 de marzo”, precisó.
Remarcó que el motivo principal de esta variación de las fechas de oficialización de las candidaturas obedece principalmente al gran volumen de postulaciones que se han presentado con sus respectivas documentaciones, a nivel país y exterior. Tanto para cargos municipales, que son las precandidaturas a la intendencia, como concejalías. Además de las postulaciones a cargos partidarios tanto en los comicios de mayores como en las juveniles.
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Operaciones de defensa interna: “Va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, asegura Chase
El senador Natalicio Chase se refirió al decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, por el cual “dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna y define su ámbito territorial en la Región Oriental”. Para el legislador, será una herramienta para la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia.
“Yo le tengo más miedo al crimen organizado y al terrorismo que exista un abuso de poder. Las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir una función específica de acuerdo a lo que dice el decreto y va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, señaló en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Indicó que el Ejecutivo tomó esta decisión por hechos que ocurrieron últimamente. “Existen nuevos secuestros, existen informes de inteligencia que habrá tenido en cuenta el Poder Ejecutivo, nosotros en particular no tenemos los detalles de los análisis que han hecho el sistema de seguridad del país”, apuntó.
Por otra parte, sobre las críticas de algunos sectores, principalmente de opositores, que señalan que el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) requiere de mucho presupuesto y poco resultado, respondió que la FTC es responsable de detener el avance de los grupos criminales como el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), Ejercito del Mariscal López (EML), y otros.
“Creo que los grupos narcoterroristas, porque así funcionan estos grupos, han casi desaparecido y ese es un logro, principalmente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, y la Fuerza de Tarea Conjunta, es decir, sí ha habido resultados a diferencia de momentos anteriores cuando el EPP, el grupo Mariscal López y todos estos grupos armados tenían un dominio que no tenía alcance la fuerza de seguridad”, sentenció.
Con relación al decreto, refirió que probablemente al inicio de las actividades parlamentarias, la próxima semana, el Ejecutivo podría remitir el documento al Congreso para su debate.
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Decreto que permite apoyo militar en seguridad interna es constitucional, afirma exministra
La exministra de Defensa, María Liz García, afirmó que el decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es legal y legítimo dentro del marco constitucional.
En una entrevista radial, en la 780 AM, indicó que ante situaciones de extrema gravedad en las que el sistema de seguridad interna resulte insuficiente, el mandatario puede disponer el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para apoyar tareas de seguridad.
En ese sentido, destacó que uno de los aspectos más importantes del decreto es que el despliegue militar debe realizarse en un área territorial claramente delimitada y por el tiempo estrictamente necesario. Posteriormente, añadió, la Policía Nacional debe retomar el control exclusivo de la situación una vez superada la contingencia.
“Puedo decir que el decreto está conteste a esta Ley 5036 del año 2013, y un decreto del Poder Ejecutivo, en aquel entonces, el decreto 103; cuando yo en aquel tiempo estaba todavía en ejercicio ministerial; se había modificado la Ley 1337, de Defensa Nacional y Seguridad Interna”, recordó.
Explicó que hasta aquel momento, para poder movilizar a las tropas militares, el presidente de la República, que es el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, no podía hacerlo si no era con pedido y autorización del Poder Legislativo.
La exministra García señaló que debido a las difíciles situaciones que se estaban generando, en diferentes países y también en Paraguay, con la presencia del EPP se vio que ya era insuficiente esa capacidad de reacción para poder tomar medidas correctivas, en situaciones que comprometía la vida, la liberdad, los derechos de las personas y la defensa nacional.
Señaló que con la modificación que se realizó vía decreto en el 2013, permitió al presidente de la República y comandante en Jefe en ejercicio, hacer frente a situaciones como ser un Estado de excepción, aclarando que no es nuestra condición actual, o frente a situaciones de extrema gravedad en el que el sistema de seguridad interna resulte insuficiente insisto.
Por tanto, señaló que esta modificación de la ley permitió al presidente Peña decidir el empleo de los elementos de combate de las Fuerzas Armadas, pero de manera transitoria; hasta que la Policía Nacional o en su efecto la Prefectura General Naval, puedan estar nuevamente en condiciones de hacerse cargo por sí solos de esa situación.
“Este es el documento que le ampara a esta disposición y decreto 5524 del 24 de febrero del 2026, que fue lo que dispuso el presidente de la República y comandante en jefe Santiago Peña. Absolutamente no tiene nada irregular el documento firmado, así hasta el momento lo dispuesto, yo me refirí a lo que dice con claridad el artículo 56, específicamente de la Ley 5036. En cuanto a esta disposición del presidente Peña, es legal y es legítima, siempre y cuando no se salga de lo estrictamente dispuesto”, sentenció.
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Ejecutivo ordena fuerte despliegue de la FTC en la Región Oriental
El presidente de la República, Santiago Peña, ordenó, mediante decreto, la ampliación del área de operaciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en aquellos territorios donde pudieran detectarse eventuales amenazas contra la seguridad y la soberanía del país.
El decreto presidencial lleva el número 5.554 y se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental. Esto, incluyendo ríos nacionales, fronterizos e internos a fin de garantizar la seguridad interna.
En el considerando del decreto se menciona que el almirante (R) Cíbar Benítez Cáceres, en su carácter de ministro secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), presentó una nota para informar sobre la presencia de miembros de agrupaciones ilegales en diversas zonas de la Región Oriental.
Estas organizaciones están vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos, quienes estarían aprovechando la ausencia de militares y policías en la región para sus incursiones y hacer sus operaciones ilegales.
Es de recordar que el lunes pasado, se realizó una reunión extraordinaria del Codena encabezada por el presidente Santiago Peña, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en donde se adoptó esta importante determinación luego de los últimos episodios vinculados a la seguridad interna.
Hoy miércoles, el mandatario se trasladó hasta el Centro de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instalada en el departamento de Concepción, donde mantuvo una reunión con los altos mandos militares, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter.
El ministro del Interior, Enrique Riera, también había confirmado que la Policía Nacional trabajará de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, a través del Departamento Antisecuestro y el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), respectivamente.
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