El presidente Santiago Peña solicitó a la Contraloría General de la República (CGR), la revisión integral de su patrimonio, el 16 de octubre, que avanza con el pedido de informes a varios entes, después de que el mandatario haya presentado su segunda declaración jurada.
Esta exigencia está establecida por ley a fin de informar al final de su mandato (agosto de 2028); mientras que el examen de correspondencia de bienes de Mario Abdo Benítez sigue sin poder concluirse, hace dos años.
Dicho examen surgió debido a inconsistencias por utilidades de sus empresas de asfalto por valor de USD 44 millones, no declaradas y destinadas a reservas operativas. Además, la prensa argentina denunció en julio pasado que el exmandatario ocultaría USD 21 millones en cuentas offshore de Seychelles.
“Sí, ya se ha iniciado formalmente el proceso de elaboración del examen de correspondencia patrimonial (de Santiago Peña) y para ello ya se han solicitado los informes pertinentes a las instituciones competentes, ya sea públicas y privadas conformes al marco legal que regula la verificación patrimonial y que generalmente se utiliza en la Contraloría para la elaboración del dictamen de correspondencia", dijo Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de la Contraloría, este jueves, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El pedido del jefe de Estado al órgano extrapoder surgió a partir de la denuncia penal patrocinada por la exsenadora Kattya González y Felino Amarilla, basándose en el montaje mediático del grupo de medios de Abc Color sobre conjeturas sacadas de la intimidad de la familia presidencial por una exempleada destituida por la pérdida de confianza, tras corroborarse amenazas directas a la seguridad del mandatario.
Lea también: Nueva ministra potenciará el empoderamiento económico y político de la mujer
La denuncia fue presentada con firmas de los legisladores de la oposición: Johanna Ortega, Raúl Benítez, Leidy Galeano, Adrián “Billy” Vaesken, Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Rubén Velázquez. Otra denuncia similar fue presentada por Guillermo Ferreiro y Esther Roa, con firma del exsenador Pedro Santa Cruz, entre otros.
“La conclusión del examen de correspondencia puede ir de 2 a 6 meses, pero dependemos de otras instituciones para que podamos acceder nosotros a las documentaciones. Hay que reconocer que la Contraloría cuenta únicamente con la declaración jurada por el funcionario público, pero sin embargo dicha declaración constituye apenas un punto de partida para el análisis técnico patrimonial, indicó Torres.
Detalló que para realizar un cotejo exhaustivo y efectivo necesitamos de otras documentaciones oficiales que obran por ejemplo en Registros Públicos, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), casas de bolsa y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). “Sin esos documentos no podemos cerrar el análisis”, comentó el funcionario del órgano extrapoder.
Con relación al examen de correspondencia a las declaraciones juradas de Abdo Benítez, el director manifestó que “no podemos culminar porque vimos algunos puntos llamativos dentro del proceso que la DNIT no nos pudo responder y nos dijo que necesitaba el apoyo de otras instituciones como el Ministerio Público y la Seprelad”.
Torres siguió comentando que “nosotros habíamos consultado a la DNIT si correspondían las ganancias de las empresas de Abdo Benítez con la facturaciones, esas profundizaciones le pedimos a la DNIT, pero cuando ellos nos comunicaron pidieron el apoyo de dichas instituciones porque el presidente era el accionista mayoritario, pero existen otros accionistas”.
Finalmente, Torres señaló que esta traba se encuentra siendo analizada por el contralor y que tomará en los próximos días una posición definida sobre la existencia o no de correspondencia en la declaraciones juradas del líder del movimiento Colorado Añetete.
Te puede interesar: González Vaesken se compromete por la educación al recibir apoyo de docentes